La Mojana cumplió un año bajo el agua. El 26 de agosto de 2021 se rompió un jarillón que contenía las aguas del río Cauca y protegía la subregión que comprende 11 municipios en cuatro departamentos. Hoy la postal es idéntica, pero la desolación es mayor. 100.000 damnificados, miles de hectáreas inundadas, cultivos perdidos, animales muertos y vidas en vilo por el agua que nunca se fue. Muchas familias viven a punta de ayudas insuficientes, algunas en casas anegadas o en cambuches a un lado de la carretera. Hace unos días el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, y el presidente Gustavo Petro visitaron la zona para evaluar salidas a un problema que no tiene fácil solución.
El panorama no es alentador. La obra para reconstruir el dique se declaró fallida y suspendida, hay recursos públicos en riesgo de perderse, denuncias de irregularidades y una temporada invernal que amenaza con ser peor que la anterior. Coincidimos con el presidente Petro en que la atención humanitaria es lo primero y más urgente. Pero el Estado lleva años fallándoles a los pobladores y ellos claman una solución real. Sin embargo, la respuesta del director de la Ungrd tras evaluar la situación no fue la que esperaban: “No podemos seguir con el engaño. A la comunidad le han dicho que el problema es el cierre del (boquete en) Cara de Gato y que eso va a acabar la inundación. Eso no es cierto”. También planteó reubicar viviendas y cultivos a zonas más altas, algo a lo que se rehúsan muchos habitantes que piden terminar la obra.
Es entendible la frustración de los pobladores y la reticencia a abandonar sus hogares, pero no se puede negar la necesidad de reevaluar el enfoque desde el que se han abordado históricamente las inundaciones, como le explicó Sandra Vilardy, doctora en ecología y viceministra de Ambiente, a El Espectador: “El Estado ha invertido miles de miles de millones de pesos al estilo de jarillones, canales y diques. Ahora vemos que son ineficientes. Nunca se pensó que el cambio climático llegaría de esa manera, entonces nunca se pensó cómo nos iba a afectar. Esas obras ya no responden a este planeta en crisis”.
La Mojana es probablemente el ejemplo más dramático y reciente de una realidad aterradora: somos un país en perpetua emergencia. Lo confirma un informe de El Espectador, citando datos de la Ungrd: “Las inundaciones han sido la emergencia más recurrente en Colombia en el último medio siglo. Sabemos con precisión dónde han ocurrido y el país cuenta con herramientas, instrumentos y políticas para prevenirlas y gestionarlas. ¿Por qué, si contamos con toda esa información tan detallada y hemos acumulado una gran experiencia, seguimos viendo inundaciones casi a diario?”.
Las causas de las inundaciones son múltiples y complejas, pero vuelven a aparecer los sospechosos de siempre: fenómenos climáticos extremos, mala planeación territorial, deforestación e incluso un excesivo centralismo en la atención de desastres. Quizá la pregunta más importante no debería ser cómo prevenir más inundaciones —que suceden naturalmente en un 26 % de Colombia y su aumento parece inevitable con el recrudecimiento de la crisis climática—, sino cómo puede el país prevenir las tragedias humanas y adaptarse al territorio.
En la práctica eso implica cambiar el paradigma que pretende solucionar todo a punta de infraestructura. Recuperar los atributos naturales de los ríos y de zonas inundables como humedales y ciénagas, adaptar las viviendas a los territorios y, sí, también reubicar a algunos pobladores deben ser las prioridades. Aprender a convivir con el agua, en últimas, en vez de luchar contra ella. La Mojana podría ser un buen lugar para empezar ese cambio.
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