Por supuesto que lo que estamos viendo en el Cauca y en otras regiones del país son invasiones de tierras que son propiedad privada. Debemos decirlo de manera tajante, porque para quienes están llevando a cabo las invasiones les parece que la situación estuviera abierta a debate. Esta semana, la Asociación Nacional Campesina y el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) le “aclararon” al Gobierno “que no somos los invasores, estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional, y que ningún gobierno ha hecho gestiones para impedirlo”. Es urgente una negociación, sin duda, así como que se aceleren los procesos de restitución de tierras y de reforma agraria, pero todo esto tiene que partir de una realidad: las vías de hecho no pueden ser toleradas y están en riesgo de prender la mecha de una violencia que ya Colombia conoce muy bien.
Las invasiones son varias y han sido denunciadas por los propietarios de las tierras, que sienten justamente vulnerados sus derechos. Por fortuna, el Gobierno no ha titubeado en rechazar lo que ocurre. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que “no aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que “son prácticas inaceptables para este Gobierno, de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos”. En respuesta agresiva, la Asociación Nacional Campesina responsabilizó “al Gobierno de la brutalidad que la Fuerza Pública ejerza contra los pueblos, así como lo invitamos a reconsiderar y redireccionar la orden de desalojo a los despojadores históricos de la tierra”.
Si parece que estamos dando vueltas en círculos es porque así es. La postura intransigente de la invasión hace necesaria la intervención de la Fuerza Pública. Es necesario ser vehementes en el rechazo a las vías de hecho. Si el Gobierno deja pasar la situación, estará fomentando que situaciones como esta se repitan.
Lo cual no quiere decir que los reclamos de tierras despojadas no sean válidos. Durante muchos años los gobiernos de Colombia y la aplastante burocracia estatal se han demorado en solucionar los procesos que existen por usurpación y desplazamiento. En muchos casos las personas que están invadiendo pueden tener reclamos justos sobre la propiedad de algunas tierras, pero la manera de tramitarlos es a través de la institucionalidad. Hay que hacer un llamado de urgencia para que el Gobierno haga lo posible por cumplir sus promesas de restitución y redistribución de tierras en términos justos y bajo criterios legales. No hay de otra.
Debemos, eso sí, rechazar la propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre crear “grupos de reacción solidaria”. Dijo que no estarían armados, que solo irían a ayudar a los vecinos que estén en riesgos de seguridad, pero los ecos del paramilitarismo son ensordecedores ante su propuesta. El monopolio de la fuerza le pertenece al Estado, los ciudadanos no tienen por qué tomar vías de hecho para enfrentar las vías de hecho. Es inconstitucional y es una fórmula para el fracaso. Señor presidente, es momento de intervenciones contundentes.
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Por supuesto que lo que estamos viendo en el Cauca y en otras regiones del país son invasiones de tierras que son propiedad privada. Debemos decirlo de manera tajante, porque para quienes están llevando a cabo las invasiones les parece que la situación estuviera abierta a debate. Esta semana, la Asociación Nacional Campesina y el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) le “aclararon” al Gobierno “que no somos los invasores, estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional, y que ningún gobierno ha hecho gestiones para impedirlo”. Es urgente una negociación, sin duda, así como que se aceleren los procesos de restitución de tierras y de reforma agraria, pero todo esto tiene que partir de una realidad: las vías de hecho no pueden ser toleradas y están en riesgo de prender la mecha de una violencia que ya Colombia conoce muy bien.
Las invasiones son varias y han sido denunciadas por los propietarios de las tierras, que sienten justamente vulnerados sus derechos. Por fortuna, el Gobierno no ha titubeado en rechazar lo que ocurre. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que “no aceptamos, rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que “son prácticas inaceptables para este Gobierno, de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos”. En respuesta agresiva, la Asociación Nacional Campesina responsabilizó “al Gobierno de la brutalidad que la Fuerza Pública ejerza contra los pueblos, así como lo invitamos a reconsiderar y redireccionar la orden de desalojo a los despojadores históricos de la tierra”.
Si parece que estamos dando vueltas en círculos es porque así es. La postura intransigente de la invasión hace necesaria la intervención de la Fuerza Pública. Es necesario ser vehementes en el rechazo a las vías de hecho. Si el Gobierno deja pasar la situación, estará fomentando que situaciones como esta se repitan.
Lo cual no quiere decir que los reclamos de tierras despojadas no sean válidos. Durante muchos años los gobiernos de Colombia y la aplastante burocracia estatal se han demorado en solucionar los procesos que existen por usurpación y desplazamiento. En muchos casos las personas que están invadiendo pueden tener reclamos justos sobre la propiedad de algunas tierras, pero la manera de tramitarlos es a través de la institucionalidad. Hay que hacer un llamado de urgencia para que el Gobierno haga lo posible por cumplir sus promesas de restitución y redistribución de tierras en términos justos y bajo criterios legales. No hay de otra.
Debemos, eso sí, rechazar la propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre crear “grupos de reacción solidaria”. Dijo que no estarían armados, que solo irían a ayudar a los vecinos que estén en riesgos de seguridad, pero los ecos del paramilitarismo son ensordecedores ante su propuesta. El monopolio de la fuerza le pertenece al Estado, los ciudadanos no tienen por qué tomar vías de hecho para enfrentar las vías de hecho. Es inconstitucional y es una fórmula para el fracaso. Señor presidente, es momento de intervenciones contundentes.
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