Un país sin respuestas ante el horror vuelve a su grito facilista: ¡cadena perpetua contra violadores y asesinos de niñas y niños! Ante la incapacidad de la justicia, la venganza estatal es la única forma. No importa que las penas existentes ya sean tan severas que en la práctica implican una cadena perpetua; no sirven los estudios de la academia colombiana rogando por mejores discusiones en torno a la política criminal. No, aquí los políticos solo saben del populismo más ruin para responder a las tragedias. Con un resultado terrible: las niñas y los niños siguen siendo víctimas.
La tragedia de Sofía Delgado, niña de apenas 12 años asesinada, nos deja sin aliento. Con un agravante, como si hiciera falta: su caso no es aislado. No es la primera vez que el país ve la atrocidad a los ojos y se encuentra sin respuestas. Pasó con Yuliana Samboní y pasa todos los años con cientos de casos que quedan en la impunidad. Por eso, porque no es la primera vez ni será la última, es tan frustrante que las fuerzas políticas salgan a prometer el cielo y la tierra a punta del populismo punitivo. Ya se habló de un referendo por la cadena perpetua, ya se empezó a deslegitimar las propuestas de reforma a la justicia que viene trabajando el Gobierno de Gustavo Petro, pero todo lo hacen con un facilismo ofensivo. Si las penas severas sirvieran para prevenir el crimen, ya lo habrían hecho, en una Colombia que tiene un Código Penal vengativo.
Nos explicamos: que volvamos a hablar de cadena perpetua es frustrante porque secuestra el debate público. Toda la atención se va sobre el ruido populista de aumentar penas, cuando lo que necesitamos es evidente. El caso de Sofía Delgado lo muestra con claridad.
Brayan Campo Pillimue, confeso agresor, había sido procesado en 2018 por una violación, pero quedó en libertad. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó por qué ocurrió eso: “Si no están las pruebas debidamente recaudadas, el juez tiene que decir que tiene que absolver”. Ahí está la raíz del problema. Por eso las cifras de impunidad son abrumadoras. El sistema penitenciario está colapsado, el sistema judicial no tiene las herramientas para procesar los casos tampoco, y de por medio hay unos funcionarios de Fiscalía y Procuraduría que no pueden hacer su trabajo en medio de la falta de financiación. ¿De qué sirve tener penas altísimas si nadie sale condenado? De nada, pero eso no lo cuentan los políticos que salieron a hacer campaña con la tragedia.
A la ministra Buitrago le han criticado, por ejemplo, la propuesta de reducir (un poco) las penas de los agresores de niños que confiesen. Han dicho que cómo se le ocurre, pero ignoran que con eso lo que se busca es que haya más condenas, que gente como Campo pague por lo que hizo. Es un incentivo razonable basado en la realidad del sistema.
Colombia necesita estar en capacidad de dar debates maduros y complejos ante problemas tan dolorosos. Delgado no debería estar muerta. Ninguno de los niños y niñas que mueren o son víctimas en nuestro país deberían ser desprotegidos. Por eso necesitamos acciones eficientes, no discursos que suenan bien en redes sociales, pero no logran absolutamente nada.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Un país sin respuestas ante el horror vuelve a su grito facilista: ¡cadena perpetua contra violadores y asesinos de niñas y niños! Ante la incapacidad de la justicia, la venganza estatal es la única forma. No importa que las penas existentes ya sean tan severas que en la práctica implican una cadena perpetua; no sirven los estudios de la academia colombiana rogando por mejores discusiones en torno a la política criminal. No, aquí los políticos solo saben del populismo más ruin para responder a las tragedias. Con un resultado terrible: las niñas y los niños siguen siendo víctimas.
La tragedia de Sofía Delgado, niña de apenas 12 años asesinada, nos deja sin aliento. Con un agravante, como si hiciera falta: su caso no es aislado. No es la primera vez que el país ve la atrocidad a los ojos y se encuentra sin respuestas. Pasó con Yuliana Samboní y pasa todos los años con cientos de casos que quedan en la impunidad. Por eso, porque no es la primera vez ni será la última, es tan frustrante que las fuerzas políticas salgan a prometer el cielo y la tierra a punta del populismo punitivo. Ya se habló de un referendo por la cadena perpetua, ya se empezó a deslegitimar las propuestas de reforma a la justicia que viene trabajando el Gobierno de Gustavo Petro, pero todo lo hacen con un facilismo ofensivo. Si las penas severas sirvieran para prevenir el crimen, ya lo habrían hecho, en una Colombia que tiene un Código Penal vengativo.
Nos explicamos: que volvamos a hablar de cadena perpetua es frustrante porque secuestra el debate público. Toda la atención se va sobre el ruido populista de aumentar penas, cuando lo que necesitamos es evidente. El caso de Sofía Delgado lo muestra con claridad.
Brayan Campo Pillimue, confeso agresor, había sido procesado en 2018 por una violación, pero quedó en libertad. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó por qué ocurrió eso: “Si no están las pruebas debidamente recaudadas, el juez tiene que decir que tiene que absolver”. Ahí está la raíz del problema. Por eso las cifras de impunidad son abrumadoras. El sistema penitenciario está colapsado, el sistema judicial no tiene las herramientas para procesar los casos tampoco, y de por medio hay unos funcionarios de Fiscalía y Procuraduría que no pueden hacer su trabajo en medio de la falta de financiación. ¿De qué sirve tener penas altísimas si nadie sale condenado? De nada, pero eso no lo cuentan los políticos que salieron a hacer campaña con la tragedia.
A la ministra Buitrago le han criticado, por ejemplo, la propuesta de reducir (un poco) las penas de los agresores de niños que confiesen. Han dicho que cómo se le ocurre, pero ignoran que con eso lo que se busca es que haya más condenas, que gente como Campo pague por lo que hizo. Es un incentivo razonable basado en la realidad del sistema.
Colombia necesita estar en capacidad de dar debates maduros y complejos ante problemas tan dolorosos. Delgado no debería estar muerta. Ninguno de los niños y niñas que mueren o son víctimas en nuestro país deberían ser desprotegidos. Por eso necesitamos acciones eficientes, no discursos que suenan bien en redes sociales, pero no logran absolutamente nada.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.