La voluntad no es suficiente para proteger a los líderes sociales
Cambió el gobierno, pero sigue la masacre de líderes sociales. A pesar de la buena voluntad expresada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para al fin ponerle freno al goteo incesante y sistemático de personas asesinadas que le apostaron a la democracia, un informe reciente de Amnistía Internacional (AI) pone el dedo sobre la llaga: el Estado colombiano sigue fallando de manera estruendosa. La desconexión entre las entidades encargadas de la protección sumada a la ausencia histórica del Estado en zonas rojas con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones de narcotraficantes han hecho que en Colombia la defensa de los derechos humanos siga siendo una actividad de alto riesgo.
Es cierto que el problema no empezó durante la administración Petro. Gobierno tras gobierno, Colombia ha fallado en la protección de los líderes sociales. Entre 2017 y 2022 el promedio anual ha estado alrededor de 120 personas asesinadas. Es decir, 10 homicidios cada mes, uno cada tres días. Las cifras son incluso peores si se miran los listados más abultados. Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en 2021 hubo 145 líderes asesinados y en 2022, un total de 215. Esta tragedia es un fracaso de país y del proyecto de nación en paz que nos hemos imaginado.
Dirá la administración Petro que ha cambiado la actitud del Gobierno y que ha tomado medidas para intentar reducir las masacres, pero los resultados saltan a la vista. Mucho discurso y pésima ejecución. Lo confirma Ana Piquer, representante para las Américas de Amnistía Internacional, quien dijo que “se falló fue precisamente en la implementación. En conseguir la coordinación entre instituciones, ministerios, el Gobierno central y los gobiernos locales, para hacer que esto se implemente. El Estado no fue capaz de implementar un plan con ese nivel de ambición. Eso nos preocupa. La voluntad no es suficiente. Lo que toca es encontrar maneras de que se genere una diferencia real en los territorios”. Eso no está ocurriendo y, un año después, la violencia se ha recrudecido.
¿Por qué nos ha costado tanto frenar el asesinato de líderes sociales? La respuesta es compleja, pero los síntomas están diagnosticados hace décadas. Se trata de una mezcla de incapacidad institucional, fragmentada en burocracias que no se comunican entre sí, y ausencia del Estado en territorios dominados a punta de armas y dinero criminal. La apuesta por la paz total busca, en el mediano plazo, que no haya grupos armados ilegales, pero no podemos esperar a que eso se materialice. De por sí, el demonio estará en cómo se implemente lo que se pacte y en el poder que adquieran las organizaciones criminales que no están negociando con el Gobierno.
No podemos abandonar las denuncias. Es cierto que el actual Gobierno llegó apoyado en gran medida por las poblaciones donde ocurre la violencia. La misma vicepresidenta, Francia Márquez, es una lideresa social que ha sido amenazada en múltiples ocasiones. Eso, sin embargo, no niega el hecho de que el Estado continúa fallando y está sin respuestas aparentes. Los asesinatos persisten, la impunidad sigue siendo la norma (lo que debería ser una consideración en la elección de la próxima fiscal general de la nación) y el terror es el día a día de muchas comunidades.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Cambió el gobierno, pero sigue la masacre de líderes sociales. A pesar de la buena voluntad expresada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para al fin ponerle freno al goteo incesante y sistemático de personas asesinadas que le apostaron a la democracia, un informe reciente de Amnistía Internacional (AI) pone el dedo sobre la llaga: el Estado colombiano sigue fallando de manera estruendosa. La desconexión entre las entidades encargadas de la protección sumada a la ausencia histórica del Estado en zonas rojas con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones de narcotraficantes han hecho que en Colombia la defensa de los derechos humanos siga siendo una actividad de alto riesgo.
Es cierto que el problema no empezó durante la administración Petro. Gobierno tras gobierno, Colombia ha fallado en la protección de los líderes sociales. Entre 2017 y 2022 el promedio anual ha estado alrededor de 120 personas asesinadas. Es decir, 10 homicidios cada mes, uno cada tres días. Las cifras son incluso peores si se miran los listados más abultados. Según la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en 2021 hubo 145 líderes asesinados y en 2022, un total de 215. Esta tragedia es un fracaso de país y del proyecto de nación en paz que nos hemos imaginado.
Dirá la administración Petro que ha cambiado la actitud del Gobierno y que ha tomado medidas para intentar reducir las masacres, pero los resultados saltan a la vista. Mucho discurso y pésima ejecución. Lo confirma Ana Piquer, representante para las Américas de Amnistía Internacional, quien dijo que “se falló fue precisamente en la implementación. En conseguir la coordinación entre instituciones, ministerios, el Gobierno central y los gobiernos locales, para hacer que esto se implemente. El Estado no fue capaz de implementar un plan con ese nivel de ambición. Eso nos preocupa. La voluntad no es suficiente. Lo que toca es encontrar maneras de que se genere una diferencia real en los territorios”. Eso no está ocurriendo y, un año después, la violencia se ha recrudecido.
¿Por qué nos ha costado tanto frenar el asesinato de líderes sociales? La respuesta es compleja, pero los síntomas están diagnosticados hace décadas. Se trata de una mezcla de incapacidad institucional, fragmentada en burocracias que no se comunican entre sí, y ausencia del Estado en territorios dominados a punta de armas y dinero criminal. La apuesta por la paz total busca, en el mediano plazo, que no haya grupos armados ilegales, pero no podemos esperar a que eso se materialice. De por sí, el demonio estará en cómo se implemente lo que se pacte y en el poder que adquieran las organizaciones criminales que no están negociando con el Gobierno.
No podemos abandonar las denuncias. Es cierto que el actual Gobierno llegó apoyado en gran medida por las poblaciones donde ocurre la violencia. La misma vicepresidenta, Francia Márquez, es una lideresa social que ha sido amenazada en múltiples ocasiones. Eso, sin embargo, no niega el hecho de que el Estado continúa fallando y está sin respuestas aparentes. Los asesinatos persisten, la impunidad sigue siendo la norma (lo que debería ser una consideración en la elección de la próxima fiscal general de la nación) y el terror es el día a día de muchas comunidades.
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