Límites al Procurador

A la sentencia la prosiguió un conjunto de normas que garantizaron el acceso oportuno y seguro al aborto. Tres años después, y ante el desconocimiento general de la reglamentación, la Corte consideró necesario impartir cátedras en los colegios sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Derechos que, entre otras, hacen parte de los derechos humanos y, en cuanto tales, son la base fundamental de los estados democráticos.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, consideró, sin embargo, que al obligar la divulgación de estos derechos, la Corte se había extralimitado en sus funciones y añadió, además, que tal decisión desataría un problema al exponer a los estudiantes a un tema complejo que sólo conduciría al fomento de su práctica. Insólito argumento, sin duda, pues si de complejidad se tratara, serían varios los derechos que deberían encubrirse y si el abuso de un derecho conllevara a su eliminación, ya no nos quedaría ninguno. Además, no deja de ser extraño que —después de vivido el Siglo de las Luces— se busque ocultar de las escuelas los derechos aprobados por la Constitución, cualesquiera que sean.

Aunque la petición de nulidad del Procurador fue rechazada, el episodio deja de nuevo el sinsabor de lo que en un contexto amplio puede considerarse un manejo inadecuado del poder, el cual ya está siendo denunciado internacionalmente. El 8 de junio del año en curso la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, recibió una carta del Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York pidiéndole que revisara la donación que hace su país para promover los derechos en Colombia, teniendo en cuenta que es la Procuraduría la institución que administra los 2,9 millones de dólares que entrega anualmente USAID para este propósito.

En esta carta, la presidenta del instituto, Nancy Nothop, se lamentaba de que el procurador actual, en lugar de utilizar el alto cargo que desempeña para promover los derechos humanos, esté adoptando medidas que socaven los recién adquiridos. Women’s Link Worldwide, organización internacional que promueve la equidad de género desde el derecho y en defensa de los derechos adquiridos por las mujeres, ha apoyado el Centro neoyorquino. En su comunicado de prensa lamentó el retroceso y anunció su esperanza de que la Secretaria de Estado abordara el tema en su visita. No obstante, en su intervención, Clinton se limitó al Plan Colombia y al TLC.

Pese a ello, el hecho es claro: hay un reconocimiento de los malos manejos que le ha dado el Procurador al poder que le otorga su cargo. Una muestra más de ello es el nombramiento de Ylva Myriam Hoyos, abierta opositora de la despenalización del aborto, como procuradora delegada para la defensa de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia. Como lo denunció el Centro neoyorquino, la procuradora fue fundadora de la Red Futuro Colombia, organización que ha logrado suspender más de una vez las normas que permiten el acceso de las mujeres a los procedimientos de aborto protegidos por la Constitución.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿Cuál es el sentido de poner como defensores de los derechos a aquéllos que pretenden transgredirlos?

A la sentencia la prosiguió un conjunto de normas que garantizaron el acceso oportuno y seguro al aborto. Tres años después, y ante el desconocimiento general de la reglamentación, la Corte consideró necesario impartir cátedras en los colegios sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Derechos que, entre otras, hacen parte de los derechos humanos y, en cuanto tales, son la base fundamental de los estados democráticos.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, consideró, sin embargo, que al obligar la divulgación de estos derechos, la Corte se había extralimitado en sus funciones y añadió, además, que tal decisión desataría un problema al exponer a los estudiantes a un tema complejo que sólo conduciría al fomento de su práctica. Insólito argumento, sin duda, pues si de complejidad se tratara, serían varios los derechos que deberían encubrirse y si el abuso de un derecho conllevara a su eliminación, ya no nos quedaría ninguno. Además, no deja de ser extraño que —después de vivido el Siglo de las Luces— se busque ocultar de las escuelas los derechos aprobados por la Constitución, cualesquiera que sean.

Aunque la petición de nulidad del Procurador fue rechazada, el episodio deja de nuevo el sinsabor de lo que en un contexto amplio puede considerarse un manejo inadecuado del poder, el cual ya está siendo denunciado internacionalmente. El 8 de junio del año en curso la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, recibió una carta del Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York pidiéndole que revisara la donación que hace su país para promover los derechos en Colombia, teniendo en cuenta que es la Procuraduría la institución que administra los 2,9 millones de dólares que entrega anualmente USAID para este propósito.

En esta carta, la presidenta del instituto, Nancy Nothop, se lamentaba de que el procurador actual, en lugar de utilizar el alto cargo que desempeña para promover los derechos humanos, esté adoptando medidas que socaven los recién adquiridos. Women’s Link Worldwide, organización internacional que promueve la equidad de género desde el derecho y en defensa de los derechos adquiridos por las mujeres, ha apoyado el Centro neoyorquino. En su comunicado de prensa lamentó el retroceso y anunció su esperanza de que la Secretaria de Estado abordara el tema en su visita. No obstante, en su intervención, Clinton se limitó al Plan Colombia y al TLC.

Pese a ello, el hecho es claro: hay un reconocimiento de los malos manejos que le ha dado el Procurador al poder que le otorga su cargo. Una muestra más de ello es el nombramiento de Ylva Myriam Hoyos, abierta opositora de la despenalización del aborto, como procuradora delegada para la defensa de los derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia. Como lo denunció el Centro neoyorquino, la procuradora fue fundadora de la Red Futuro Colombia, organización que ha logrado suspender más de una vez las normas que permiten el acceso de las mujeres a los procedimientos de aborto protegidos por la Constitución.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿Cuál es el sentido de poner como defensores de los derechos a aquéllos que pretenden transgredirlos?