Las dudas que dejan los audios del caso “Santrich”
Las sospechas sobre los intentos de torpedear el proceso de paz durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez acaban de volverse más fuertes. Gracias a una investigación de Édinson Bolaños en El Espectador, ahora sabemos que, pese a contar con 24.000 audios de interceptaciones a Iván Márquez y a Jesús Santrich, el ente investigador solo envió 12 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto ayudó a empeorar la crisis institucional que terminó en la intempestiva renuncia del fiscal Martínez. Además, los audios crean nuevos interrogantes sobre la labor de la DEA en Colombia, el funcionamiento interno de la Fiscalía bajo Martínez y más aspectos claves. En últimas, lo lamentable es que las instituciones colombianas y extranjeras que operan en el país no se comporten a la altura de lo que un Estado de derecho requiere.
Los audios y documentos revelados hasta el momento por El Espectador prueban varias cosas. Primero, que la Fiscalía participó en una entrega de drogas, a pesar de que el exfiscal Martínez lo niega. Segundo, que la DEA estaba realizando una operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla. Tercero, que la Fiscalía no colaboró con la JEP en un momento álgido, en medio de los intentos de Martínez por desacreditar a la justicia transicional. Cuarto, que nombres de actores del proceso de paz, como el exvicepresidente Naranjo o la exsenadora Piedad Córdoba —a las claras suplantada en una conversación—, fueron utilizados de manera extraña en la operación de los agentes de la DEA encubiertos. ¿Por qué nadie exploró un asunto de tal relevancia nacional?
Salgámosle al paso a una respuesta obvia que va a suscitar este editorial: no, no estamos defendiendo a Santrich ni a Márquez. Son criminales que traicionaron al país, traicionaron las promesas del Acuerdo de Paz y abusaron de la confianza del Estado colombiano. Su regreso a las armas no tiene justificación alguna, más que su egoísmo y su interés por mantenerse financiados en la economía legal. Ahí no hay punto de discusión.
Sin embargo, es importante regresar a la saga Santrich, pues queda la sensación de que la Fiscalía hizo todo lo posible para sabotear la reputación y el actuar de la JEP. Es lamentable encontrar que hubo “fuego amigo” con algo tan delicado como el tratamiento a excombatientes de las Farc. En entrevista con El Espectador, Martínez dijo que “todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga se le entregaron”. Pero ahora sabemos que solo se entregaron 12 audios de un total de 24.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, además, tenían interceptado a Iván Márquez? El mismo Martínez dijo: “Primera vez que escucho que tengan interceptado a Márquez”. ¿Cómo no se le informa algo así a la cabeza del ente investigador?
Además de las anteriores preguntas, nos unimos a las planteadas en la investigación de El Espectador: “¿Las alusiones a Naranjo fueron conversaciones distractoras? ¿A qué lógica corresponde incluir comentarios sobre un personaje de tan alta investidura?”. Y además, repetimos, actor central de las negociaciones en La Habana. ¿Quién nos puede contestar?
Es clave entender que, en la lucha contra los criminales, las instituciones tienen que ser transparentes en sus métodos. De lo contrario, las promesas del Estado de derecho empiezan a tambalear.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Las sospechas sobre los intentos de torpedear el proceso de paz durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez acaban de volverse más fuertes. Gracias a una investigación de Édinson Bolaños en El Espectador, ahora sabemos que, pese a contar con 24.000 audios de interceptaciones a Iván Márquez y a Jesús Santrich, el ente investigador solo envió 12 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto ayudó a empeorar la crisis institucional que terminó en la intempestiva renuncia del fiscal Martínez. Además, los audios crean nuevos interrogantes sobre la labor de la DEA en Colombia, el funcionamiento interno de la Fiscalía bajo Martínez y más aspectos claves. En últimas, lo lamentable es que las instituciones colombianas y extranjeras que operan en el país no se comporten a la altura de lo que un Estado de derecho requiere.
Los audios y documentos revelados hasta el momento por El Espectador prueban varias cosas. Primero, que la Fiscalía participó en una entrega de drogas, a pesar de que el exfiscal Martínez lo niega. Segundo, que la DEA estaba realizando una operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla. Tercero, que la Fiscalía no colaboró con la JEP en un momento álgido, en medio de los intentos de Martínez por desacreditar a la justicia transicional. Cuarto, que nombres de actores del proceso de paz, como el exvicepresidente Naranjo o la exsenadora Piedad Córdoba —a las claras suplantada en una conversación—, fueron utilizados de manera extraña en la operación de los agentes de la DEA encubiertos. ¿Por qué nadie exploró un asunto de tal relevancia nacional?
Salgámosle al paso a una respuesta obvia que va a suscitar este editorial: no, no estamos defendiendo a Santrich ni a Márquez. Son criminales que traicionaron al país, traicionaron las promesas del Acuerdo de Paz y abusaron de la confianza del Estado colombiano. Su regreso a las armas no tiene justificación alguna, más que su egoísmo y su interés por mantenerse financiados en la economía legal. Ahí no hay punto de discusión.
Sin embargo, es importante regresar a la saga Santrich, pues queda la sensación de que la Fiscalía hizo todo lo posible para sabotear la reputación y el actuar de la JEP. Es lamentable encontrar que hubo “fuego amigo” con algo tan delicado como el tratamiento a excombatientes de las Farc. En entrevista con El Espectador, Martínez dijo que “todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga se le entregaron”. Pero ahora sabemos que solo se entregaron 12 audios de un total de 24.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, además, tenían interceptado a Iván Márquez? El mismo Martínez dijo: “Primera vez que escucho que tengan interceptado a Márquez”. ¿Cómo no se le informa algo así a la cabeza del ente investigador?
Además de las anteriores preguntas, nos unimos a las planteadas en la investigación de El Espectador: “¿Las alusiones a Naranjo fueron conversaciones distractoras? ¿A qué lógica corresponde incluir comentarios sobre un personaje de tan alta investidura?”. Y además, repetimos, actor central de las negociaciones en La Habana. ¿Quién nos puede contestar?
Es clave entender que, en la lucha contra los criminales, las instituciones tienen que ser transparentes en sus métodos. De lo contrario, las promesas del Estado de derecho empiezan a tambalear.
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