La protesta sigue, el país no puede parar

Hay indignación en sectores de la opinión pública con varias decisiones que el Congreso ha venido tomando esta semana, justo mientras se convocaba a otra marcha del paro nacional. En particular se critican dos de ellas, la reforma tributaria y la reducción del sueldo de los legisladores, pues apuntan directamente a reclamos que se han hecho desde las calles. Nos parece importante distinguir los espacios adecuados para dar discusiones estructurales.

La reducción del sueldo de los congresistas es una medida que está dando vueltas en el país desde hace mucho tiempo, pero en particular desde el año pasado, cuando se celebró la consulta anticorrupción. Aunque se quedó a unos pocos votos de ser vinculante, la votación favorable que recibió la consulta envió un mensaje claro: los colombianos quieren medidas tangibles y efectivas para luchar contra la corrupción. Lastimosamente, ni el Gobierno Nacional ni el Congreso de la República han estado a la altura de esa petición.

Aunque el Gobierno convocó a unas mesas de diálogos para llegar a un acuerdo anticorrupción con todos los partidos, poco más de un año después no hay mucho para mostrar. Por eso fue llamativo que el presidente del Congreso, Lidio García, propusiera rebajar en 15% el salario de los legisladores.

En una decisión que causó la indignación que mencionamos, los congresistas se opusieron a dar esta discusión en este momento. Contrario a lo que se ha dicho, nos parece una decisión acertada. El país necesita proyectos serios que enfrenten la lucha contra la corrupción de raíz, no gestos simbólicos que pretenden obtener réditos fáciles en medio de las manifestaciones. El Congreso está en mora de aprobar un paquete integral de reformas en este tema y la presión debería enfocarse en pedir que eso se haga, sin más dilaciones, el año entrante.

Por otro lado, las comisiones económicas del Congreso sesionaron en conjunto y decidieron aprobar la ponencia que ya se había trabajado con el Ministerio de Hacienda. Esto significa que, a menos que se presenten obstáculos, no se necesitarán sesiones extras para aprobar este proyecto.

Varias críticas se han hecho al trámite de la reforma tributaria. En síntesis, se argumenta que la lógica fiscal que la orienta va en contravía de muchas de las peticiones que se han presentado en la calle. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, como lo hemos dicho, esta no es la oportunidad de dar ese debate.

Esta ley de financiamiento ya se discutió en extenso el año pasado: solo se está tramitando de nuevo por un vicio de procedimiento que se está enmendando. Cualquier modificación de fondo que se le pretenda hacer, o que provenga, por ejemplo, de un acuerdo a partir del diálogo nacional, tiene que hacerse de manera técnica, con suficiente tiempo de discusión. Mientras eso ocurre, el Estado debe poder operar bajo reglas que ya se habían anunciado y aprobado.

El Gobierno debe dar señales inmediatas de que está dispuesto a escuchar (eso incluye negociar, por cierto), pero para eso hay otros espacios que no juegan con la estabilidad de las finanzas públicas y la planeación estatal. Sería fallarles a los colombianos abrir la puerta para la improvisación, con el año tan cerca de terminar. Que la protesta esté viva no puede significar que el país deba detenerse mientras se tramitan los reclamos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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Hay indignación en sectores de la opinión pública con varias decisiones que el Congreso ha venido tomando esta semana, justo mientras se convocaba a otra marcha del paro nacional. En particular se critican dos de ellas, la reforma tributaria y la reducción del sueldo de los legisladores, pues apuntan directamente a reclamos que se han hecho desde las calles. Nos parece importante distinguir los espacios adecuados para dar discusiones estructurales.

La reducción del sueldo de los congresistas es una medida que está dando vueltas en el país desde hace mucho tiempo, pero en particular desde el año pasado, cuando se celebró la consulta anticorrupción. Aunque se quedó a unos pocos votos de ser vinculante, la votación favorable que recibió la consulta envió un mensaje claro: los colombianos quieren medidas tangibles y efectivas para luchar contra la corrupción. Lastimosamente, ni el Gobierno Nacional ni el Congreso de la República han estado a la altura de esa petición.

Aunque el Gobierno convocó a unas mesas de diálogos para llegar a un acuerdo anticorrupción con todos los partidos, poco más de un año después no hay mucho para mostrar. Por eso fue llamativo que el presidente del Congreso, Lidio García, propusiera rebajar en 15% el salario de los legisladores.

En una decisión que causó la indignación que mencionamos, los congresistas se opusieron a dar esta discusión en este momento. Contrario a lo que se ha dicho, nos parece una decisión acertada. El país necesita proyectos serios que enfrenten la lucha contra la corrupción de raíz, no gestos simbólicos que pretenden obtener réditos fáciles en medio de las manifestaciones. El Congreso está en mora de aprobar un paquete integral de reformas en este tema y la presión debería enfocarse en pedir que eso se haga, sin más dilaciones, el año entrante.

Por otro lado, las comisiones económicas del Congreso sesionaron en conjunto y decidieron aprobar la ponencia que ya se había trabajado con el Ministerio de Hacienda. Esto significa que, a menos que se presenten obstáculos, no se necesitarán sesiones extras para aprobar este proyecto.

Varias críticas se han hecho al trámite de la reforma tributaria. En síntesis, se argumenta que la lógica fiscal que la orienta va en contravía de muchas de las peticiones que se han presentado en la calle. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, como lo hemos dicho, esta no es la oportunidad de dar ese debate.

Esta ley de financiamiento ya se discutió en extenso el año pasado: solo se está tramitando de nuevo por un vicio de procedimiento que se está enmendando. Cualquier modificación de fondo que se le pretenda hacer, o que provenga, por ejemplo, de un acuerdo a partir del diálogo nacional, tiene que hacerse de manera técnica, con suficiente tiempo de discusión. Mientras eso ocurre, el Estado debe poder operar bajo reglas que ya se habían anunciado y aprobado.

El Gobierno debe dar señales inmediatas de que está dispuesto a escuchar (eso incluye negociar, por cierto), pero para eso hay otros espacios que no juegan con la estabilidad de las finanzas públicas y la planeación estatal. Sería fallarles a los colombianos abrir la puerta para la improvisación, con el año tan cerca de terminar. Que la protesta esté viva no puede significar que el país deba detenerse mientras se tramitan los reclamos.

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