‘Ley Lleras 4’: contraataca el Gobierno

El argumento, de nuevo, es que se trata de un compromiso adquirido por Colombia en el TLC con Estados Unidos.

Esta vez se trata del proyecto de ley 306 de 2013 de Cámara, mejor conocido como “Ley Lleras 4”, aunque no habría problema en llamarlo “Ley Santos”, por ser él en últimas el máximo responsable de este tipo de propuestas del Ejecutivo y quien en su momento ordenó a Vargas Lleras lo que ahora le ordena a Fernando Carrillo y sus demás ministros: cumplir con los requisitos del TLC sin importar exageraciones.

La propuesta integra casi todo el contenido de la ley 1520 de 2012, o “Ley Lleras 2”, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Aunque esta decisión sólo se basó en que hubo vicios en el trámite, es inevitable ver los grandes problemas que tiene de fondo el proyecto: de ser aprobado y de aplicarse, estaríamos en un país donde los grandes avances de internet serían limitados o nulos. Por ejemplo, se prohíbe incondicionalmente la retransmisión de señales de televisión en internet sin permiso del autor, sin importar si es con fines educativos, y se establece una definición amplísima de lucro, causando que violaciones ridículas al derecho de autor, como pasar una canción al timbre del celular, pueda llevar a alguien a prisión bajo la excusa de que hay “ganancia o provecho que se saca de algo”. La lista de problemas parece interminable y la filigrana técnica hace que la situación sea difícil de entender. Afortunadamente existen varios ciudadanos interesados en el tema, con conocimiento técnico y que pueden ayudar a mejorar el nivel de la discusión, como el colectivo Red Pa Todos, la fundación Karisma, y la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otros.

No obstante, hay un problema: el Gobierno se ha mantenido en una posición completamente cerrada frente al diálogo con la ciudadanía. Una y otra vez se ha negado a escuchar las propuestas de expertos en internet y en los derechos que se afectan con este tipo de iniciativas, que incluyen la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la cultura y a la educación, entre otros. Se ha visto a la ciudadanía como un obstáculo para el cumplimiento del TLC, más que como un actor que se ve afectado y que puede aportar a la construcción de mejores leyes.

Es hora de que el gobierno Santos tome un respiro y se pregunte si la forma en que ha querido llevar este tema es la adecuada. Las preguntas son muchas: ¿es realmente correcto que se legisle sobre internet sin pensar en los usuarios? ¿Queremos ser simples consumidores o también queremos generar industria en internet? ¿Es necesario cumplir ciegamente con lo que ordena Estados Unidos? La respuesta debe ser un no rotundo. El presidente, como buen demócrata y como persona que ha visto la innovación como un eje programático de su gobierno, debería abrir las puertas para que la ciudadanía pueda aportar a la discusión.

No se trata de incumplir las obligaciones del TLC. Se trata de sentarse a discutir con argumentos de fondo para aprobar normas que se adapten a nuestra Constitución. Así se ha hecho en otros países, incluyendo Estados Unidos, donde se han sentado a la mesa para mirar si realmente se está dando un buen manejo a la protección del derecho de autor en detrimento de los derechos ciudadanos y de la innovación. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no?

El argumento, de nuevo, es que se trata de un compromiso adquirido por Colombia en el TLC con Estados Unidos.

Esta vez se trata del proyecto de ley 306 de 2013 de Cámara, mejor conocido como “Ley Lleras 4”, aunque no habría problema en llamarlo “Ley Santos”, por ser él en últimas el máximo responsable de este tipo de propuestas del Ejecutivo y quien en su momento ordenó a Vargas Lleras lo que ahora le ordena a Fernando Carrillo y sus demás ministros: cumplir con los requisitos del TLC sin importar exageraciones.

La propuesta integra casi todo el contenido de la ley 1520 de 2012, o “Ley Lleras 2”, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Aunque esta decisión sólo se basó en que hubo vicios en el trámite, es inevitable ver los grandes problemas que tiene de fondo el proyecto: de ser aprobado y de aplicarse, estaríamos en un país donde los grandes avances de internet serían limitados o nulos. Por ejemplo, se prohíbe incondicionalmente la retransmisión de señales de televisión en internet sin permiso del autor, sin importar si es con fines educativos, y se establece una definición amplísima de lucro, causando que violaciones ridículas al derecho de autor, como pasar una canción al timbre del celular, pueda llevar a alguien a prisión bajo la excusa de que hay “ganancia o provecho que se saca de algo”. La lista de problemas parece interminable y la filigrana técnica hace que la situación sea difícil de entender. Afortunadamente existen varios ciudadanos interesados en el tema, con conocimiento técnico y que pueden ayudar a mejorar el nivel de la discusión, como el colectivo Red Pa Todos, la fundación Karisma, y la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otros.

No obstante, hay un problema: el Gobierno se ha mantenido en una posición completamente cerrada frente al diálogo con la ciudadanía. Una y otra vez se ha negado a escuchar las propuestas de expertos en internet y en los derechos que se afectan con este tipo de iniciativas, que incluyen la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la cultura y a la educación, entre otros. Se ha visto a la ciudadanía como un obstáculo para el cumplimiento del TLC, más que como un actor que se ve afectado y que puede aportar a la construcción de mejores leyes.

Es hora de que el gobierno Santos tome un respiro y se pregunte si la forma en que ha querido llevar este tema es la adecuada. Las preguntas son muchas: ¿es realmente correcto que se legisle sobre internet sin pensar en los usuarios? ¿Queremos ser simples consumidores o también queremos generar industria en internet? ¿Es necesario cumplir ciegamente con lo que ordena Estados Unidos? La respuesta debe ser un no rotundo. El presidente, como buen demócrata y como persona que ha visto la innovación como un eje programático de su gobierno, debería abrir las puertas para que la ciudadanía pueda aportar a la discusión.

No se trata de incumplir las obligaciones del TLC. Se trata de sentarse a discutir con argumentos de fondo para aprobar normas que se adapten a nuestra Constitución. Así se ha hecho en otros países, incluyendo Estados Unidos, donde se han sentado a la mesa para mirar si realmente se está dando un buen manejo a la protección del derecho de autor en detrimento de los derechos ciudadanos y de la innovación. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no?