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El sábado anterior se presentaron dos hechos censurables contra migrantes en Costa Rica y Brasil. En San José y en Paracaima, ciudadanos atacaron a personas de nacionalidad nicaragüense o venezolana que salieron de sus respectivos países por la difícil situación política y social. A pesar de la reacción de los gobiernos para garantizar la seguridad y evitar futuros desmanes, lo cierto es que la xenofobia que se ha venido incubando en los últimos meses está aflorando de la peor manera posible.
En el caso de Brasil, al parecer, un grupo de venezolanos atacó a un tendero brasileño en la pequeña localidad fronteriza de Paracaima. Los lugareños atacaron entonces un campamento de refugiados, donde golpearon a las personas y prendieron fuego a las improvisadas carpas. El estado fronterizo de Roraima es uno de los más pobres de Brasil y el impacto de la llegada de unos 50.000 venezolanos ha alterado las condiciones sociales y económicas. El presidente Michel Temer debió reunirse de emergencia con su equipo de seguridad para tomar medidas adicionales y garantizar la seguridad tanto a los lugareños como a los migrantes. El tema ya hace parte de la actual campaña presidencial.
El caso de Costa Rica es más complejo y preocupante. En San José, la capital de un país que se ha distinguido por la civilidad y la tolerancia con los extranjeros, cientos de personas, algunas con esvásticas, marcharon por las calles del centro de la ciudad para luego atacar a migrantes nicaragüenses. La gravedad de la situación se acentúa ante el hecho de que la convocatoria se hubiera realizado a través de las redes sociales, con una serie de mentiras o verdades a medias que encendieron los ánimos. Se dijo que el Gobierno estaba concediendo a los “nicas” una serie de prebendas y garantías sociales que iban en contra de los ciudadanos costarricenses o que aquellos habrían incendiado una bandera de Costa Rica. Hechos completamente falsos, como lo denunció el periódico La Nación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Con anterioridad se había presentado uno que otro incidente menor, en varios países de la región, propio de este tipo de situaciones. En especial cuando el número de personas en el éxodo venezolano se aproxima ya a los dos millones y medio de migrantes. Son miles los que viven la odisea diaria de desplazarse por vía terrestre, en algunos casos a pie, hasta Ecuador, Perú, Chile, Argentina e incluso Uruguay. En Perú se calcula que hay cerca de 400.000 venezolanos viviendo allí. En Ecuador se estima que unos 250.000 migrantes permanecen en su territorio. Ante la situación presentada las autoridades de estos dos países decidieron exigir pasaporte a quien desee ingresar al país para frenar el éxodo migratorio. Este hecho agrava las cosas, dado que las autoridades venezolanas dejaron de expedir pasaportes por problemas logísticos.
En nuestro país hay que decir que las medidas tomadas por parte de las autoridades nacionales y locales han dado hasta el momento resultados positivos. La regulación de cerca de 800.000 migrantes ha sido muy importante para aquellos que permanecen en Colombia, con residencia temporal. El acceso a ciertos beneficios, entre ellos la salud y el trabajo, es una concesión más que justa frente al drama humano que viven miles de hermanos al otro lado de la frontera y que ahora viven una condición de total desprotección.
Dada la dimensión de esta crisis humanitaria se requieren soluciones integrales. Urge la definición de una estrategia regional, así como la ayuda de organismos multilaterales, como la ONU y la OEA. También es necesario el aporte de los países desarrollados que contribuyan a paliar la difícil situación por la que atraviesan los cientos de miles de personas que ahora, además de su penosa situación, deben enfrentar el odio y la violencia de sectores nacionalistas y xenófobos en los países de recibo. Es hora de la solidaridad y la tolerancia.
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