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En una semana Joe Biden asumirá la Presidencia de Estados Unidos, mientras que Donald Trump atenta contra la institucionalidad, se presentan renuncias de altos funcionarios de su gabinete y el FBI y el Pentágono advierten sobre nuevos desmanes por parte de sus fanáticos seguidores en estos días por venir. En el Capitolio los legisladores demócratas le han iniciado un nuevo impeachment (proceso de destitución) para evitar que el precedente de la conducta de Trump quede impune. Difícilmente el país del norte recuerda una transición presidencial más accidentada.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, conminó el pasado lunes al vicepresidente Mike Pence a que iniciara de inmediato el proceso de remoción de Trump, previsto en la llamada Enmienda 25 de la Constitución. Dado que no se produjo, avanza la solicitud de destitución por el delito de “incitación a la insurrección”. Lo anterior, debido a la conducta del actual ocupante de la Casa Blanca, en especial su incitación a un golpe de Estado por parte de una turba de sus fanáticos seguidores la semana anterior. De esta manera, Donald Trump enfrentará su segundo impeachment, el cuarto en la historia de Estados Unidos, por una situación que no tiene antecedentes en el país y que le costó, además, la vida a cinco personas.
Los legisladores demócratas, así como algunos congresistas republicanos, buscan que a futuro no se presenten este tipo de conductas delictivas. No se puede cohonestar que un jefe de Estado promueva conductas que atenten contra la Constitución, con la grave perspectiva, como ha dejado entrever Trump, de presentarse en cuatro años a la reelección. Como es usual en él, dijo ayer que el proceso de impeachment es “la mayor caza de brujas en la historia política” y lanzó la velada amenaza de que, si el proceso avanza, es probable que sus seguidores manifiesten su rabia. Este es un procedimiento que toma tiempo y debe surtir su trámite primero en la Cámara, para luego pasar al Senado. Todo indica que demorará algunos meses, en especial para no perjudicar el inicio de la administración Biden con una situación tan compleja sobre la mesa. La expectativa radica en que, dado que se necesitan las dos terceras partes de los senadores para que prospere la destitución, un grupo de republicanos voten a favor de quitarse de encima el fantasma de la reelección de Trump.
De momento, la mayor preocupación radica en la alerta del FBI y el Pentágono sobre posibles revueltas en estos días, con especial énfasis el 20 de enero, día de la transición presidencial. Lo anterior no solo en Washington D. C., sino que podría repercutir en los distintos capitolios regionales. No se trata de una mera advertencia por parte de estas dos autoridades. Las pesquisas por lo ocurrido la semana pasada en la capital demuestran que los atacantes del Congreso contaban con armas, artefactos caseros y esposas plásticas para una eventual toma de rehenes. En algunos foros de internet de la ultraderecha se planean acciones que lleven a una “Marcha del Millón de Milicias”. Hasta ahora, hay 25 casos abiertos de terrorismo nacional y se han cerrado cerca de 70.000 cuentas en redes sociales de personas pertenecientes a grupos de fanáticos trumpistas.
Estados Unidos es un país que, a pesar de las imperfecciones que pueda tener su democracia, ha demostrado que la institucionalidad está por encima de los personalismos, del narcisismo, de la egolatría o de la actitud violatoria de la ley de su gobernante de turno, hasta ahora. En esta ocasión, a pesar de la presión de Trump y sus desadaptados y fanáticos seguidores con un eventual uso de la violencia, los mecanismos de pesos y contrapesos están llamados a velar por la institucionalidad democrática. Y a que quien ha generado y alentado a la turba reciba el castigo que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley, las mismas que él ha venido desconociendo de manera reiterada.
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