Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No son suficientes las explicaciones que se han dado a conocer sobre la compra del software Pegasus en Colombia. Según publicó El Tiempo, fuentes de la Casa Blanca dijeron que Estados Unidos financió la adquisición del equipo de espionaje en el marco de operaciones encubiertas contra el narcotráfico en nuestro país. Por eso, por tratarse de una decisión “operativa”, dicen, no se informó al entonces presidente, Iván Duque, ni tampoco había muchas personas en Colombia que supieran de su uso. Eso nos lleva al corazón del problema: la opacidad va en contra de los principios democráticos y, conociendo nuestra historia, los colombianos necesitan saber qué equipos de inteligencia se están usando en el país y cuáles salvaguardas se han empleado para evitar violaciones a los derechos constitucionales.
Después de que el discurso oficial era de negación, ahora se pretende normalizar la compra de Pegasus. Según las fuentes citadas por El Tiempo, la existencia del software “solo fue conocida por un pequeño grupo de personas en los organismos de seguridad del país”, pues era una herramienta utilizada por la inteligencia de Estados Unidos, y siempre se hizo “utilizando los más estrictos protocolos de seguridad”. Según esa versión, cuando NSO Group entró en el ojo del huracán por la manera ilegal en que se usaba su software, el Gobierno de Joe Biden prohibió su uso, lo que también significó el desmonte en Colombia; sin embargo, esto no cierra el debate ni responde muchas preguntas que siguen abiertas.
La actitud del expresidente Duque y sus exfuncionarios ha sido la de negar cualquier compra e incluso sugerir que el actual presidente, Gustavo Petro, ve conspiraciones donde no las hay. Ahora sabemos que sí se usó el software en Colombia, que se compró para uso de las autoridades colombianas y que, en una muestra por lo menos de falta de diligencia, el anterior Gobierno no se enteró. Eso es inaceptable. Una cosa es admitir que en nuestro país se usen las herramientas necesarias para obtener inteligencia contra la criminalidad; otra muy distinta es que eso no se divulgue para que los colombianos puedan decidir si apoyan esos métodos y si se han seguido los protocolos legales para su compra y uso. Conociendo la historia reciente de interceptaciones ilegales en el Departamento Administrativo de Seguridad, durante la presidencia de Álvaro Uribe, no tiene presentación que en nuestro país haya equipos de espionaje tan sofisticados y nadie sepa de su existencia ni de cómo se utilizan.
La Fiscalía necesita seguir investigando. Es vergonzoso que haya una denuncia sobre este software y la respuesta de todos los involucrados sea: “No sabemos dónde está, cómo se usó ni cómo se compró”. Ahora que Estados Unidos alza la mano para tomar responsabilidad, ¿qué garantías se le da a la ciudadanía de que no se usó con otros fines? ¿Por qué la compra, el uso y supuesto desmantelamiento se hizo de espaldas a la Presidencia?
Colombia necesita luchar contra la criminalidad y en eso tener tecnología de punta es sin duda indispensable. Lo que no puede ocurrir es que se mienta y se oculte, como se hizo durante años ya. La transparencia no es un asunto accesorio, sino la garantía de una verdadera seguridad.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.