Durante una década entera, nueve empresas en cabeza de 16 personas naturales estuvieron haciéndoles trampa a los recursos públicos de Bogotá y en particular a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Esa es la terrible conclusión a la que acaba de llegar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que les impuso una multa de $28.434 millones por haberse cartelizado para burlar las normas de contratación estatal. Los detalles de este caso demuestran la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de choque contra las prácticas que afectan la libre competencia y que se acercan de manera peligrosa a la corrupción.
El objetivo de los 19 procesos de selección contractual que se vieron afectados era dotar de refrigerios escolares a los 700.000 estudiantes de colegios públicos de Bogotá. La estrategia utilizada por el cartel era decidir de qué formas presentarse a las licitaciones, de tal manera que nunca pudiera gastarse menos del tope máximo dispuesto por la Secretaría de Educación. Como en la práctica no había libre competencia, los oferentes presentaron propuestas económicas similares y, sobre todo, elevadas. Los sobrecostos al sistema educativo distrital, entonces, se normalizaron.
Como le explicó Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, a Mañanas Blu, “cuando querían influir en el precio, creaban una asociación por medio de la cual presentaban tutelas, quejas y denuncias con el fin de torpedear o dañar el proceso a la Secretaría de Educación Distrital; entonces se cartelizaban para lograr el mayor precio posible, de manera que no hubiera ningún ahorro y, por supuesto, que no hubiera real competencia, sino una apariencia de competencia en los procesos”.
Todo esto lo hacían a través de la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval), que se encargó de coordinar la logística criminal para que el 75 % de las zonas escolares tuvieran un único oferente. Como dice el comunicado de la SIC: “Las empresas sancionadas utilizaron como vehículo de coordinación a Asoproval, con la finalidad de mantener la estructura ilícita del acuerdo frente a los cambios de la entidad contratante, y así evitar que la estructura de los procesos se modificara en perjuicio de sus intereses”.
Se trata, ante todo, de un comportamiento mezquino. También es una muestra de cómo ni siquiera las mejores prácticas de contratación pública pueden prevenir que los privados se asocien para hacerle trampa al sistema. La Secretaría de Educación de los distintos gobiernos distritales se encontraba atada de manos ante la ausencia de oferentes, lo que hacía exitosa la estrategia de cartelización. Solo hasta que en 2015 hubo una denuncia anónima y en 2017 se presentó una denuncia oficial se pudieron adelantar las investigaciones.
La labor de la SIC en estos años contra los distintos carteles ha intentado ser saboteada, pero sigue dando muy buenos resultados. Necesitamos fortalecer su autoridad e independencia para que siga castigando a quienes incumplen los principios de la libre competencia. Ante tanta trampa, el Estado debe tener herramientas de investigación y sanción eficaces.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Durante una década entera, nueve empresas en cabeza de 16 personas naturales estuvieron haciéndoles trampa a los recursos públicos de Bogotá y en particular a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Esa es la terrible conclusión a la que acaba de llegar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que les impuso una multa de $28.434 millones por haberse cartelizado para burlar las normas de contratación estatal. Los detalles de este caso demuestran la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de choque contra las prácticas que afectan la libre competencia y que se acercan de manera peligrosa a la corrupción.
El objetivo de los 19 procesos de selección contractual que se vieron afectados era dotar de refrigerios escolares a los 700.000 estudiantes de colegios públicos de Bogotá. La estrategia utilizada por el cartel era decidir de qué formas presentarse a las licitaciones, de tal manera que nunca pudiera gastarse menos del tope máximo dispuesto por la Secretaría de Educación. Como en la práctica no había libre competencia, los oferentes presentaron propuestas económicas similares y, sobre todo, elevadas. Los sobrecostos al sistema educativo distrital, entonces, se normalizaron.
Como le explicó Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, a Mañanas Blu, “cuando querían influir en el precio, creaban una asociación por medio de la cual presentaban tutelas, quejas y denuncias con el fin de torpedear o dañar el proceso a la Secretaría de Educación Distrital; entonces se cartelizaban para lograr el mayor precio posible, de manera que no hubiera ningún ahorro y, por supuesto, que no hubiera real competencia, sino una apariencia de competencia en los procesos”.
Todo esto lo hacían a través de la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval), que se encargó de coordinar la logística criminal para que el 75 % de las zonas escolares tuvieran un único oferente. Como dice el comunicado de la SIC: “Las empresas sancionadas utilizaron como vehículo de coordinación a Asoproval, con la finalidad de mantener la estructura ilícita del acuerdo frente a los cambios de la entidad contratante, y así evitar que la estructura de los procesos se modificara en perjuicio de sus intereses”.
Se trata, ante todo, de un comportamiento mezquino. También es una muestra de cómo ni siquiera las mejores prácticas de contratación pública pueden prevenir que los privados se asocien para hacerle trampa al sistema. La Secretaría de Educación de los distintos gobiernos distritales se encontraba atada de manos ante la ausencia de oferentes, lo que hacía exitosa la estrategia de cartelización. Solo hasta que en 2015 hubo una denuncia anónima y en 2017 se presentó una denuncia oficial se pudieron adelantar las investigaciones.
La labor de la SIC en estos años contra los distintos carteles ha intentado ser saboteada, pero sigue dando muy buenos resultados. Necesitamos fortalecer su autoridad e independencia para que siga castigando a quienes incumplen los principios de la libre competencia. Ante tanta trampa, el Estado debe tener herramientas de investigación y sanción eficaces.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.