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Siguen las intervenciones preocupantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la declaración del general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército, en la que culpó al estrato social de los soldados por los casos de ejecuciones extrajudiciales, se suma ahora un documento enviado por la extinta guerrilla de las Farc. En él, se propone un relato lamentable sobre los secuestros, donde los excombatientes básicamente se vieron forzados a violar los derechos de los colombianos. Se trata de una afrenta más a las víctimas de este país y un golpe a la búsqueda de una verdad que nos permita acercarnos a la reconciliación.
Después de nueve espacios de trabajo colectivo con más de 150 exguerrilleros de los distintos bloques y tres reuniones de carácter nacional, los firmantes del Acuerdo de Paz del lado de las extintas Farc entregaron a la JEP su primer versión sobre lo que ocurrió en el conflicto armado. En un documento de 135 páginas conocido por El Espectador y presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos, se da un intento de explicar el aumento de secuestros. En síntesis, las Farc dicen que les tocó hacerlo porque necesitaban financiarse y, si en el proceso hubo abusos, se debió a descuidos inevitables y a que hubo personas que se hicieron pasar por ellos.
En justicia, el documento tiene afirmaciones contundentes que van en el camino correcto. “Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las Farc-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles”, dicen. “Sabemos que esto fue un grave error, el cual hoy no tiene justificación alguna”. Al referirse al caso de Íngrid Betancourt y otros funcionarios retenidos ilegalmente, afirman: “Queremos reconocer los graves impactos que generamos en sus vidas. Nunca podremos devolverles el tiempo que perdieron en las selvas colombianas”.
Sin embargo, más allá de esas solicitudes generales de perdón, el documento procede a perderse en explicaciones logísticas y militares para justificar los secuestros. Se trata de un enfoque desafortunado, pues lo que necesitan las 8.163 víctimas —que, según la Fiscalía, dejaron las retenciones ilegales— y sus familias es información que las ayude en el proceso de reconstrucción de lo ocurrido, así como la posibilidad de poder perdonar partiendo de ver actos genuinos de contrición.
Son a vuelo de águila los reconocimientos de humillaciones a los secuestrados, abusos por parte de los guerrilleros, situaciones inhumanas y el hecho de que las Farc terminaron reteniendo personas de manera indiscriminada en sus temibles “pescas milagrosas”. Todas estas situaciones, además, pretenden enmarcarlas en una supuesta violación a las leyes internas de su organización, así como al uso por personas ajenas a la guerrilla del nombre de las Farc para llevar a cabo secuestros. Pero esto es negar lo que miles de víctimas llevan varias décadas contando: que la crueldad fue una política sistemática y que ser secuestrado era una tortura diaria.
Se siente, en el documento, el tono que las Farc utilizaron mucho al inicio de los diálogos de La Habana. Se ve una guerrilla arrogante, incapaz de reconocer de manera genuina las consecuencias de sus actos y evitando darles la cara a las víctimas. Si así van a ser sus aportes a la verdad del conflicto, habrán desperdiciado una oportunidad histórica.
A partir de estas intervenciones a medias, la JEP será la encargada de contarle al país lo que ocurrió con sus responsabilidades. Resulta cada vez más evidente la importancia de respaldar a los magistrados en su labor. Entre tantos retazos de verdad, Colombia necesitaba un espacio para dar estas discusiones.
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