No deja de ser extraño, e hipócrita, el pudor que los actores del conflicto demuestran al hablar de los crímenes sexuales. En varias ocasiones, representantes de las Farc y las Autodefensas han dicho que esos comportamientos estaban vehementemente prohibidos y que si ocurrieron fueron casos extraordinarios. Algo similar ha dicho la Fuerza Pública. Sin embargo, un informe reciente, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, demuestra que los abusos sexuales fueron comunes y se convirtieron en otra arma de guerra más. No puede perderse de vista el tema en la justicia transicional.
La guerra inscrita en el cuerpo es el informe de 550 páginas que lanza hoy el Centro de Memoria. En él se retoman testimonios de mujeres y menores de edad en varias regiones del país que fueron objeto de violaciones y abusos sexuales por parte de los actores del conflicto. Ante el pudor y la negación de los líderes armados, las voces de estas personas se alzan como recordatorio de la necesidad de seguir apoyando los procesos de construcción de memoria y de la importancia de asignar responsabilidades y contarle al país qué fue lo que pasó en esos años de violencia.
En cuanto a las mujeres, sus cuerpos se convirtieron en un objeto y un campo de batalla más, demostrando que los desequilibrios de género hacen que ellas sufran más en situaciones extremas como la guerra. Desde 1958, 15.076 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De estas, el 91,6 % han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. Casi la mitad de los casos ocurrieron entre 2000 y 2005, cuando la arremetida paramilitar se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32,2 % de los casos y las guerrillas del 31,5 %. A los agentes del Estado se les acusa de cometer 206 de estos actos. Es decir, ningún actor se salva.
Como le explicó a El Espectador Rocío Martínez Montoya, investigadora principal del informe, “hay condiciones sociales que posibilitan que (las mujeres) se asuman como cuerpos que pueden ser apropiados por los actores armados. Y esa violencia sexual tiene unos fines. Por ejemplo, se usa para castigarlas por ejercer liderazgo, por ciertos comportamientos que se consideran inapropiados (como la forma de vestir) y porque se consideran enemigas”.
Las mujeres empoderadas fueron vistas como el enemigo, y cuando no tenían vocería en sus comunidades las utilizaban de “premio” para los combatientes. Como el caso de Yirley, de 14 años, quien fue violada por cuatro paramilitares que estaban siendo “premiados” por su comandante. Como esta hay cientos de miles de historias que deben ser reconocidas e invitar a procesos de cambio. ¿Por qué seguimos en un país donde se ve a las mujeres de esta manera denigrante? Incluso cuando la violencia sexual se dio contra los hombres, como explicó Martínez, “la intención (fue la) de feminizarlos y de ponerlos en una escala más baja en la valoración social de las personas, porque socialmente hay un imaginario que legitima la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres”.
Se ha propuesto que los delitos sexuales no pasen por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se queden en la justicia ordinaria. Pero esto es contraproducente, pues la impunidad en estos casos está por encima del 90 %. La justicia transicional, entonces, es una oportunidad para que se le dé prioridad a la investigación de estos delitos y, sobre todo, para encontrar las historias que no se han contado. De esa manera, el país les estaría mandando un mensaje muy claro a todas las mujeres que sufren en silencio y con vergüenza. Como lo dijo Martínez: “El informe revela que lo que les sucedió no le pasó a una sola mujer, les sucedió a cientos, y en ningún caso fue culpa de ellas”.
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