El Gobierno Nacional ha venido enfrentando el escándalo del contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) con Centros Poblados como si no tuviera responsabilidad política alguna. Ante una falla tan grave y sencilla de evitar, como no verificar la garantía bancaria del proponente, el liderazgo político cercano a la Casa de Nariño ha cerrado filas para proteger a la ministra Karen Abudinen. Si bien hacer todo lo posible por recuperar el dinero del anticipo es lo correcto y necesario, el mensaje que se envía al país cuando no hay consecuencias por fallas tan graves, como mínimo de vigilancia, es que el Estado no es capaz de evitar que hechos como este ocurran. ¿Ese es el mensaje que quiere dejar la administración?
El contrato con Centros Poblados muestra dos malas prácticas en la asignación de recursos públicos. El Mintic seleccionó a la unión temporal por encima de empresas que sí tenían larga experiencia, trayectoria y reconocimiento por una simple razón: ofrecía más por un costo menor. Es una lógica que hemos visto por todo el país, con la cual los líderes políticos consideran que la mejor forma de gastar los recursos de los impuestos es eligiendo la propuesta más barata o rimbombante, más allá de otras consideraciones más importantes. De entrada, la ministra Abudinen, que recibió advertencias múltiples en la prensa, demostró una falta de criterio cuyas consecuencias ahora estamos viendo.
La segunda mala práctica es instaurar enormes papeleos y burocracias, que supuestamente garantizan la lucha anticorrupción, pero terminan siendo requisitos para la galería que no cumplen su propósito. Centros Poblados presentó tres garantías bancarias, pero falsas. Había una interventoría encargada de verificarlas. Era tan sencillo como llamar al banco Itaú para darse cuenta del fraude que estaba en curso, pero nadie lo hizo. ¿Nadie en el Mintic responderá por esa incapacidad para proteger los recursos de los colombianos? ¿Con qué cara se le presentan al país y le aseguran que algo así no ha ocurrido en el pasado ni volverá a pasar? No, no basta con tratar de recuperar el dinero; ni siquiera con recuperarlo en verdad, lo cual hoy no parece sencillo. La negligencia del proceso no se borra con remiendos tardíos.
El presidente, Iván Duque, dijo que “la actuación de la ministra Abudinen ha sido diligente”. ¿Desde el comienzo? La procuradora, Margarita Cabello, ha mostrado lo inadecuada que es su cercanía con el Gobierno al reunirse en privado con la ministra. ¿No es mejor mantener prudente distancia para investigar? En el Congreso se agendó a regañadientes la moción de censura contra la funcionaria para el 3 de septiembre y lo más probable es que la coalición de gobierno respalde a Abudinen. El mensaje parece ser que el Estado colombiano fue engañado en su buena fe y nada se podía hacer para evitarlo.
Por supuesto que confiamos en la seriedad con que se declaró la caducidad del contrato y en todas las medidas administrativas que se han tomado para enmendar el error. En eso, en efecto, el Ministerio ha sido eficiente. Pero estamos ante una tragedia anunciada, que además evidenció fallas básicas en la capacidad de evitar la corrupción. Si no vamos más allá en las posibles conexiones políticas y de compadrazgo que algunos han señalado es porque faltan pruebas que lleguen a algo más que incómodas coincidencias. Con todo, el golpe a la legitimidad de las instituciones por el error cometido es grande y va mucho más allá del anticipo que está embolatado. ¿Nadie responderá?
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