Por más renovado que haya estado el nuevo Congreso de la República, sus miembros parecen incapaces de escapar de los mismos viejos y populistas escándalos. Ahora el intercambio de adjetivos y acusaciones se centra sobre algo que se ha intentado hacer por lo menos 18 veces en la Rama Legislativa: reducir el salario de todos los congresistas. Entre quienes piden que se haga de manera inmediata y retroactiva y aquellos que lo proponen para el 2026 por cuestiones técnicas se pierde, quizás, lo esencial del debate: bajar el sueldo no ayuda a combatir la corrupción y se trata de una medida que solo captura titulares cuando se necesitan mejores planes de transparencia.
El último líder de la cruzada por la reducción del sueldo es Jonathan Ferney Pulido Hernández, el congresista más votado de la Alianza Verde. Según él, tiene un proyecto de reducción del sueldo que aplicaría inmediatamente, pero que no ha recibido los apoyos que esperaba. Lo respalda, por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, quien escribió en Twitter: “Reafirmo apoyo reducción inmediata sueldo congresistas. Comparto las iniciativas que busquen convertir en realidad la rebaja. ¿Por qué no hacemos un pacto compañeras y compañeros congresistas en tal sentido? ¿Y lo anunciamos para atender el clamor popular? 35 millones es impúdico”. Pulido, sin embargo, denunció que cuando ve “a un alternativo pidiendo que hundamos el proyecto, no puedo creer el cinismo y el descaro”.
Por otro lado están voces como las de Catherine Juvinao y Gustavo Bolívar, quienes argumentan que por razones de derechos laborales el cambio solo podría hacerse en 2026. Según expertos, razón tienen: no se puede reducir así no más el sueldo que es un derecho adquirido de todos los elegidos. La representante a la Cámara Juvinao dijo que “para mí sería muy fácil armar el proyecto mal y decirle a la ciudadanía que nos rebajamos el salario mañana y que los congresistas tendrán solo 15 días de vacaciones, pero mi compromiso es hacer algo técnica y políticamente viable”.
Mientras tanto, quizás para echarle más sal a la herida, entró en vigencia el nuevo sueldo firmado por decreto 1546 de 2022 del expresidente Iván Duque. Se hizo un aumento de $898.000 mensuales para que el sueldo quedara en $35’316.450. Para quienes hicieron campaña con base en la reducción del sueldo, es una derrota que los congresistas del país sigan ganando también.
Seguirá, sin duda, la pelea, especialmente en los micrófonos de los medios y en el calor de las redes sociales. Sin embargo, hemos preguntado en el pasado: ¿qué efecto práctico tiene la reducción de los sueldos de los congresistas? Hay un beneficio simbólico, por supuesto, que es decirle a la ciudadanía que incluso ellos se apretarán el cinturón en tiempos de crisis económica. También se vería como un golpe a una institución desprestigiada. No obstante, ¿de verdad queremos que el servicio público cuente con pocos incentivos económicos para quienes lo ejercen? ¿Acaso no queremos atraer al mejor talento del país a la función pública y eso pasa, también, por un buen sueldo?
También hay otra consideración: funcionarios con sueldos más bajos tienen más incentivos para buscar cómo aumentar sus ingresos por otras vías. Por gestos simbólicos, terminamos fomentando la corrupción. ¿Y si todo el tiempo de discusión se diera en proyectos que ataquen el problema de la corrupción de manera integral? Se obtienen menos titulares, pero se trabaja más por el país.
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Por más renovado que haya estado el nuevo Congreso de la República, sus miembros parecen incapaces de escapar de los mismos viejos y populistas escándalos. Ahora el intercambio de adjetivos y acusaciones se centra sobre algo que se ha intentado hacer por lo menos 18 veces en la Rama Legislativa: reducir el salario de todos los congresistas. Entre quienes piden que se haga de manera inmediata y retroactiva y aquellos que lo proponen para el 2026 por cuestiones técnicas se pierde, quizás, lo esencial del debate: bajar el sueldo no ayuda a combatir la corrupción y se trata de una medida que solo captura titulares cuando se necesitan mejores planes de transparencia.
El último líder de la cruzada por la reducción del sueldo es Jonathan Ferney Pulido Hernández, el congresista más votado de la Alianza Verde. Según él, tiene un proyecto de reducción del sueldo que aplicaría inmediatamente, pero que no ha recibido los apoyos que esperaba. Lo respalda, por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, quien escribió en Twitter: “Reafirmo apoyo reducción inmediata sueldo congresistas. Comparto las iniciativas que busquen convertir en realidad la rebaja. ¿Por qué no hacemos un pacto compañeras y compañeros congresistas en tal sentido? ¿Y lo anunciamos para atender el clamor popular? 35 millones es impúdico”. Pulido, sin embargo, denunció que cuando ve “a un alternativo pidiendo que hundamos el proyecto, no puedo creer el cinismo y el descaro”.
Por otro lado están voces como las de Catherine Juvinao y Gustavo Bolívar, quienes argumentan que por razones de derechos laborales el cambio solo podría hacerse en 2026. Según expertos, razón tienen: no se puede reducir así no más el sueldo que es un derecho adquirido de todos los elegidos. La representante a la Cámara Juvinao dijo que “para mí sería muy fácil armar el proyecto mal y decirle a la ciudadanía que nos rebajamos el salario mañana y que los congresistas tendrán solo 15 días de vacaciones, pero mi compromiso es hacer algo técnica y políticamente viable”.
Mientras tanto, quizás para echarle más sal a la herida, entró en vigencia el nuevo sueldo firmado por decreto 1546 de 2022 del expresidente Iván Duque. Se hizo un aumento de $898.000 mensuales para que el sueldo quedara en $35’316.450. Para quienes hicieron campaña con base en la reducción del sueldo, es una derrota que los congresistas del país sigan ganando también.
Seguirá, sin duda, la pelea, especialmente en los micrófonos de los medios y en el calor de las redes sociales. Sin embargo, hemos preguntado en el pasado: ¿qué efecto práctico tiene la reducción de los sueldos de los congresistas? Hay un beneficio simbólico, por supuesto, que es decirle a la ciudadanía que incluso ellos se apretarán el cinturón en tiempos de crisis económica. También se vería como un golpe a una institución desprestigiada. No obstante, ¿de verdad queremos que el servicio público cuente con pocos incentivos económicos para quienes lo ejercen? ¿Acaso no queremos atraer al mejor talento del país a la función pública y eso pasa, también, por un buen sueldo?
También hay otra consideración: funcionarios con sueldos más bajos tienen más incentivos para buscar cómo aumentar sus ingresos por otras vías. Por gestos simbólicos, terminamos fomentando la corrupción. ¿Y si todo el tiempo de discusión se diera en proyectos que ataquen el problema de la corrupción de manera integral? Se obtienen menos titulares, pero se trabaja más por el país.
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