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Se apresuran y se equivocan los miembros de la oposición colombiana que están pidiendo la renuncia y el enjuiciamiento del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Las noticias que llegan desde Guatemala sobre la apertura de una investigación en contra del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro deben ser leídas con prudencia y, ante todo, entendiendo el contexto en el que se producen. A Velásquez lo vetaron de volver a Guatemala porque hizo tan bien su trabajo anticorrupción, que llegó incluso a solicitar un juicio contra el entonces presidente Jimmy Morales. Desde que su labor se detuvo, Guatemala se ha sumergido en una destrucción de las instituciones y tiene un gobierno plagado de escándalos de corrupción. Eso es suficiente para entender por qué ahora se investiga al jurista colombiano.
El lunes, la Fiscalía de Guatemala dijo que está investigando a Velásquez por tener supuestos nexos con Odebrecht cuando era la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas (ONU). Según Rafael Curruchiche, el fiscal de Guatemala, Velásquez habría llegado a acuerdos “anómalos” de colaboración con los brasileños, lo que llevó a falsos testimonios y una supuesta alianza. Dijo, de manera rimbombante en entrevista con La FM, que “acá no hay nadie por encima de la ley”. Pero la historia es mucho más complicada.
Los acuerdos “anómalos” que consiguió la Cicig con Odebrecht, como contamos en El Espectador, “determinaron que el exministro de Comunicaciones de Guatemala Alejandro Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con los directivos a cambio de adjudicar contratos de construcción de carreteras, que terminaron beneficiando al excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón”. Gracias a la labor de Velásquez, Guatemala no solo conoció la verdad, sino que recuperó millonarios recursos que se habían dado en sobornos. Ahora el fiscal Curruchiche echó eso para atrás. ¿Dónde está el delito del ahora ministro de Defensa colombiano?
Curruchiche, en cambio, sí fue sancionado por Estados Unidos por “obstruir investigaciones de actos de corrupción”. Resulta que el fiscal ha sido pieza del gobierno de Alejandro Giammattei, quien en palabras del más reciente informe de Human Rights Watch, se ha encargado de “profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada” dentro de Guatemala. Como dijo el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier: “Esto no es sobre Iván Velásquez, es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los derechos humanos”.
Entonces, la oposición al Gobierno colombiano debería ser mucho más rigurosa con sus críticas. Se trata de una amenaza internacional contra un representante del Estado colombiano, una venganza contra un magistrado que ha sido incómodo en Colombia y en Guatemala porque no le tembló la mano para desmantelar redes de corrupción. Hizo bien el presidente Gustavo Petro en respaldarlo y llamar a nuestro embajador a consultas.
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