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Colombia tiene una terna deshonrosa para elegir al procurador general de la Nación. Después de una crisis institucional, de choques de trenes entre el Ministerio Público, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de burocracias desmedidas y peleas públicas entre presidente y procuradora actuales, la solución ha sido elegir a tres candidatos con claros lazos políticos y serias dudas sobre su capacidad de independencia. Todos los nominadores son responsables. No tiene presentación que el país exija transparencia y autonomía en los organismos de control y que la respuesta sea el empotramiento en ellas de la clase política tradicional.
A las altas cortes no les gusta ser criticadas, pues su postura siempre ha sido que operan en Derecho y que están más allá de la política. Con ese discurso han logrado “pasar de agache” en su responsabilidad, por ejemplo, a la hora de elegir pésimos fiscales generales de la Nación. Ahora, este proceso de nominación de candidatos a la Procuraduría muestra que los magistrados no están allá, en el panteón de la justicia, lejos de influencias, sino muy cercanos a la mundana política del día a día. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, después de recibir suficientes hojas de vida idóneas, se decantaron por candidatos cuya principal característica es tener cercanía con poderes políticos. ¿De verdad esperan que el país se sienta tranquilo con su capacidad nominadora si así la ejercen? ¿Cómo esperan que no se alimenten los discursos que las acusan de politización, cuando sus cálculos parecen jugar a la estrategia electorera que tan cansados nos tiene a los ciudadanos?
El presidente de la República también tomó el camino de la politiquería. Después de armar ternas ejemplares, y que felicitamos en este espacio, tanto para la Fiscalía General de la Nación como para la Defensoría del Pueblo, esta vez se dejó seducir por la disputa política. Gregorio Eljach, secretario del Senado, no es renovación ni cambio. Mucho menos, independencia; es representante de las maquinarias de siempre. ¿Para qué hizo la Casa de Nariño el show de pedir hojas de vida y de preseleccionar candidatos, si al final el cálculo era uno de carácter político? Otros gobiernos hicieron lo mismo, es cierto; se suponía que este iba a ser diferente.
No estamos discutiendo la preparación de Eljach, de Germán Varón Cotrino (nominado por la Corte Suprema de Justicia) ni de Luis Felipe Henao (ternado por el Consejo de Estado). Lo que ninguno de ellos puede negar, aunque lo intenten, es que sus credenciales son políticas, de cercanía a distintos partidos, de haber construido sus carreras entre los cálculos electorales. Eso significa que, sin importar quién gane, la Procuraduría seguirá con cuestionamientos de estar sesgada, instrumentalizada y sin capacidad de reformarse. ¿Seguirá expandiéndose su burocracia? ¿Se multiplicarán las sanciones en medio de lagunas jurídicas? ¿Y el control de los recursos públicos que se gasten en todo ese proceso desaparecerá entre los favores? ¿La confianza de los colombianos no importa?
La terna de la Procuraduría muestra a una élite nacional, jueces y presidente incluidos, incapaz de reconocer que la institución está en crisis y que necesita altura. Sigue en la dinámica de nombrar por criterios distintos a la autonomía y a la idoneidad. Los resultados ya saltan a la vista y seguirán ocurriendo, mientras que los nominadores no asumirán su responsabilidad. Pierde la institucionalidad y pierde el país.
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