La ley es dura, y es la ley, ¿pero se ejerce por igual?

No hay manera de negar que los motivos que llevaron al Consejo de Estado a retirar del Senado a Antanas Mockus son sólidos. Respetar la cultura de la legalidad implica cumplir la ley y enfrentar sus sanciones, así sean severas. Sin embargo, es innegable también que los procesos contra el excongresista del Partido Verde tienen todas las características de una persecución política oportunista.

La Sección Quinta del Consejo de Estado “canceló” la credencial que acreditaba a Antanas Mockus como congresista. Según el tribunal, su elección está viciada de nulidad. Esto se debe a que Corporvisionarios, entidad que el excongresista fundó y del cual fue representante legal, celebró un par de contratos con el Estado a menos de seis meses de las elecciones de Congreso. Eso significa que el régimen de inhabilidades le aplica a Mockus y no podía participar como candidato.

El excongresista ha insistido en que, desde el 2006, todos los contratos de Corpovisionarios los suscribe Henry Murraín, director ejecutivo de la fundación. No obstante, el Consejo de Estado encontró que Murraín nunca figuró en la Cámara de Comercio como representante legal de la entidad, por lo que Mockus era el responsable de todos los contratos suscritos. Así funciona la ley para todas las empresas, no hay vuelta de hoja.

Aunque Mockus anunció que buscará agotar todas las vías legales para revertir la decisión, nos parece que sus esfuerzos no deben prosperar. Si bien hay quienes consideran que se trata de una “leguleyada”, no son detalles menores. Tanto el régimen de inhabilidades como las reglas de representación legal de las empresas apuntan a la transparencia de nuestro sistema electoral. Nadie está dudando de la idoneidad moral del excongresista, pero incumplió la normativa y debe enfrentar las consecuencias. Él lo sabe: toda su carrera se ha construido defendiendo el imperio de la ley y las autoridades.

Dicho lo anterior, no deja de ser sospechoso que el Consejo de Estado, letárgico por naturaleza, haya fallado con tal celeridad este caso. La ley es dura, sí, y es la ley, también, ¿pero la están aplicando por igual a todos los que la incumplen?

También es preocupante, y no puede olvidarse, que quienes vienen impulsando los procesos contra Mockus son una persona cercana a Oneida Pinto (José Manuel Abuchaibe) y un exsenador que está buscando que el Partido Verde pierda sus votos para que él y su partido puedan entrar al Congreso (Víctor Velásquez Reyes, de Opción Ciudadana).

Por eso, la sanción a Mockus es justa, pero no puede extenderse a que el Partido Verde sea despojado del más de medio millón de votos que le representó su candidatura. Eso, en la práctica, implicaría que los verdes perderían varias de sus curules y otros partidos las obtendrían, reacomodando el Congreso. Sería, no obstante, negar que los votantes no solo eligieron a Mockus, sino al partido, y decirles a todo ese montón de colombianos, que le apostaron a la democracia, que su voluntad política no vale.

Sigue en curso una demanda de pérdida de investidura que podría causar ese efecto. El Consejo de Estado no puede permitir que se le haga esa trampa a la democracia del país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado “canceló” la credencial que acreditaba a Antanas Mockus como congresista. Según el tribunal, su elección está viciada de nulidad. Esto se debe a que Corporvisionarios, entidad que el excongresista fundó y del cual fue representante legal, celebró un par de contratos con el Estado a menos de seis meses de las elecciones de Congreso. Eso significa que el régimen de inhabilidades le aplica a Mockus y no podía participar como candidato.

El excongresista ha insistido en que, desde el 2006, todos los contratos de Corpovisionarios los suscribe Henry Murraín, director ejecutivo de la fundación. No obstante, el Consejo de Estado encontró que Murraín nunca figuró en la Cámara de Comercio como representante legal de la entidad, por lo que Mockus era el responsable de todos los contratos suscritos. Así funciona la ley para todas las empresas, no hay vuelta de hoja.

Aunque Mockus anunció que buscará agotar todas las vías legales para revertir la decisión, nos parece que sus esfuerzos no deben prosperar. Si bien hay quienes consideran que se trata de una “leguleyada”, no son detalles menores. Tanto el régimen de inhabilidades como las reglas de representación legal de las empresas apuntan a la transparencia de nuestro sistema electoral. Nadie está dudando de la idoneidad moral del excongresista, pero incumplió la normativa y debe enfrentar las consecuencias. Él lo sabe: toda su carrera se ha construido defendiendo el imperio de la ley y las autoridades.

Dicho lo anterior, no deja de ser sospechoso que el Consejo de Estado, letárgico por naturaleza, haya fallado con tal celeridad este caso. La ley es dura, sí, y es la ley, también, ¿pero la están aplicando por igual a todos los que la incumplen?

También es preocupante, y no puede olvidarse, que quienes vienen impulsando los procesos contra Mockus son una persona cercana a Oneida Pinto (José Manuel Abuchaibe) y un exsenador que está buscando que el Partido Verde pierda sus votos para que él y su partido puedan entrar al Congreso (Víctor Velásquez Reyes, de Opción Ciudadana).

Por eso, la sanción a Mockus es justa, pero no puede extenderse a que el Partido Verde sea despojado del más de medio millón de votos que le representó su candidatura. Eso, en la práctica, implicaría que los verdes perderían varias de sus curules y otros partidos las obtendrían, reacomodando el Congreso. Sería, no obstante, negar que los votantes no solo eligieron a Mockus, sino al partido, y decirles a todo ese montón de colombianos, que le apostaron a la democracia, que su voluntad política no vale.

Sigue en curso una demanda de pérdida de investidura que podría causar ese efecto. El Consejo de Estado no puede permitir que se le haga esa trampa a la democracia del país.

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