El debate público entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la colecta para terminar obras esenciales abre el debate sobre qué pueden hacer las entidades territoriales cuando la nación se queda sin recursos. Aunque es incorrecto por parte del mandatario de los colombianos sugerir que las donaciones pueden infiltrarse con facilidad por parte de la criminalidad, la Gobernación de Antioquia también necesita considerar los impactos en política pública que implica pedir donaciones para terminar carreteras. No podemos caer en una administración pública mediante plebiscito, donde quienes más dinero tienen definen qué se construye y qué no.
El Gobierno Nacional anunció hace unas semanas que no puede aportar los recursos para terminar proyectos claves en Antioquia. Los dos más importantes son el tramo 2 de las vías de conexión del túnel del Toyo, así como un proyecto de conexión con el Pacífico. En total, según datos de la Gobernación de Antioquia, se necesita $1 billón para terminar esas construcciones. La negativa por parte de Bogotá implica, de nuevo según la Gobernación, que después de mitad de año toque interrumpir las construcciones. En un video publicado el día de ayer, el gobernador Rendón dijo que el riesgo latente es que estemos ante un elefante blanco. Por eso la solución fue abrir una “vaca” para que cualquier persona aportara a las arcas del departamento. El resultado ha sido abrumador: al cierre de esta edición se habían recolectado más de $1.270 millones en solo dos días de convocatoria.
Esto llamó la atención del presidente Petro. También ayer, en su cuenta de X, escribió: “Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de “la vaca” innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”. También agregó que “le propongo más bien implementar con el Gobierno Nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia”.
La primera objeción hace referencia a un comunicado del Clan del Golfo, donde el grupo criminal dijo haber aportado $10 millones a la “vaca”. En respuesta, el gobernador Rendón pidió al presidente no estigmatizar a los más de 5.000 donantes y que tanto la Gobernación como Bancolombia tienen los mecanismos para filtrar el origen de los recursos. Estamos de acuerdo. Si existe la vigilancia efectiva, no puede sembrarse el manto de la duda sobre una actividad cívica. Las personas se están manifestando de forma vehemente ante la falta de financiación y tienen el derecho de hacerlo.
Cobrar una valorización tampoco tiene mucho sentido. Ante la falla del Gobierno Nacional, se pretende cargar al contribuyente antioqueño. Pasaríamos, entonces, de una colecta voluntaria a una nueva obligación con el Estado. En momentos de economía resentida no es lo correcto.
Dicho lo anterior, la colecta deja varias dudas: ¿por qué priorizar unas obras por encima de otras solo porque las personas con más dinero pueden aportar para su construcción? ¿Por qué recurrir a donaciones cuando hay vías institucionales mejor regladas para hacerlo? Y, lo más importante: ¿por qué rendirse en el objetivo de un diálogo productivo con el Gobierno Nacional? Es tiempo de construir puentes más allá de la vaca.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El debate público entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la colecta para terminar obras esenciales abre el debate sobre qué pueden hacer las entidades territoriales cuando la nación se queda sin recursos. Aunque es incorrecto por parte del mandatario de los colombianos sugerir que las donaciones pueden infiltrarse con facilidad por parte de la criminalidad, la Gobernación de Antioquia también necesita considerar los impactos en política pública que implica pedir donaciones para terminar carreteras. No podemos caer en una administración pública mediante plebiscito, donde quienes más dinero tienen definen qué se construye y qué no.
El Gobierno Nacional anunció hace unas semanas que no puede aportar los recursos para terminar proyectos claves en Antioquia. Los dos más importantes son el tramo 2 de las vías de conexión del túnel del Toyo, así como un proyecto de conexión con el Pacífico. En total, según datos de la Gobernación de Antioquia, se necesita $1 billón para terminar esas construcciones. La negativa por parte de Bogotá implica, de nuevo según la Gobernación, que después de mitad de año toque interrumpir las construcciones. En un video publicado el día de ayer, el gobernador Rendón dijo que el riesgo latente es que estemos ante un elefante blanco. Por eso la solución fue abrir una “vaca” para que cualquier persona aportara a las arcas del departamento. El resultado ha sido abrumador: al cierre de esta edición se habían recolectado más de $1.270 millones en solo dos días de convocatoria.
Esto llamó la atención del presidente Petro. También ayer, en su cuenta de X, escribió: “Le solicito al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de “la vaca” innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”. También agregó que “le propongo más bien implementar con el Gobierno Nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia”.
La primera objeción hace referencia a un comunicado del Clan del Golfo, donde el grupo criminal dijo haber aportado $10 millones a la “vaca”. En respuesta, el gobernador Rendón pidió al presidente no estigmatizar a los más de 5.000 donantes y que tanto la Gobernación como Bancolombia tienen los mecanismos para filtrar el origen de los recursos. Estamos de acuerdo. Si existe la vigilancia efectiva, no puede sembrarse el manto de la duda sobre una actividad cívica. Las personas se están manifestando de forma vehemente ante la falta de financiación y tienen el derecho de hacerlo.
Cobrar una valorización tampoco tiene mucho sentido. Ante la falla del Gobierno Nacional, se pretende cargar al contribuyente antioqueño. Pasaríamos, entonces, de una colecta voluntaria a una nueva obligación con el Estado. En momentos de economía resentida no es lo correcto.
Dicho lo anterior, la colecta deja varias dudas: ¿por qué priorizar unas obras por encima de otras solo porque las personas con más dinero pueden aportar para su construcción? ¿Por qué recurrir a donaciones cuando hay vías institucionales mejor regladas para hacerlo? Y, lo más importante: ¿por qué rendirse en el objetivo de un diálogo productivo con el Gobierno Nacional? Es tiempo de construir puentes más allá de la vaca.
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