“Las dictaduras no pierden elecciones”
El Espectador
La certera frase de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, luego de conocer los resultados de los comicios para elegir gobernadores en Venezuela, no puede ser más diciente. En un país donde el 80 % de sus ciudadanos rechaza al Gobierno, el órgano electoral fue señalado de un fraude monumental en la escogencia de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la institucionalidad democrática fue suplantada por el chavismo, no extrañan los resultados del domingo anterior. La crisis en el país vecino se profundiza aún más.
Nicolás Maduro mantiene su estrategia de bloquear elecciones cuando le son adversas, como en el referendo revocatorio del año anterior, o llevarlas a cabo y manipular su resultado. Para las elecciones para gobernadores, en medio de la profunda crisis económica y social que vive el país, las encuestas previas y los conteos de las actas -por parte de los observadores de la oposición- le daban a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) entre 13 y 15 Estados. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la gran sorpresa al anunciar exactamente lo contrario: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 17 de las 23 gobernaciones en disputa, cinco para la oposición y falta por definirse el Estado Bolívar. Así las cosas, el oficialismo obtendría el 54 % de los votos y la MUD el 45 % restante. El vocero opositor Gerardo Blyde anunció que desconocían lo dicho por el CNE.
El chavismo pone así a los opositores de nuevo entre la espada y la pared. Luego de los tres meses de protestas y los cerca de 130 muertos, Maduro logró salirse con la suya al convocar a una ANC. Cualquier análisis sobre el resultado de las elecciones del 30 de julio pasado demostraba que hubo un gran fraude. La propia empresa Smarmatic, que manejaba las máquinas de voto electrónico, denunció la manipulación. A pesar de las críticas internas e internacionales, Maduro juramentó a la inconstitucional ANC para que reemplazara a la legítima Asamblea Nacional (AN). Todo lo anterior fue legitimado tanto por el CNE como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que operan como una extensión más del Palacio de Miraflores.
Con este panorama en ciernes, en los últimos meses la dirigencia opositora comenzó a fragmentarse ante las disyuntivas que se le presentaron: radicalizar sus acciones contra el gobierno o aceptar un eventual diálogo, bajo condiciones previas y supervisión internacional, y acudir a las elecciones para gobernadores. Dado que la primera opción no tenía mayores posibilidades, optaron por la segunda. A pesar de que con anterioridad el gobierno no ha cumplido con seriedad lo que se ha acordado mediante los diálogos y, más bien, los ha utilizado como un elemento de distracción, una parte de la dirigencia aceptó explorar vías para sentarse a la mesa con el gobierno. Hasta el momento no se han podido iniciar formalmente los encuentros, pues la oposición siente que no hay voluntad del oficialismo.
En cuanto a las elecciones, la MUD se jugó a fondo para motivar a los electores a acudir a las urnas a pesar del ambiente de pesimismo y la espada de Damocles del fraude. El resultado del domingo comprueba los peores escenarios y vuelve a dividir a la dirigencia opositora. Hay quienes abogan por volver de inmediato a la calle, a pesar de la fallida experiencia reciente, y piden que se profundicen las sanciones internacionales contra el gobierno, en especial por parte de Estados Unidos, Canadá y las que está por anunciar la Unión Europea. También hay quienes aún creen en el diálogo y no faltarán los que todavía confíen en un resultado electoral.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima la inflación para este año en 2.300 %, la más alta del mundo, una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 12 % en 2017 y del 6 % el año próximo, con un desempleo del 30 %, el más alto de la región. La tragedia del país vecino no tiene visos de superarse.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
La certera frase de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, luego de conocer los resultados de los comicios para elegir gobernadores en Venezuela, no puede ser más diciente. En un país donde el 80 % de sus ciudadanos rechaza al Gobierno, el órgano electoral fue señalado de un fraude monumental en la escogencia de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la institucionalidad democrática fue suplantada por el chavismo, no extrañan los resultados del domingo anterior. La crisis en el país vecino se profundiza aún más.
Nicolás Maduro mantiene su estrategia de bloquear elecciones cuando le son adversas, como en el referendo revocatorio del año anterior, o llevarlas a cabo y manipular su resultado. Para las elecciones para gobernadores, en medio de la profunda crisis económica y social que vive el país, las encuestas previas y los conteos de las actas -por parte de los observadores de la oposición- le daban a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) entre 13 y 15 Estados. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la gran sorpresa al anunciar exactamente lo contrario: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 17 de las 23 gobernaciones en disputa, cinco para la oposición y falta por definirse el Estado Bolívar. Así las cosas, el oficialismo obtendría el 54 % de los votos y la MUD el 45 % restante. El vocero opositor Gerardo Blyde anunció que desconocían lo dicho por el CNE.
El chavismo pone así a los opositores de nuevo entre la espada y la pared. Luego de los tres meses de protestas y los cerca de 130 muertos, Maduro logró salirse con la suya al convocar a una ANC. Cualquier análisis sobre el resultado de las elecciones del 30 de julio pasado demostraba que hubo un gran fraude. La propia empresa Smarmatic, que manejaba las máquinas de voto electrónico, denunció la manipulación. A pesar de las críticas internas e internacionales, Maduro juramentó a la inconstitucional ANC para que reemplazara a la legítima Asamblea Nacional (AN). Todo lo anterior fue legitimado tanto por el CNE como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que operan como una extensión más del Palacio de Miraflores.
Con este panorama en ciernes, en los últimos meses la dirigencia opositora comenzó a fragmentarse ante las disyuntivas que se le presentaron: radicalizar sus acciones contra el gobierno o aceptar un eventual diálogo, bajo condiciones previas y supervisión internacional, y acudir a las elecciones para gobernadores. Dado que la primera opción no tenía mayores posibilidades, optaron por la segunda. A pesar de que con anterioridad el gobierno no ha cumplido con seriedad lo que se ha acordado mediante los diálogos y, más bien, los ha utilizado como un elemento de distracción, una parte de la dirigencia aceptó explorar vías para sentarse a la mesa con el gobierno. Hasta el momento no se han podido iniciar formalmente los encuentros, pues la oposición siente que no hay voluntad del oficialismo.
En cuanto a las elecciones, la MUD se jugó a fondo para motivar a los electores a acudir a las urnas a pesar del ambiente de pesimismo y la espada de Damocles del fraude. El resultado del domingo comprueba los peores escenarios y vuelve a dividir a la dirigencia opositora. Hay quienes abogan por volver de inmediato a la calle, a pesar de la fallida experiencia reciente, y piden que se profundicen las sanciones internacionales contra el gobierno, en especial por parte de Estados Unidos, Canadá y las que está por anunciar la Unión Europea. También hay quienes aún creen en el diálogo y no faltarán los que todavía confíen en un resultado electoral.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima la inflación para este año en 2.300 %, la más alta del mundo, una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 12 % en 2017 y del 6 % el año próximo, con un desempleo del 30 %, el más alto de la región. La tragedia del país vecino no tiene visos de superarse.
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