La terna inviable

En su momento la Corte Suprema de Justicia hizo explícito que la terna de la que debía escoger el que será el nuevo Fiscal no era viable. Y no lo era, entre otras razones suficientemente discutidas por la opinión pública, en razón a su extrema cercanía con el Poder Ejecutivo. Limitarse a reemplazar a una única persona, y hacerlo con un ex asesor de la Presidencia, es insistir en una terna de uno y forzar a la Corte a escoger el candidato señalado.

Marco Antonio Velilla, actual magistrado del Consejo de Estado —cuyo fuerte, una vez más, no es el derecho penal, que algunos magistrados consideran necesario ante la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio—, por lo pronto es un candidato del que no se conocen lunares. La Corte Suprema bien podría considerar como viable su hoja de vida, de no haber sido incluido en una terna que insiste en imponer a Camilo Ospina y a Virginia Uribe.

El presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, ha insistido con toda lógica en que la terna sigue siendo inviable. Pronunciamiento al que se sumó esta semana la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial —es decir, la justicia en pleno— y que no produjo reacción alguna de parte del Gobierno. Antes bien, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, resaltó con criterio minimalista que el Presidente cumplió de nuevo su obligación de integrar la terna con personas que cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución.

Para nadie es un secreto que este es un proceso atípico. Quienes hacen caso omiso de las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe olvidan también que junto con la primera reelección el equilibrio de poderes, pesos y contrapesos sobre el que reposa la Constitución perdió buena parte de su razón de ser. Apelar al respeto de la Carta Magna y sus requisitos para elegir el nuevo Fiscal, al tiempo que se insiste en su reforma, por segunda vez consecutiva y con nombre propio, es abiertamente paradójico.

En una coyuntura tan delicada como la que atravesamos es apenas entendible que la Corte Suprema de Justicia se tome su tiempo y haga las peticiones de rigor que considere pertinentes para tomar una decisión responsable. Exigir mayor independencia de parte de una terna para Fiscal proveniente del mismo Gobierno que tiene una posibilidad de repetir en el poder no puede juzgarse como un simple capricho opositor. A diferencia de lo que señalan algunos de sus críticos, antes que cálculos políticos, la Corte Suprema está capoteando el resultado de la desinstitucionalización que producen los afanes reeleccionistas. Sus razones no son procedimentales, son sustantivas.

Y no parece estar sola desde que organizaciones de la sociedad civil de tan variadas tendencias ideológicas acompañan el proceso. La Corporación Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia, Congreso Visible, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, entre otras, comparten el criterio de la Corte Suprema. Es la primera ocasión en que una terna para elegir Fiscal es devuelta y ello se debe a que las condiciones institucionales son otras, pero también es la primera oportunidad en que la sociedad civil se muestra vigilante y alerta.

Los dos candidatos que se resisten a abandonar la terna, vale insistir, le harían un enorme bien al país declinando sus aspiraciones de salir electos. La interinidad preocupa, claro, y es muy nociva, pero un nombramiento equivocado y permanente puede ser catastrófico para la administración de justicia en el país.

En su momento la Corte Suprema de Justicia hizo explícito que la terna de la que debía escoger el que será el nuevo Fiscal no era viable. Y no lo era, entre otras razones suficientemente discutidas por la opinión pública, en razón a su extrema cercanía con el Poder Ejecutivo. Limitarse a reemplazar a una única persona, y hacerlo con un ex asesor de la Presidencia, es insistir en una terna de uno y forzar a la Corte a escoger el candidato señalado.

Marco Antonio Velilla, actual magistrado del Consejo de Estado —cuyo fuerte, una vez más, no es el derecho penal, que algunos magistrados consideran necesario ante la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio—, por lo pronto es un candidato del que no se conocen lunares. La Corte Suprema bien podría considerar como viable su hoja de vida, de no haber sido incluido en una terna que insiste en imponer a Camilo Ospina y a Virginia Uribe.

El presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, ha insistido con toda lógica en que la terna sigue siendo inviable. Pronunciamiento al que se sumó esta semana la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial —es decir, la justicia en pleno— y que no produjo reacción alguna de parte del Gobierno. Antes bien, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, resaltó con criterio minimalista que el Presidente cumplió de nuevo su obligación de integrar la terna con personas que cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución.

Para nadie es un secreto que este es un proceso atípico. Quienes hacen caso omiso de las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe olvidan también que junto con la primera reelección el equilibrio de poderes, pesos y contrapesos sobre el que reposa la Constitución perdió buena parte de su razón de ser. Apelar al respeto de la Carta Magna y sus requisitos para elegir el nuevo Fiscal, al tiempo que se insiste en su reforma, por segunda vez consecutiva y con nombre propio, es abiertamente paradójico.

En una coyuntura tan delicada como la que atravesamos es apenas entendible que la Corte Suprema de Justicia se tome su tiempo y haga las peticiones de rigor que considere pertinentes para tomar una decisión responsable. Exigir mayor independencia de parte de una terna para Fiscal proveniente del mismo Gobierno que tiene una posibilidad de repetir en el poder no puede juzgarse como un simple capricho opositor. A diferencia de lo que señalan algunos de sus críticos, antes que cálculos políticos, la Corte Suprema está capoteando el resultado de la desinstitucionalización que producen los afanes reeleccionistas. Sus razones no son procedimentales, son sustantivas.

Y no parece estar sola desde que organizaciones de la sociedad civil de tan variadas tendencias ideológicas acompañan el proceso. La Corporación Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia, Congreso Visible, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, entre otras, comparten el criterio de la Corte Suprema. Es la primera ocasión en que una terna para elegir Fiscal es devuelta y ello se debe a que las condiciones institucionales son otras, pero también es la primera oportunidad en que la sociedad civil se muestra vigilante y alerta.

Los dos candidatos que se resisten a abandonar la terna, vale insistir, le harían un enorme bien al país declinando sus aspiraciones de salir electos. La interinidad preocupa, claro, y es muy nociva, pero un nombramiento equivocado y permanente puede ser catastrófico para la administración de justicia en el país.