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No son suficientes las declaraciones del presidente de la República y del ministro de Defensa sobre las interceptaciones ilegales en el Ejército. No es suficiente, tampoco, la separación del cargo de 11 oficiales y un brigadier, de quienes ni siquiera conocimos los nombres. No son suficientes los golpes en el pecho que buscan demostrar cómo el Ejército es intachable y el país debe pasar la página. No es la primera vez, ni parece probable que sea la última, que ocurra una traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las fuerzas armadas, y es hora de que el Gobierno demuestre si tiene la voluntad y la capacidad de enfrentar las raíces del problema.
Según la revista Semana, miembros del Ejército Nacional estaban utilizando —una vez más— los enormes recursos de inteligencia a su disposición para hacer interceptaciones ilegales, perfilar “enemigos de la patria” que en realidad son periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política al Gobierno, filtrar información falsa para desprestigiar a ciudadanos y afectar la democracia.
Son acusaciones gravísimas. Los colombianos financiamos con nuestros impuestos y respaldamos con vehemencia al Ejército bajo el entendido de que es una institución que nos protege, que respeta la Constitución y que no es un aparato al servicio de ciertas ideologías políticas. Cuando se aprovechan de sus capacidades para hacer seguimientos, se configura un terrorismo con financiación estatal y la ayuda internacional. La palabra apropiada es traición: a los principios básicos de la democracia y al acuerdo entre nuestra fuerza pública y la sociedad.
Por eso es tan frustrante ver que la respuesta oficial es la misma de siempre. Desde Presidencia se rechaza lo ocurrido, desde el Ministerio de Defensa se anuncian investigaciones y retiros, pero nada más profundo pasa. Se dice que fueron unas pocas “manzanas podridas”, pero, si vamos coleccionando la historia colombiana, encontramos que hay canastas y canastas llenas de esas manzanas, que se van renovando. ¿No será que el problema tiene raíces más profundas?
¿Qué es lo que permite que los militares se sientan amenazados cuando un periodista los investiga o critica? ¿Qué discursos oficiales son los que generan paranoia en la tropa y equiparan la oposición política a la existencia de enemigos letales? ¿Cómo está fallando la educación militar cuando miembros del Ejército no sienten la necesidad de proteger a todos los ciudadanos, sino solo a quienes no son críticos? Esas son las preguntas que el presidente y el ministro deberían estar contestando, pero ni siquiera parece que se las estén haciendo.
Esta historia la conocemos. Cada vez que se descubre un escándalo de interceptaciones ilegales, cambian la manera de hacerlo, pero la práctica persiste. Siempre desde la institucionalidad, siempre tildada de ser producto de “unas cuantas manzanas podridas”, siempre violenta y muy dañina para la legitimidad del Estado colombiano.
Se siente el afán del Gobierno y de la comandancia del Ejército por dejar el escándalo a un lado, minimizar sus alcances. Pero esa es la actitud incorrecta. Una violación de este nivel a los derechos fundamentales de quienes trabajan por Colombia no se soluciona con las fórmulas de siempre. ¿Será capaz el Gobierno de tomar responsabilidad para ir hasta la raíz?
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