La secretaria de Educación de Medellín debería renunciar
La secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, imputada esta semana por varios delitos, debe renunciar. No porque pierda su presunción de inocencia, pues es evidente que está en todo su derecho al debido proceso y a defenderse de las graves acusaciones en su contra, sino porque una funcionaria no puede estar en un proceso judicial formal al mismo tiempo que desempeña su cargo, y menos cuando las sospechas comprometen su trabajo. Por respeto a la Alcaldía y a la ciudadanía de Medellín, debe apartarse. No sobra recordar que la Fiscalía encontró pruebas suficientes en su contra para pedir una condena por varios delitos en la asignación de recursos.
El caso que involucra a Agudelo, a Lina María Gil (exdirectora técnica de Buen Comienzo) y a Henry Paulison Gómez (representante legal de la Corporación Colombia Avanza) tiene que ver con varios detrimentos patrimoniales. En uno, por cerca de $1.292 millones, la Fiscalía dice que Agudelo habría amañado los requisitos de contratación para asegurar que la beneficiaria del contrato fuera Colombia Avanza, entidad que nunca había contratado por esos montos con Medellín y la cual, según el ICBF, tendría un rango bajo de calidad operativa y financiera. El contrato resultante fue por $23.000 millones. También está en la mira del ente acusador otro contrato para la entrega de paquetes alimentarios.
Por todo esto, Agudelo y compañía fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contrato sin requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos. Lo dicho: gravísimo, además, porque se trata de recursos para la primera infancia, de cero a cinco años, y la imputación viene de varias denuncias ciudadanas que han alertado sobre la mala administración en la alcaldía de Daniel Quintero. El próximo lunes habrá audiencia para determinar si hay medida de aseguramiento.
En respuesta a lo ocurrido, la secretaria Agudelo dijo: “Ante los jueces entregaré todas las explicaciones que sean necesarias y aportaré las pruebas que permitan demostrar que en la Secretaría de Educación trabajamos con transparencia”. Es una actitud correcta, pero debe ir acompañada de la renuncia. De lo contrario, sobre la Secretaría de Educación, la institución, pesará la sombra de que su directora está siendo procesada por la Fiscalía. También despierta dudas sobre la capacidad de la secretaria para influenciar el proceso, dado el poder de la Alcaldía. A ella y a tantos otros funcionarios investigados les corresponde entender que las expectativas de comportamiento de quienes trabajan con recursos públicos son más elevadas y, aunque en efecto termine el proceso judicial a su favor, no puede defenderse desde el poder civil, lo debe hacer como una ciudadana más.
Es fundamental que el caso avance y que la Fiscalía muestre con transparencia qué fue lo que ocurrió, para que Medellín sepa si hubo un detrimento de los recursos para sus niños. La ciudad y el país necesitan respuestas cuanto antes.
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La secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, imputada esta semana por varios delitos, debe renunciar. No porque pierda su presunción de inocencia, pues es evidente que está en todo su derecho al debido proceso y a defenderse de las graves acusaciones en su contra, sino porque una funcionaria no puede estar en un proceso judicial formal al mismo tiempo que desempeña su cargo, y menos cuando las sospechas comprometen su trabajo. Por respeto a la Alcaldía y a la ciudadanía de Medellín, debe apartarse. No sobra recordar que la Fiscalía encontró pruebas suficientes en su contra para pedir una condena por varios delitos en la asignación de recursos.
El caso que involucra a Agudelo, a Lina María Gil (exdirectora técnica de Buen Comienzo) y a Henry Paulison Gómez (representante legal de la Corporación Colombia Avanza) tiene que ver con varios detrimentos patrimoniales. En uno, por cerca de $1.292 millones, la Fiscalía dice que Agudelo habría amañado los requisitos de contratación para asegurar que la beneficiaria del contrato fuera Colombia Avanza, entidad que nunca había contratado por esos montos con Medellín y la cual, según el ICBF, tendría un rango bajo de calidad operativa y financiera. El contrato resultante fue por $23.000 millones. También está en la mira del ente acusador otro contrato para la entrega de paquetes alimentarios.
Por todo esto, Agudelo y compañía fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contrato sin requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos. Lo dicho: gravísimo, además, porque se trata de recursos para la primera infancia, de cero a cinco años, y la imputación viene de varias denuncias ciudadanas que han alertado sobre la mala administración en la alcaldía de Daniel Quintero. El próximo lunes habrá audiencia para determinar si hay medida de aseguramiento.
En respuesta a lo ocurrido, la secretaria Agudelo dijo: “Ante los jueces entregaré todas las explicaciones que sean necesarias y aportaré las pruebas que permitan demostrar que en la Secretaría de Educación trabajamos con transparencia”. Es una actitud correcta, pero debe ir acompañada de la renuncia. De lo contrario, sobre la Secretaría de Educación, la institución, pesará la sombra de que su directora está siendo procesada por la Fiscalía. También despierta dudas sobre la capacidad de la secretaria para influenciar el proceso, dado el poder de la Alcaldía. A ella y a tantos otros funcionarios investigados les corresponde entender que las expectativas de comportamiento de quienes trabajan con recursos públicos son más elevadas y, aunque en efecto termine el proceso judicial a su favor, no puede defenderse desde el poder civil, lo debe hacer como una ciudadana más.
Es fundamental que el caso avance y que la Fiscalía muestre con transparencia qué fue lo que ocurrió, para que Medellín sepa si hubo un detrimento de los recursos para sus niños. La ciudad y el país necesitan respuestas cuanto antes.
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