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Este editorial no podría escribirse con tranquilidad en Hong Kong. La isla, que durante años fue un bastión de progreso, instituciones sólidas e independientes y una democracia sana, ahora está siendo aplastada por el Partido Comunista chino. Una ley de “seguridad” expedida recientemente criminaliza cualquier discurso que sea visto con malos ojos por parte de los líderes de las autoridades. Conociendo el ego frágil ante las críticas que muestra el régimen de Xi Jinping, eso significa que es un intento burdo por coartar la libertad de expresión de quienes llevan meses protestando.
Hong Kong es la crónica de una tragedia anunciada. Pese a que durante muchos años ha tenido una población libre, en contraste con lo que ocurre en China continental, esa libertad tiene fecha de expiración. Inicialmente, se esperaba que iban a pasar 50 años, desde que el Reino Unido devolvió la soberanía sobre la isla, antes de que el Partido Comunista apretara sus garras sobre la autonomía de la isla. Sin embargo, cuando solo la mitad de ese tiempo ha transcurrido, la paciencia de Xi Jinping y compañía parece estar agotándose.
Consideremos el horror que sienten los jóvenes de Hong Kong. Nacieron en una zona con libertades básicas como la de prensa y educación, que en la China continental están altamente restringidas. Fueron educados sobre las virtudes de la democracia, la autodeterminación de los pueblos, la capacidad de decidir y no tener que arrodillarse ante un soberano. Y ahora ven cómo todo eso desaparece, en una lenta agonía, ante el poder inescapable del Partido Comunista. El mundo, mientras tanto, guarda silencio, amarrado por el poder económico de China.
La ley en cuestión es digna de las novelas ya clásicas sobre censura y regímenes autoritarios. Prohíbe los mensajes de “secesión”, “subversión”, “terrorismo” y “colusión con fuerzas extranjeras”. Las autoridades tienen discrecionalidad para llenar de contenido esas categorías, por lo que los mensajes prodemocracia están siendo vistos como terroristas. Cerca de 4.500 empresas que apoyaban las protestas en Hong Kong tuvieron que quitar cualquier tipo de mensaje de apoyo, porque la policía fue a avisarles que estaban en riesgo de ser sancionadas. La condena, por cierto, puede incluso llegar a la cadena perpetua.
Cuando unos periodistas extranjeros le preguntaron a Carrie Lam, líder de Hong Kong y aliada de Xi Jinping, si les iba a garantizar poder llevar a cabo sus labores, ella contestó que sí, pero con una condición: que no rompan la ley. Ahí está el truco. Una ley diseñada para adaptarse a los caprichos del autoritarismo es una trampa difícil de evadir para quienes desean hacer periodismo crítico.
Los manifestantes en Hong Kong seguirán, pero están siendo encarcelados y diezmados por la mano fuerte de China. Este es solo el primer paso en el progresivo desmantelamiento de las libertades en la isla. Más allá de los aspavientos vacíos de Donald Trump, el mundo (incluida la diplomacia colombiana) guarda silencio. Así triunfan las dictaduras.
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