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El proyecto de reforma constitucional que buscaba otorgar 16 curules en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto armado se hundió, una vez más, en el Congreso. A pesar de haber dado muestras esperanzadoras de diálogo y concertación hace apenas unas semanas respecto a la implementación de la paz, el Legislativo volvió a dividirse en las trincheras de siempre. No deja de ser frustrante que los congresistas y el país les hayan fallado una vez más a las víctimas, mientras los reproches de uno y otro lado terminaron por opacar la verdadera importancia de las circunscripciones de paz.
El proyecto fracasó por la falta de quórum en su segundo debate en el Senado, después de que las bancadas del Centro Democrático y el Partido Conservador, de la coalición de gobierno, se retiraran del recinto. Al no poder ser votada, la iniciativa quedó herida de muerte porque no había suficiente tiempo para que continuara su trámite en el Congreso antes de que se acabe esta legislatura.
Junto con las curules de la víctimas se hundió el proyecto de reforma a la JEP liderado por el senador Álvaro Uribe, que contemplaba incluir 14 magistrados adicionales y por el que bandos opositores habían logrado llegar a un inusitado acuerdo.
Es la segunda vez que la creación de las circunscripciones de paz naufraga en el Congreso. El primer intento, a finales de 2017, se frustró en medio de una ardua discusión sobre si los 50 votos que obtuvo en el debate final, en la plenaria del Senado, cumplían con la obligación de la mitad más uno por las sillas vacías de tres congresistas en líos con la justicia. El anterior gobierno interpuso recursos jurídicos tratando de salvarlas y tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional se pronunciaron, pero fue imposible.
Tras meses de incertidumbre, el senador Roy Barreras, respaldado por las bancadas de la U, Cambio Radical, la Alianza Verde, los decentes y el Polo, volvió a insistir en esta legislatura con un nuevo proyecto para revivir las curules de paz. El texto establecía que los candidatos en las 16 circunscripciones debían estar inscritos en el Registro Nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y ser postulados por las organizaciones de víctimas, campesinos, mujeres, sociales y ciudadanas consolidadas antes del 1º de diciembre de 2016.
El proyecto excluía de aspirar a exintengrantes desmovilizados de grupos armados ilegales o miembros de movimientos políticos tradicionales y partidos que ya tuvieran representación en el Congreso, incluida la FARC. De esta forma se pretendía evitar que las curules quedaran en manos de intereses que no fueran los de las víctimas, uno de los reparos que el uribismo había expresado al primer proyecto.
Pero el Centro Democrático vovió a rechazar la propuesta en esta ocasión y presentó una propia que desdibuja el enfoque territorial contemplado originalmente. El senador Uribe argumentó que este era “un tema burocrático de curules que se había resuelto hace rato, no nos vengan a decir que no se les está cumpliendo a las víctimas o a los territorios deprimidos”. Esa posición es cuando menos indolente y desconoce la enorme deuda del Estado con las víctimas.
Uribe también cuestionó que se quisiera “crecer el Congreso” y lo comparó con la fallida congelación del salario de los congresistas. Es un argumento perverso y falaz equiparar la ineficiencia y el derroche del Estado con la justa representación que merecen las víctimas, que fue uno de los puntos de reparación más importantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y con el que seguimos defraudando a quienes más han sufrido el conflicto.
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