Partamos por reconocer que hay quienes en Colombia quisieran ver truncado el período presidencial de Gustavo Petro y sepultar cualquier posibilidad de cambio en el país. También que ha sido evidente que las cabezas de los entes de control, como el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, han intervenido de manera inadecuada en política. Sin embargo, nada de eso justifica que el presidente de la República esté utilizando trampas retóricas para esconder fallas en sus funcionarios y tratar de vender la idea de que cualquier decisión disciplinaria en contra de su gobierno es parte de una conspiración mayor para no dejarlo gobernar. Ante la incapacidad de reflexión en la Casa de Nariño se adopta el discurso de la persecución para enardecer el debate público y pasar de agache en la asunción de responsabilidades.
“Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, dijo el presidente Petro esta semana, en referencia a las suspensiones del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Olmedo López, por la Contraloría, y del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por la Procuraduría. Dejó de lado el presidente Petro en su reacción, eso sí, alguna referencia al fondo de las decisiones.
Ya el viernes pasado explicamos en este espacio las razones que justifican la intervención de la Contraloría en el caso de la Ungrd. Igual ocurre con la suspensión por tres meses que la Procuraduría impuso al canciller. Lo que no contó el presidente en su discurso conspirativo es que se trata de un error no forzado, de una crisis engendrada y fomentada desde la propia Casa de Nariño. La Cancillería de Leyva aprobó los términos de la licitación para producir los pasaportes, abrió el concurso, avanzó en las etapas precontractuales con normas claras y luego, de manera intempestiva, decidió echar para atrás el proceso en una clara violación de la ley. El Ministerio Público, que tiene la potestad amparada por la Corte Constitucional para vigilar las actuaciones administrativas, entró a estudiar el caso. ¿Que la procuradora Cabello ha tenido un mandato cuestionable por sus sesgos? Sí. ¿Que merecía el canciller Leyva la vigilancia disciplinaria? También. No hay persecución, sino una consecuencia apenas esperable por un manejo inapropiado.
Ante una inspección realizada en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), también dijo el presidente Petro que están “buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la Presidencia”. Y mostró extrañeza porque, en su concepto, los allanamientos “eran sobre organizaciones mafiosas” pero “ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico”.
Graves acusaciones que, no obstante, no van acordes con la realidad. Existen indicios de que Fecode aportó dinero no reportado a la campaña presidencial del presidente Petro. De probarse, se trataría de una violación a las normas. Por eso, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ordenaron el allanamiento. ¿Insinúa el presidente que, por no tratarse de un caso de narcotráfico, la justicia no debería actuar? ¿O que por ser la campaña de un gobierno popular no se debe investigar si hubo malos manejos y violaciones a las normas?
Estamos muy atentos a denunciar cualquier intento por burlar la democracia colombiana, pero lo que estamos viendo es a un Gobierno que pretende eludir con juegos retóricos la responsabilidad de sus actos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Partamos por reconocer que hay quienes en Colombia quisieran ver truncado el período presidencial de Gustavo Petro y sepultar cualquier posibilidad de cambio en el país. También que ha sido evidente que las cabezas de los entes de control, como el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, han intervenido de manera inadecuada en política. Sin embargo, nada de eso justifica que el presidente de la República esté utilizando trampas retóricas para esconder fallas en sus funcionarios y tratar de vender la idea de que cualquier decisión disciplinaria en contra de su gobierno es parte de una conspiración mayor para no dejarlo gobernar. Ante la incapacidad de reflexión en la Casa de Nariño se adopta el discurso de la persecución para enardecer el debate público y pasar de agache en la asunción de responsabilidades.
“Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, dijo el presidente Petro esta semana, en referencia a las suspensiones del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Olmedo López, por la Contraloría, y del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por la Procuraduría. Dejó de lado el presidente Petro en su reacción, eso sí, alguna referencia al fondo de las decisiones.
Ya el viernes pasado explicamos en este espacio las razones que justifican la intervención de la Contraloría en el caso de la Ungrd. Igual ocurre con la suspensión por tres meses que la Procuraduría impuso al canciller. Lo que no contó el presidente en su discurso conspirativo es que se trata de un error no forzado, de una crisis engendrada y fomentada desde la propia Casa de Nariño. La Cancillería de Leyva aprobó los términos de la licitación para producir los pasaportes, abrió el concurso, avanzó en las etapas precontractuales con normas claras y luego, de manera intempestiva, decidió echar para atrás el proceso en una clara violación de la ley. El Ministerio Público, que tiene la potestad amparada por la Corte Constitucional para vigilar las actuaciones administrativas, entró a estudiar el caso. ¿Que la procuradora Cabello ha tenido un mandato cuestionable por sus sesgos? Sí. ¿Que merecía el canciller Leyva la vigilancia disciplinaria? También. No hay persecución, sino una consecuencia apenas esperable por un manejo inapropiado.
Ante una inspección realizada en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), también dijo el presidente Petro que están “buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la Presidencia”. Y mostró extrañeza porque, en su concepto, los allanamientos “eran sobre organizaciones mafiosas” pero “ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico”.
Graves acusaciones que, no obstante, no van acordes con la realidad. Existen indicios de que Fecode aportó dinero no reportado a la campaña presidencial del presidente Petro. De probarse, se trataría de una violación a las normas. Por eso, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ordenaron el allanamiento. ¿Insinúa el presidente que, por no tratarse de un caso de narcotráfico, la justicia no debería actuar? ¿O que por ser la campaña de un gobierno popular no se debe investigar si hubo malos manejos y violaciones a las normas?
Estamos muy atentos a denunciar cualquier intento por burlar la democracia colombiana, pero lo que estamos viendo es a un Gobierno que pretende eludir con juegos retóricos la responsabilidad de sus actos.
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