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En medio de la conmoción los últimos días, un hecho decisivo en el camino hacia la reconciliación del país pasó relativamente inadvertido. Los miembros del antiguo Secretariado de las Farc, ahora líderes del partido Comunes, aceptaron su responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les imputó la JEP hace tres meses en el marco del Caso 001 sobre secuestro. Como bien lo describió Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz de La Habana, “es un hecho histórico lo que ha ocurrido (...) no tiene antecedentes en el mundo. Es la primera vez que una guerrilla en una mesa de conversaciones acepta una decisión judicial voluntariamente”.
La contundente imputación de la JEP contra la cúpula de la exguerrilla ya de por sí fue un hito que disipó cualquier duda de impunidad y con ello el país supo que los responsables de crímenes atroces sí serían sancionados. Lo que viene ahora es trascendental para el sistema de justicia transicional y la reparación a las víctimas. Si los magistrados establecen que hay una aceptación plena de los delitos imputados, se convocará a las víctimas y a los excomandantes de las Farc a una audiencia pública de reconocimiento y se trasladará el caso al Tribunal para la Paz, donde se impondrán, por fin, sanciones restaurativas a los responsables. Como explicó la JEP, “estas sanciones deben ser consultadas con las víctimas, deben tener un propósito reparador y pueden incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”.
A pesar de sufrir presiones, hostilidades y cuestionamientos permanentes, la JEP sigue mostrando resultados con su trabajo juicioso y resuelto. Una a una, el tribunal ha ido refutando con hechos las suspicacias de los críticos y opositores al Acuerdo de Paz. Ante la crueldad de los crímenes descritos por la JEP en su auto de acusación, existía el temor de que los excombatientes no aceptaran su responsabilidad por los secuestros que tanto dolor le causaron al país, pero han dejado claro con su respuesta que también están poniendo de su parte y que siguen comprometidos con la paz, como debe ser. Asimismo, este reconocimiento es un argumento más para que otros actores admitan igualmente su responsabilidad en los hechos del conflicto.
A esto se suma el reciente informe de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo que, si bien señala tropiezos y aspectos por mejorar, hace un balance positivo de la implementación del Punto 5 del Acuerdo de Paz, sobre los derechos de las víctimas.
Ahora que el país se encuentra en un punto de quiebre, en que las instituciones están siendo cuestionadas seriamente, el trabajo de la JEP inspira confianza y envía señales de una reconciliación posible. Bien harían el presidente Duque y su Gobierno en reconsiderar su displicencia hacia la implementación del Acuerdo y respaldar un proceso de paz que avanza decididamente. Sería un cambio de rumbo no solo bienvenido, sino necesario en estos momentos.
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