Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contrario a lo que han dicho sus opositores, no es la oportunidad para que cualquier persona reciba los beneficios del Acuerdo de Paz. Prueba de esto son las primeras decisiones de la JEP sobre peticiones de excongresistas investigados por parapolítica, de someterse a la justicia transicional. Los magistrados fueron contundentes en explicar que debe demostrarse la relación de cada delito con el conflicto armado; no basta con decir que algo ocurrió en el contexto general de la violencia.
La JEP estudió las solicitudes de David Char Navas y Álvaro Ashton. El primero está siendo procesado por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, incluyendo la supuesta entrega de municiones al comandante de ese grupo Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. En una carta enviada a la JEP, había prometido contar toda la verdad sobre la relación de los empresarios con el conflicto.
Por su parte, Ashton está en la mira de la justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares y el supuesto pago económico que le hizo al exfiscal Luis Gustavo Moreno para archivar esa investigación. También había prometido dar a conocer toda la verdad.
Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas negó ambas solicitudes e invitó a los excongresistas a contar lo que habían prometido ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Aunque esto último sería ideal, cuesta creer que sin el incentivo judicial estos personajes le cuenten a Colombia en realidad lo que ocurrió.
Los motivos de la JEP son contundentes. Sobre Ashton, explicó que su “colaboración con los grupos paramilitares (no) se considera determinante o activa para la comisión de conductas delictivas relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario”. En cuanto a Char, dijo que no hay pruebas de que el conflicto le haya permitido coordinarse con los paramilitares, sino que se trató de un intercambio con claros fines electorales que nada tenían que ver con la violencia.
Esta decisión es monumental, porque sienta un precedente claro. Desde que se anunció la creación de la justicia transicional, políticos condenados e investigados han manifestado su interés por vincularse a la JEP. Aunque se entiende su motivación, dado que el ordenamiento jurídico de la paz tiene la potestad de asignar penas inferiores a las de la justicia ordinaria, no puede olvidarse que no se trata de un espacio abierto a cualquier persona. Es clave recordar que su competencia es para los hechos directamente relacionados con el conflicto armado que se busca dotar de justicia, verdad y reparación.
Por eso, quienes quieran entrar a la JEP deberán pensar mucho mejor cómo sustentar que sus hechos tuvieron que ver con el conflicto. Los críticos, además, harían bien en reconocer que los magistrados están aplicando criterios serios y estrictos para que no haya un indebido aprovechamiento de la justicia transicional. Esta es una buena noticia, después de tanto escándalo frustrante.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.