La responsabilidad por la muerte de Dimar Torres

Las pruebas son espeluznantes. Ahora el país sabe que un alto mando del Ejército Nacional parece haber ordenado el asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado de las Farc sin tacha alguna. Además, hay evidencias de seguimientos ilegales y un intento por taparlo todo. El mensaje del Ejército, del Ministerio de Defensa y de las autoridades competentes debe ser vehemente: los responsables tienen que responder ante la justicia.

Cuando Torres apareció muerto, la primera versión difundida fue que se trató de un accidente, producto de un forcejeo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en medios nacionales que, según le habían informado, eso era lo que había ocurrido. Lo propio hicieron los altos mandos del Ejército Nacional. Aunque pidieron investigaciones, el mensaje buscaba deslegitimar las denuncias hechas por la comunidad, que descubrió cuando varios soldados intentaban ocultar el cadáver de Torres.

Ahora sabemos que lo ocurrido fue mucho más macabro. En chats de WhatsApp que tiene la Fiscalía, difundidos por la revista Semana, parece evidenciarse cómo el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita presuntamente habría ordenado el asesinato. Pérez, quien era comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, escribió: “Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”. Se refería a un miembro de las fuerzas armadas que murió cuando pisó una mina en un recorrido reciente.

El “hay que matar” se convirtió en una serie de seguimientos contra Torres, a quien culparon sin ninguna prueba de trabajar para el Eln. Después, Pérez agregaría: “A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”. El resultado es que, según la Fiscalía, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo llevó a cabo el homicidio. “Mi coronel, ya lo maté”, escribió cuando ocurrieron los hechos.

Ante las voces que han pedido la renuncia del ministro Botero, el presidente Iván Duque contestó que desde el principio se exigieron las investigaciones. Eso es cierto, pero es momento de que también se reconozca el tono exculpatorio que se utilizó en los primeros días posteriores a la muerte de Torres. Ya que hay más detalles sobre la mesa, y viendo cómo se están empleando maniobras dilatorias del proceso contra los responsables, el mensaje desde el Ministerio de Defensa y los altos mandos del Ejército debería ser claro. Este tipo de comportamiento no sólo es intolerable, sino que será perseguido con todo el peso del Estado y de la ley.

El Ejército no puede traicionar a sus ciudadanos. Torres era un desmovilizado que le había apostado a la construcción de una sociedad desde la legalidad y la respuesta fue un asesinato vil a manos de personas portando un uniforme que representa a todos los colombianos. Para enfrentar la atrocidad, la responsabilidad institucional necesita ser inequívoca. Más allá de los debates sobre la pertinencia de la renuncia, lo que esperamos del ministro Botero es que encabece este tema y le dé explicaciones prontas a Colombia.

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Cuando Torres apareció muerto, la primera versión difundida fue que se trató de un accidente, producto de un forcejeo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en medios nacionales que, según le habían informado, eso era lo que había ocurrido. Lo propio hicieron los altos mandos del Ejército Nacional. Aunque pidieron investigaciones, el mensaje buscaba deslegitimar las denuncias hechas por la comunidad, que descubrió cuando varios soldados intentaban ocultar el cadáver de Torres.

Ahora sabemos que lo ocurrido fue mucho más macabro. En chats de WhatsApp que tiene la Fiscalía, difundidos por la revista Semana, parece evidenciarse cómo el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita presuntamente habría ordenado el asesinato. Pérez, quien era comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, escribió: “Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”. Se refería a un miembro de las fuerzas armadas que murió cuando pisó una mina en un recorrido reciente.

El “hay que matar” se convirtió en una serie de seguimientos contra Torres, a quien culparon sin ninguna prueba de trabajar para el Eln. Después, Pérez agregaría: “A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”. El resultado es que, según la Fiscalía, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo llevó a cabo el homicidio. “Mi coronel, ya lo maté”, escribió cuando ocurrieron los hechos.

Ante las voces que han pedido la renuncia del ministro Botero, el presidente Iván Duque contestó que desde el principio se exigieron las investigaciones. Eso es cierto, pero es momento de que también se reconozca el tono exculpatorio que se utilizó en los primeros días posteriores a la muerte de Torres. Ya que hay más detalles sobre la mesa, y viendo cómo se están empleando maniobras dilatorias del proceso contra los responsables, el mensaje desde el Ministerio de Defensa y los altos mandos del Ejército debería ser claro. Este tipo de comportamiento no sólo es intolerable, sino que será perseguido con todo el peso del Estado y de la ley.

El Ejército no puede traicionar a sus ciudadanos. Torres era un desmovilizado que le había apostado a la construcción de una sociedad desde la legalidad y la respuesta fue un asesinato vil a manos de personas portando un uniforme que representa a todos los colombianos. Para enfrentar la atrocidad, la responsabilidad institucional necesita ser inequívoca. Más allá de los debates sobre la pertinencia de la renuncia, lo que esperamos del ministro Botero es que encabece este tema y le dé explicaciones prontas a Colombia.

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