A Ecopetrol hay que cuidarla, pero el alarmismo no puede dejar a un lado el sentido común. Las constantes críticas a la nueva junta directiva de la petrolera, aunque parten de un objetivo importante, que es proteger el patrimonio de los colombianos, demeritan las cualidades de las personas elegidas. Sí, el gobierno de Gustavo Petro se impuso y sí, también, llegó representación de los sindicatos y el ambientalismo antiextracción, pero en general las personas nombradas tienen capacidades gerenciales y respeto en los sectores de los que provienen. En gobiernos pasados la junta también ha estado conformada por personas que no tenían experiencia técnica en petróleos, y aun así hicieron un buen trabajo. La pregunta realmente importante es cómo lograremos transformar la empresa para garantizar su sostenibilidad a futuro.
Era previsible que el gobierno Petro impondría a los suyos. Ecopetrol sigue siendo 88 % propiedad del Estado, y la administración actual quiere utilizarla como pieza clave en la transición energética. La preocupación era por entender quiénes iban a llegar a ocupar esos cargos, pues desde el principio esta administración se la ha pasado en discursos ambivalentes sobre la realidad económica de la empresa vs. lo que se necesita para enfrentar la emergencia climática. Creemos, sin embargo, que las personas elegidas merecen un campo de acción y el beneficio de la duda.
Se trata, al final, de Edwin Palma, viceministro de Trabajo; Ángela María Robledo, exrepresentante a la Cámara; Guillermo García Realpe, exsenador; Lilia Roa, viceministra de Ordenamiento Territorial, y Álvaro Torres Macías, CEO de Electryon Power en Canadá. Dentro de esos nombres la figura más polémica es la de Roa, quien ha sido una vocal activista contra el fracking o fracturación hidráulica, en cuyo negocio está Ecopetrol. Esto, unido a los deseos del Gobierno por no realizar más exploración, nos devuelven al debate de fondo: ¿significa el fin del petróleo para Ecopetrol, y si es así, en qué período? Esa discusión continúa, y es importante que la administración Petro sea más transparente sobre sus planes.
En columna reciente para El Espectador, Salomón Kalmanovitz resumió la postura de preocupación sobre Ecopetrol: “Si se imponen las visiones ambientalista y sindical en la administración de la empresa, se entorpecería su desarrollo y se disminuirían las divisas que Colombia recibe por sus exportaciones”. Estamos de acuerdo, y añadimos que las dudas legales que hay sobre su director, Ricardo Roa, no deben desestimarse como una simple conspiración por entorpecer la labor del Gobierno. Empero, el presidente Petro ha mostrado que entiende la importancia de la empresa para el país y su diagnóstico sobre la urgencia de adaptarla al futuro es acertado.
Ahora que hay una nueva junta, Ecopetrol puede concentrarse en sus retos enormes: utilidades a la baja, un mercado cambiante, una emergencia climática que alterará las dinámicas del consumo interno y la falta de una política clara. Por el bien de los colombianos, todo debe poder sortearse con eficiencia. Si actúan con transparencia, las dudas que se han sembrado sobre la junta deberían disiparse.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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A Ecopetrol hay que cuidarla, pero el alarmismo no puede dejar a un lado el sentido común. Las constantes críticas a la nueva junta directiva de la petrolera, aunque parten de un objetivo importante, que es proteger el patrimonio de los colombianos, demeritan las cualidades de las personas elegidas. Sí, el gobierno de Gustavo Petro se impuso y sí, también, llegó representación de los sindicatos y el ambientalismo antiextracción, pero en general las personas nombradas tienen capacidades gerenciales y respeto en los sectores de los que provienen. En gobiernos pasados la junta también ha estado conformada por personas que no tenían experiencia técnica en petróleos, y aun así hicieron un buen trabajo. La pregunta realmente importante es cómo lograremos transformar la empresa para garantizar su sostenibilidad a futuro.
Era previsible que el gobierno Petro impondría a los suyos. Ecopetrol sigue siendo 88 % propiedad del Estado, y la administración actual quiere utilizarla como pieza clave en la transición energética. La preocupación era por entender quiénes iban a llegar a ocupar esos cargos, pues desde el principio esta administración se la ha pasado en discursos ambivalentes sobre la realidad económica de la empresa vs. lo que se necesita para enfrentar la emergencia climática. Creemos, sin embargo, que las personas elegidas merecen un campo de acción y el beneficio de la duda.
Se trata, al final, de Edwin Palma, viceministro de Trabajo; Ángela María Robledo, exrepresentante a la Cámara; Guillermo García Realpe, exsenador; Lilia Roa, viceministra de Ordenamiento Territorial, y Álvaro Torres Macías, CEO de Electryon Power en Canadá. Dentro de esos nombres la figura más polémica es la de Roa, quien ha sido una vocal activista contra el fracking o fracturación hidráulica, en cuyo negocio está Ecopetrol. Esto, unido a los deseos del Gobierno por no realizar más exploración, nos devuelven al debate de fondo: ¿significa el fin del petróleo para Ecopetrol, y si es así, en qué período? Esa discusión continúa, y es importante que la administración Petro sea más transparente sobre sus planes.
En columna reciente para El Espectador, Salomón Kalmanovitz resumió la postura de preocupación sobre Ecopetrol: “Si se imponen las visiones ambientalista y sindical en la administración de la empresa, se entorpecería su desarrollo y se disminuirían las divisas que Colombia recibe por sus exportaciones”. Estamos de acuerdo, y añadimos que las dudas legales que hay sobre su director, Ricardo Roa, no deben desestimarse como una simple conspiración por entorpecer la labor del Gobierno. Empero, el presidente Petro ha mostrado que entiende la importancia de la empresa para el país y su diagnóstico sobre la urgencia de adaptarla al futuro es acertado.
Ahora que hay una nueva junta, Ecopetrol puede concentrarse en sus retos enormes: utilidades a la baja, un mercado cambiante, una emergencia climática que alterará las dinámicas del consumo interno y la falta de una política clara. Por el bien de los colombianos, todo debe poder sortearse con eficiencia. Si actúan con transparencia, las dudas que se han sembrado sobre la junta deberían disiparse.
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