Justo antes de terminar la semana pasada, Colombia conoció una serie de cifras que causan terror y deberían ayudar a dimensionar una de las crisis que más perduran. Hablando con Blu Radio, Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dijo que este año tuvimos por lo menos 3.500 bebés nacidos de menores de edad entre 10 y 14 años. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, señaló que han atendido 16.221 niños, niñas y adolescentes por violencia sexual en 2022. Para terminar, la Defensoría del Pueblo afirmó que la violencia contra menores de edad aumentó en un 24 %, incluyendo un incremento del 10 % en homicidios. La niñez está en crisis, en particular las niñas de Colombia. ¿Dónde están los planes de intervención inmediata?
Urdinola es contundente: “Que estas niñas estén teniendo bebés lo que está demostrando es que ha habido acceso carnal sobre ellas (...). Cuando cruzamos la información de la edad de los padres es grueso, son mayores de 20 años. Es una situación muy triste, son casos de abuso”. Por ejemplo, mientras en 2020 hubo cuatro nacimientos en niñas de 10 años, en 2021 hubo 79. Y las cifras también subieron para los nacimientos en niñas de 11, 12, 13 y 14 años. ¿A quién se le ocurre que una niña de estas edades debe convertirse en madre?
La trampa es circular. Las menores que tienen hijos a estas edades no pueden seguir educándose, pasan a depender económicamente de sus abusadores o caen en la pobreza absoluta. Son vidas truncadas por la violencia, la desprotección y la falta de apoyo. Estamos perdiendo la lucha contra la violencia sexual y los gobiernos, que hablan mucho de proteger a la niñez, muestran una vez más su incapacidad de actuar. El Congreso, mientras tanto, se indigna por proyectos de ley que buscan expandir la educación sexual. Es muy difícil sentir esperanza por un país estancado en su puritanismo.
Porque no hay espacio para engaños: estas niñas que están siendo víctimas de abuso sufren por culpa de una sociedad timorata, cómplice y sin educación sexual. En un país donde el aborto es libre hasta la semana 24, incluyendo para niñas y adolescentes, los operadores de salud siguen inventándose obstáculos porque prefieren ver a niñas de 10 años convertirse en madres antes que llevar a cabo un procedimiento seguro que salva vidas. En un país donde se saca pecho por las cifras de acceso a educación, los colegios no son espacios seguros para discutir sobre sexualidad, para empoderar a las niñas y adolescentes, para escucharlas sin tapujos y sin sesgos.
Es profundamente frustrante sentir que este editorial ya lo hemos escrito, pero es que el problema no cambia. Solo empeora. Sabíamos que la pandemia iba a aumentar los casos de violencia sexual; sabíamos que las niñas, adolescentes y mujeres estaban en riesgo especialmente; sabíamos que el Estado no tiene la infraestructura adecuada para atender la crisis... y no se pudo evitar el desastre. Esta debería ser la prioridad del Gobierno y el Congreso todo 2023.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Justo antes de terminar la semana pasada, Colombia conoció una serie de cifras que causan terror y deberían ayudar a dimensionar una de las crisis que más perduran. Hablando con Blu Radio, Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dijo que este año tuvimos por lo menos 3.500 bebés nacidos de menores de edad entre 10 y 14 años. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, señaló que han atendido 16.221 niños, niñas y adolescentes por violencia sexual en 2022. Para terminar, la Defensoría del Pueblo afirmó que la violencia contra menores de edad aumentó en un 24 %, incluyendo un incremento del 10 % en homicidios. La niñez está en crisis, en particular las niñas de Colombia. ¿Dónde están los planes de intervención inmediata?
Urdinola es contundente: “Que estas niñas estén teniendo bebés lo que está demostrando es que ha habido acceso carnal sobre ellas (...). Cuando cruzamos la información de la edad de los padres es grueso, son mayores de 20 años. Es una situación muy triste, son casos de abuso”. Por ejemplo, mientras en 2020 hubo cuatro nacimientos en niñas de 10 años, en 2021 hubo 79. Y las cifras también subieron para los nacimientos en niñas de 11, 12, 13 y 14 años. ¿A quién se le ocurre que una niña de estas edades debe convertirse en madre?
La trampa es circular. Las menores que tienen hijos a estas edades no pueden seguir educándose, pasan a depender económicamente de sus abusadores o caen en la pobreza absoluta. Son vidas truncadas por la violencia, la desprotección y la falta de apoyo. Estamos perdiendo la lucha contra la violencia sexual y los gobiernos, que hablan mucho de proteger a la niñez, muestran una vez más su incapacidad de actuar. El Congreso, mientras tanto, se indigna por proyectos de ley que buscan expandir la educación sexual. Es muy difícil sentir esperanza por un país estancado en su puritanismo.
Porque no hay espacio para engaños: estas niñas que están siendo víctimas de abuso sufren por culpa de una sociedad timorata, cómplice y sin educación sexual. En un país donde el aborto es libre hasta la semana 24, incluyendo para niñas y adolescentes, los operadores de salud siguen inventándose obstáculos porque prefieren ver a niñas de 10 años convertirse en madres antes que llevar a cabo un procedimiento seguro que salva vidas. En un país donde se saca pecho por las cifras de acceso a educación, los colegios no son espacios seguros para discutir sobre sexualidad, para empoderar a las niñas y adolescentes, para escucharlas sin tapujos y sin sesgos.
Es profundamente frustrante sentir que este editorial ya lo hemos escrito, pero es que el problema no cambia. Solo empeora. Sabíamos que la pandemia iba a aumentar los casos de violencia sexual; sabíamos que las niñas, adolescentes y mujeres estaban en riesgo especialmente; sabíamos que el Estado no tiene la infraestructura adecuada para atender la crisis... y no se pudo evitar el desastre. Esta debería ser la prioridad del Gobierno y el Congreso todo 2023.
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