Se ha vuelto popular exigirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empiece a sancionar a los máximos responsables del conflicto. Lo hizo Juan Manuel Santos, expresidente de la República, en medio de la conmemoración de los ocho años del acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano que él lideró. Lo hicieron los exmiembros del Secretariado de las FARC. Lo hizo, también, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con El Espectador. Abundan las voces que utilizan esa misma solicitud para sembrar un manto de duda sobre la capacidad de los tribunales de paz de cumplir el propósito para el que fueron creados. Sin embargo, el acto de publicación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, realizado esta semana, muestra por qué ha sido un acierto para la Jurisdicción tomarse su tiempo.
A la JEP también le han pedido una y otra vez que publique los nombres de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. El objetivo de esa petición suele ir acompañada de una poco disimulada sugerencia de que la cifra está inflada. Pasó hace poco con Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, quien de manera violenta y grosera destruyó un homenaje frente al Congreso que buscaba recordar a las víctimas de esta tragedia. También ocurre en varios políticos de la derecha ideológica colombiana, quienes defienden la tesis de que la búsqueda de casos de mal llamados “falsos positivos” se trata de una persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En ese contexto, la JEP ha guardado prudente silencio durante años. Solo lo rompió esta semana, cuando dio a conocer 1.934 nombres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. “Bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido”, enfatizó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Tiene razón. También explicó que, en efecto, los tribunales de paz están contrastando la información en 6.402 casos, pero que no se harán públicos los nombres hasta que se haya terminado el proceso judicial de verificación de los hechos. Muchos nombres, también adelantaron, no serán de público conocimiento por petición de las familias de las víctimas. Están en todo su derecho de no pedir ser revictimizadas, por supuesto.
El argumento para no publicar aún todos los nombres es el mismo para la demora en las sanciones. La JEP se tomó en serio su trabajo. La han criticado por expandir sus alcances, por escuchar a los responsables medios, por recibir tantos testimonios que han alargado su labor, pero, a pesar de todo eso, el cronograma se sigue cumpliendo. Más aún, la rigurosidad se convirtió en garantía de credibilidad.
Adicionalmente, es el gobierno Petro el que se ha demorado en crear los programas mediante los cuales se cumplirán las eventuales sanciones. En la entrevista que mencionamos con El Espectador, el ministro Cristo dijo que “en lugar de estar haciendo cruce de declaraciones públicas, sentarnos a trabajar en una mesa técnica a ver cómo podemos resolver el problema”. Estamos de acuerdo, pero la Casa de Nariño debe reconocer su tardanza en ese punto de la implementación, así como su hostilidad en el pasado a entablar comunicación permanente con los tribunales de paz. No puede haber sentencias sin espacios restaurativos y en eso, aún, el Gobierno está quedado
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Se ha vuelto popular exigirle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empiece a sancionar a los máximos responsables del conflicto. Lo hizo Juan Manuel Santos, expresidente de la República, en medio de la conmemoración de los ocho años del acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano que él lideró. Lo hicieron los exmiembros del Secretariado de las FARC. Lo hizo, también, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con El Espectador. Abundan las voces que utilizan esa misma solicitud para sembrar un manto de duda sobre la capacidad de los tribunales de paz de cumplir el propósito para el que fueron creados. Sin embargo, el acto de publicación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, realizado esta semana, muestra por qué ha sido un acierto para la Jurisdicción tomarse su tiempo.
A la JEP también le han pedido una y otra vez que publique los nombres de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. El objetivo de esa petición suele ir acompañada de una poco disimulada sugerencia de que la cifra está inflada. Pasó hace poco con Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, quien de manera violenta y grosera destruyó un homenaje frente al Congreso que buscaba recordar a las víctimas de esta tragedia. También ocurre en varios políticos de la derecha ideológica colombiana, quienes defienden la tesis de que la búsqueda de casos de mal llamados “falsos positivos” se trata de una persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En ese contexto, la JEP ha guardado prudente silencio durante años. Solo lo rompió esta semana, cuando dio a conocer 1.934 nombres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. “Bastaría un solo nombre para deplorar lo sucedido”, enfatizó el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Tiene razón. También explicó que, en efecto, los tribunales de paz están contrastando la información en 6.402 casos, pero que no se harán públicos los nombres hasta que se haya terminado el proceso judicial de verificación de los hechos. Muchos nombres, también adelantaron, no serán de público conocimiento por petición de las familias de las víctimas. Están en todo su derecho de no pedir ser revictimizadas, por supuesto.
El argumento para no publicar aún todos los nombres es el mismo para la demora en las sanciones. La JEP se tomó en serio su trabajo. La han criticado por expandir sus alcances, por escuchar a los responsables medios, por recibir tantos testimonios que han alargado su labor, pero, a pesar de todo eso, el cronograma se sigue cumpliendo. Más aún, la rigurosidad se convirtió en garantía de credibilidad.
Adicionalmente, es el gobierno Petro el que se ha demorado en crear los programas mediante los cuales se cumplirán las eventuales sanciones. En la entrevista que mencionamos con El Espectador, el ministro Cristo dijo que “en lugar de estar haciendo cruce de declaraciones públicas, sentarnos a trabajar en una mesa técnica a ver cómo podemos resolver el problema”. Estamos de acuerdo, pero la Casa de Nariño debe reconocer su tardanza en ese punto de la implementación, así como su hostilidad en el pasado a entablar comunicación permanente con los tribunales de paz. No puede haber sentencias sin espacios restaurativos y en eso, aún, el Gobierno está quedado
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