La JEP, cada vez más sólida

Se ha dicho, con alto grado de cizaña, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se creó con el propósito de legitimar la impunidad. En dos años, 12.235 personas se han sometido a ella y esperan decisiones en sus casos.

Se ha dicho, además, que la JEP es una institución elitista que no representa a las víctimas ni al país real. En dos años, la Jurisdicción ha recibido 249 informes entregados por las organizaciones sociales y las entidades del Estado, y ha hecho presencia en 28 departamentos, priorizando las zonas donde ha sido más evidente la tragedia de la violencia y la incapacidad del Estado para colmar el territorio.

Se ha dicho, también, que la de la JEP es una justicia sesgada que pretende hacer oídos sordos antes los peores perpetradores. En dos años, los magistrados han recibido actas de compromiso de 9.721 miembros de las Farc, 2.429 de la Fuerza Pública y 72 agentes del Estado. Además, los casos de otros grandes nombres que han ofrecido verdad a cambio de ser admitidos, como el excongresista Musa Besaile y el paramilitar Salvatore Mancuso, están en veremos.

Con el trabajo silencioso, metódico, riguroso y prudente de todos los miembros de la JEP en estos dos años de existencia, cada una de las críticas que se la han formulado a la Jurisdicción han quedado, cuando menos, debilitadas. La cruzada que el Centro Democrático, partido de gobierno, declaró en algún momento contra la JEP ha perdido fuerza ante la creciente legitimidad que los tribunales de paz han adquirido entre los colombianos.

Era de esperarse. En una Colombia sedienta de verdad, con autoridades asfixiadas por la congestión judicial y a menudo saboteadas por poderes ocultos, la creación de una jurisdicción dedicada de tiempo completo a estudiar lo que ocurrió en el conflicto es una apuesta necesaria. La elección de sus magistrados, personas con las más altas calificaciones, también causaba esperanza en que el país pronto iba a ver las bondades de tener un instrumento como la JEP.

El avance metódico en los siete macrocasos que estudia la Jurisdicción ha llevado a momentos tan importantes como el descubrimiento de la fosa común de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia, pero lo más importante está por venir. Según Patricia Linares, presidenta de la corporación, “esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año se conozca, al menos, una resolución de conclusión”. Ojalá así sea, para que los argumentos sobre la presunta impunidad queden deslegitimados de una buena vez por todas.

Claro, no todo ha sido impecable. El rearme de los exmiembros de las Farc, como Jesús Santrich, aunque no fue culpa directa de la JEP, sí evidenció las torpezas de un aparato institucional de justicia que está plagado de obstáculos. Además, las pugnas de poder dentro de la institución han creado ruidos innecesarios.

Más allá de eso, la JEP, que siempre ha estado con pronóstico reservado por culpa de los opositores al Acuerdo de Paz, seguirá fortaleciéndose a medida que muestre resultados. El país los necesita.

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Se ha dicho, además, que la JEP es una institución elitista que no representa a las víctimas ni al país real. En dos años, la Jurisdicción ha recibido 249 informes entregados por las organizaciones sociales y las entidades del Estado, y ha hecho presencia en 28 departamentos, priorizando las zonas donde ha sido más evidente la tragedia de la violencia y la incapacidad del Estado para colmar el territorio.

Se ha dicho, también, que la de la JEP es una justicia sesgada que pretende hacer oídos sordos antes los peores perpetradores. En dos años, los magistrados han recibido actas de compromiso de 9.721 miembros de las Farc, 2.429 de la Fuerza Pública y 72 agentes del Estado. Además, los casos de otros grandes nombres que han ofrecido verdad a cambio de ser admitidos, como el excongresista Musa Besaile y el paramilitar Salvatore Mancuso, están en veremos.

Con el trabajo silencioso, metódico, riguroso y prudente de todos los miembros de la JEP en estos dos años de existencia, cada una de las críticas que se la han formulado a la Jurisdicción han quedado, cuando menos, debilitadas. La cruzada que el Centro Democrático, partido de gobierno, declaró en algún momento contra la JEP ha perdido fuerza ante la creciente legitimidad que los tribunales de paz han adquirido entre los colombianos.

Era de esperarse. En una Colombia sedienta de verdad, con autoridades asfixiadas por la congestión judicial y a menudo saboteadas por poderes ocultos, la creación de una jurisdicción dedicada de tiempo completo a estudiar lo que ocurrió en el conflicto es una apuesta necesaria. La elección de sus magistrados, personas con las más altas calificaciones, también causaba esperanza en que el país pronto iba a ver las bondades de tener un instrumento como la JEP.

El avance metódico en los siete macrocasos que estudia la Jurisdicción ha llevado a momentos tan importantes como el descubrimiento de la fosa común de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia, pero lo más importante está por venir. Según Patricia Linares, presidenta de la corporación, “esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año se conozca, al menos, una resolución de conclusión”. Ojalá así sea, para que los argumentos sobre la presunta impunidad queden deslegitimados de una buena vez por todas.

Claro, no todo ha sido impecable. El rearme de los exmiembros de las Farc, como Jesús Santrich, aunque no fue culpa directa de la JEP, sí evidenció las torpezas de un aparato institucional de justicia que está plagado de obstáculos. Además, las pugnas de poder dentro de la institución han creado ruidos innecesarios.

Más allá de eso, la JEP, que siempre ha estado con pronóstico reservado por culpa de los opositores al Acuerdo de Paz, seguirá fortaleciéndose a medida que muestre resultados. El país los necesita.

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