La necesaria doble instancia

Lamentamos que el debate en torno a la necesaria doble instancia para aforados se esté dando en medio de un claro oportunismo político por parte del Centro Democrático. El país debería dejar de concentrarse en el proceso de Andrés Felipe Arias al momento de estudiar una propuesta que, en la práctica, pretende enmendar una falla histórica en la protección de los derechos de todos los colombianos. Abandonar las críticas insensatas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus decisiones serviría para construir un consenso en torno a un proyecto de ley urgente que debería estudiarse con mesura.

Es difícil discutir la doble instancia y escapar a la sombra que el caso Arias ejerce sobre ella. El renovado interés del partido Centro Democrático en impulsar el tema va de la mano con los pronunciamientos de sus líderes, como el expresidente Álvaro Uribe, en contra de las decisiones de la CSJ. Se trata de una estrategia inaceptable que pretende desestimar el valor de la cosa juzgada como principio básico en nuestro Estado de derecho y que les hace mucho daño a las instituciones nacionales.

Dicho eso, es cierto que hay una falla en el diseño institucional. Los funcionarios de alto rango que son aforados han estado en desigualdad de condiciones con el resto de colombianos. Mientras todos los ciudadanos tienen el derecho básico a recibir una doble instancia antes de ser condenados, los aforados no han contado con ese recurso. No vemos justificación para esa limitación a un derecho fundamental que está en las raíces de nuestro sistema jurídico.

Hay, por supuesto, preocupaciones logísticas para la implementación de una doble instancia retroactiva. Aunque los estimados no son claros, los proponentes de la medida mencionan que se podrían presentar unos 700 recursos. Esto, para un sistema judicial colapsado y asfixiado de recursos, es una carga a considerar. Se ha propuesto crear una sala transicional dedicada exclusivamente a estudiar estos casos, pero hace falta más análisis sobre el tema.

El debate debe darse. Sí, una doble instancia favorecería al exministro de Agricultura, pero no deben olvidar sus críticos que esto no implica una absolución. La condena en su contra, por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, sigue vigente y debe ser respetada hasta que sea estudiada, si es el caso.

Incluso si la doble instancia no se aprueba, o no se aplica de manera retroactiva, los discursos que pretenden dibujar a Arias como un perseguido político a manos de una justicia vengativa deben cesar. El exministro fue juzgado bajo las reglas establecidas de la época, que él conocía de antemano, y tuvo todas las oportunidades para defenderse adecuadamente. Fue derrotado en juicio y él prefirió fugarse a cumplir con el ordenamiento jurídico. Es una conducta que no se puede celebrar ni tolerar.

Esperamos que, en medio de tanto ruido y discurso hostil, esta coyuntura sirva para fortalecer el Estado de derecho colombiano.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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Lamentamos que el debate en torno a la necesaria doble instancia para aforados se esté dando en medio de un claro oportunismo político por parte del Centro Democrático. El país debería dejar de concentrarse en el proceso de Andrés Felipe Arias al momento de estudiar una propuesta que, en la práctica, pretende enmendar una falla histórica en la protección de los derechos de todos los colombianos. Abandonar las críticas insensatas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus decisiones serviría para construir un consenso en torno a un proyecto de ley urgente que debería estudiarse con mesura.

Es difícil discutir la doble instancia y escapar a la sombra que el caso Arias ejerce sobre ella. El renovado interés del partido Centro Democrático en impulsar el tema va de la mano con los pronunciamientos de sus líderes, como el expresidente Álvaro Uribe, en contra de las decisiones de la CSJ. Se trata de una estrategia inaceptable que pretende desestimar el valor de la cosa juzgada como principio básico en nuestro Estado de derecho y que les hace mucho daño a las instituciones nacionales.

Dicho eso, es cierto que hay una falla en el diseño institucional. Los funcionarios de alto rango que son aforados han estado en desigualdad de condiciones con el resto de colombianos. Mientras todos los ciudadanos tienen el derecho básico a recibir una doble instancia antes de ser condenados, los aforados no han contado con ese recurso. No vemos justificación para esa limitación a un derecho fundamental que está en las raíces de nuestro sistema jurídico.

Hay, por supuesto, preocupaciones logísticas para la implementación de una doble instancia retroactiva. Aunque los estimados no son claros, los proponentes de la medida mencionan que se podrían presentar unos 700 recursos. Esto, para un sistema judicial colapsado y asfixiado de recursos, es una carga a considerar. Se ha propuesto crear una sala transicional dedicada exclusivamente a estudiar estos casos, pero hace falta más análisis sobre el tema.

El debate debe darse. Sí, una doble instancia favorecería al exministro de Agricultura, pero no deben olvidar sus críticos que esto no implica una absolución. La condena en su contra, por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, sigue vigente y debe ser respetada hasta que sea estudiada, si es el caso.

Incluso si la doble instancia no se aprueba, o no se aplica de manera retroactiva, los discursos que pretenden dibujar a Arias como un perseguido político a manos de una justicia vengativa deben cesar. El exministro fue juzgado bajo las reglas establecidas de la época, que él conocía de antemano, y tuvo todas las oportunidades para defenderse adecuadamente. Fue derrotado en juicio y él prefirió fugarse a cumplir con el ordenamiento jurídico. Es una conducta que no se puede celebrar ni tolerar.

Esperamos que, en medio de tanto ruido y discurso hostil, esta coyuntura sirva para fortalecer el Estado de derecho colombiano.

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