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Hay dos debates que se suelen mezclar al hablar de lo ocurrido con alias Jesús Santrich. Uno, el que parece tener más eco en la opinión pública y ha sido impulsado hasta por el canciller suspendido, Álvaro Leyva, es si el exnegociador de las FARC sufrió un entrampamiento de la Fiscalía. El otro, que por las evidencias disponibles nos parece más importante para el país, es si la Fiscalía, dirigida en aquel entonces por Néstor Humberto Martínez, decidió torpedear el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un informe reciente de Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos de la ONU, da herramientas para seguir avanzando en ambas discusiones.
Decimos que suelen mezclarse porque cuando la Fiscalía ordenó la captura de Jesús Santrich, el discurso prevalente en los defensores del Acuerdo de Paz fue el del entrampamiento. Resumiendo un debate complejo, la postura era que el exnegociador había sido víctima de un montaje judicial para torpedear lo pactado en La Habana. Eso fue lo que dijo el mismo Santrich quien, junto a Iván Márquez, aprovechó esa situación para retomar las armas, traicionar el acuerdo y regresar al monte. Sin embargo, esa versión es una manipulación de la realidad. Aquí está lo que se debe aceptar para tener un debate serio sobre lo ocurrido: Santrich estaba cometiendo actos de narcotráfico, con plena conciencia de que eso implicaba una violación de lo pactado, y fue descubierto por las autoridades nacionales y de Estados Unidos. Sus cómplices fueron condenados en el país del norte. No se puede hablar de montaje cuando el involucrado cometió el crimen de manera voluntaria. Su final trágico, pues fue dado de baja, ocurrió entregado a la ilegalidad.
Otra conversación es cómo fue el actuar de la Fiscalía de Martínez con respecto a su lealtad con la JEP. Al sol de hoy, la Fiscalía no ha querido darle celeridad a lo investigado. El informe de Urrejola apunta en ese sentido cuando dice que en “el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso”. Por eso, la experta de la ONU concluye que “el asunto relativo a Santrich ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo de Paz y en el sistema de justicia transicional”. Esto lleva a una sugerencia que debería adoptarse: “La conformación de un grupo de expertos independientes para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación”. Luz Adriana Camargo, nueva fiscal, debería darle sentido de urgencia a este punto.
Sobre el entrampamiento, Urrejola dice que no tiene herramientas para comprobarlo. Sin embargo, sí menciona que se pudo haber utilizado un “agente provocador”, lo que merece más investigación. También estamos de acuerdo: lo fundamental es que la Fiscalía sea capaz de contarle al país cómo fue su actuar durante ese periodo. Como contó El Espectador en su momento, la negación de compartir información y audios con la JEP saboteó el trabajo de la justicia transicional de manera cuestionable. Esas son las respuestas pendientes: no si Santrich cometió un crimen, sino si el ente investigador aprovechó eso para obstaculizar la justicia transicional.
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