La medición de fuerzas en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enfrenta su mayor crisis. La expedición de una serie de impopulares medidas económicas, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina, tiene al país vecino frente a un complejo panorama. De un paro inicial de transportadores, Moreno debe lidiar ahora con la mayor movilización indígena de los últimos diez años. A pesar de su negativa inicial a flexibilizar las medidas, el diálogo y el entendimiento deben ser el camino a seguir.

El ambiente que se vive en Ecuador es preocupante. El presidente Moreno había anunciado el viernes el estado de excepción frente a las primeras protestas, que terminaron en choques entre ciudadanos y policía, como respuesta de los transportadores al paquetazo anunciado. Dentro de las medidas se restringió el derecho de reunión, se desplegó a los militares por las principales ciudades y carreteras y se detuvo a medio millar de personas. Pronto se sumaron los indígenas, quienes iniciaron una gran movilización hacia Quito. El lunes en la tarde Moreno decidió abandonar la capital, ante la llegada de unos 20.000 indígenas, y trasladó su gobierno a Guayaquil.

Como suele suceder en estos caos, la desinformación, en especial la que circula en redes sociales, es la constante. Mientras el gobierno ha desmentido reiteradamente supuestos mensajes emitidos por el Ejecutivo, los indígenas achacaron los actos de vandalismo y saqueo ocurridos a infiltrados en las marchas. El saldo lamentable es de una persona muerta, más de 30 heridos y cerca de un millar de detenidos. Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa de intento de golpe de Estado: “Lo que sucedió no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático”.

Lo cierto es que el país está acosado por un alto grado de endeudamiento y falta de liquidez dentro de una economía dolarizada, problemas económicos que el actual gobierno achaca al anterior. De allí la compleja disyuntiva a la que se enfrentó el mandatario. De un lado, maniobrar para sobrellevar la crisis y dejarle el problema mayor al próximo gobierno, o acudir ante los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que le aprobaran US$4.200 millones dentro de un programa económico a tres años. La contraprestación, como suele suceder en estos casos, se tradujo en el recientemente anunciado recorte del gastó público y el desmonte de algunos subsidios, como en el caso del combustible. Para justificar el ajuste económico se explicó que la eliminación del subsidio a la gasolina le permitiría al país ahorrar cerca de US$1.400 millones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es, por su parte, la organización social más importante, con una gran capacidad de convocatoria, movilización y presión en la calle. En el pasado forzó el retiro de algunos mandatarios en el poder. Durante el anterior gobierno de Correa fue neutralizada, en especial en su lucha contra la economía extractiva, lo que permitió la instalación de campamentos petrolíferos en la región de la Amazonia. Ahora resurge al criticarle a Moreno, no sin razón, su falta de palabra, pues había dicho: “Nunca promoveremos paquetazos, tal como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente”. Y lo hizo.

Lo cierto es que de momento el expresidente es uno de los mayores beneficiados con la crisis. El rompimiento de Moreno con Correa, de quien fue su vicepresidente, ha marcado de manera negativa el devenir ecuatoriano desde el año pasado. De momento ambas partes, el gobierno y la Conaie, deberían sentarse de inmediato a negociar una pronta salida. La violencia y el vandalismo no le hacen bien al país. Siempre se puede llegar a un punto medio que permita resolver este complejo pulso que tiene a Ecuador en crisis.

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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enfrenta su mayor crisis. La expedición de una serie de impopulares medidas económicas, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina, tiene al país vecino frente a un complejo panorama. De un paro inicial de transportadores, Moreno debe lidiar ahora con la mayor movilización indígena de los últimos diez años. A pesar de su negativa inicial a flexibilizar las medidas, el diálogo y el entendimiento deben ser el camino a seguir.

El ambiente que se vive en Ecuador es preocupante. El presidente Moreno había anunciado el viernes el estado de excepción frente a las primeras protestas, que terminaron en choques entre ciudadanos y policía, como respuesta de los transportadores al paquetazo anunciado. Dentro de las medidas se restringió el derecho de reunión, se desplegó a los militares por las principales ciudades y carreteras y se detuvo a medio millar de personas. Pronto se sumaron los indígenas, quienes iniciaron una gran movilización hacia Quito. El lunes en la tarde Moreno decidió abandonar la capital, ante la llegada de unos 20.000 indígenas, y trasladó su gobierno a Guayaquil.

Como suele suceder en estos caos, la desinformación, en especial la que circula en redes sociales, es la constante. Mientras el gobierno ha desmentido reiteradamente supuestos mensajes emitidos por el Ejecutivo, los indígenas achacaron los actos de vandalismo y saqueo ocurridos a infiltrados en las marchas. El saldo lamentable es de una persona muerta, más de 30 heridos y cerca de un millar de detenidos. Moreno ha acusado al expresidente Rafael Correa de intento de golpe de Estado: “Lo que sucedió no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático”.

Lo cierto es que el país está acosado por un alto grado de endeudamiento y falta de liquidez dentro de una economía dolarizada, problemas económicos que el actual gobierno achaca al anterior. De allí la compleja disyuntiva a la que se enfrentó el mandatario. De un lado, maniobrar para sobrellevar la crisis y dejarle el problema mayor al próximo gobierno, o acudir ante los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que le aprobaran US$4.200 millones dentro de un programa económico a tres años. La contraprestación, como suele suceder en estos casos, se tradujo en el recientemente anunciado recorte del gastó público y el desmonte de algunos subsidios, como en el caso del combustible. Para justificar el ajuste económico se explicó que la eliminación del subsidio a la gasolina le permitiría al país ahorrar cerca de US$1.400 millones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es, por su parte, la organización social más importante, con una gran capacidad de convocatoria, movilización y presión en la calle. En el pasado forzó el retiro de algunos mandatarios en el poder. Durante el anterior gobierno de Correa fue neutralizada, en especial en su lucha contra la economía extractiva, lo que permitió la instalación de campamentos petrolíferos en la región de la Amazonia. Ahora resurge al criticarle a Moreno, no sin razón, su falta de palabra, pues había dicho: “Nunca promoveremos paquetazos, tal como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente”. Y lo hizo.

Lo cierto es que de momento el expresidente es uno de los mayores beneficiados con la crisis. El rompimiento de Moreno con Correa, de quien fue su vicepresidente, ha marcado de manera negativa el devenir ecuatoriano desde el año pasado. De momento ambas partes, el gobierno y la Conaie, deberían sentarse de inmediato a negociar una pronta salida. La violencia y el vandalismo no le hacen bien al país. Siempre se puede llegar a un punto medio que permita resolver este complejo pulso que tiene a Ecuador en crisis.

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