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En contraprogamación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), los mineros del Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño entraron en paro, y los de Santander también alzaron la mano en protesta. Se sienten olvidados por el Gobierno, estigmatizados por el presidente de la República y abandonados en los planes de sostenibilidad y transición energética. Sus reclamos muestran uno de los problemas del cambio de paradigma ambiental que se está imponiendo: ¿cómo podemos apoyar a quienes han dependido durante años de la explotación minera? La respuesta no es simplemente darles la espalda.
Igual el año pasado, los mineros se han tomado varias calles del país. Se estima que son unos 30.000, los cuales, entre otras cosas, resienten que el presidente los haya tildado de criminales. De fondo está la denuncia de un incumplimiento de lo pactado, un proceso de formalización que está demorado y un Gobierno que está más concentrado en la regulación ambiental que en la situación económica de los mineros. El tema es delicado, pues marchando están mineros artesanales cuya completa subsistencia depende de la economía en torno a las minas. Si no hay respuestas, poblaciones enteras se quedarán sin ingresos.
Además de la ausencia de formalización, que fue una de las promesas de campaña del presidente Petro, hay una pregunta abierta sobre las regulaciones ambientales. Con el Decreto 0044 de 2024, el Gobierno dejó en reserva temporal zonas que estaban siendo utilizadas por mineros temporales. Esto para proteger el ambiente, pero en la práctica impide el trabajo en espacios que históricamente han sido explotados. En conversación con Blu Radio, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros en Santander, dijo que más de medio millón de personas dedicadas a la minería no están pudiendo hacer su trabajo por la pugna con las regulaciones ambientales. También sienten que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, no permite la interlocución.
En respuesta, el Gobierno nacional dice que “seguiremos trabajando por una minería sostenible, que contribuya a la vida y la paz en el país, respetando siempre el legítimo derecho a la protesta en el marco de la ley”. Pero la frustración crece. Yarley Marín López, presidente de la mesa minera de Segovia en Antioquia, dijo que “aquí hay que brindarles las oportunidades reales a las comunidades para que transformen sus modos de vida y al mismo tiempo propendan por el cuidado del medioambiente, pero no se puede exterminar una cultura porque firmamos un tratado internacional”.
La transición energética es innegociable y la necesidad de cambiar nuestra relación con la naturaleza es urgente. En eso estamos de acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los cambios no se pueden hacer de manera intempestiva ni mucho menos sin darles alternativas a las personas que dependen de la minería. Si la formalización sigue estancada, la minería ilegal seguirá sin control. Si la designación de reservas ambientales se hace sin sentido de realidad, es entendible la frustración de las personas. El Gobierno necesita escuchar a las voces del paro y encontrar maneras de llegar a acuerdos que se cumplan. No hay de otra. Tantas regiones del país construidas sobre la minería no pueden, de la noche a la mañana, modificar sus realidades.
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