Dentro de todas las consideraciones que los congresistas tienen a su disposición para elegir a quién ubicar en la Procuraduría General de la Nación, hay una que, aunque no es atractiva para los personalismos y los cálculos políticos que tanto mueven al parlamento, debería estar en la lista de prioridades: ¿cómo proteger el equilibrio de poderes y, de paso, la legitimidad de las instituciones?
Desde que el aparato institucional de pesos y contrapesos se desajustó por culpa de la reelección presidencial, la pregunta por los ocupantes de las ías (Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo) ha estado siempre mediada por intereses políticos. No es para menos. Se trata de cargos con mucho poder, influencia y, además, con línea directa a las campañas políticas. En el pasado hemos visto a los procuradores, por ejemplo, torpedear a opositores abusando de sus capacidades disciplinarias. Además, la relación de estos puestos con el presidente de turno, aunque por definición debería estar marcada por la independencia, muchas veces se ha degradado en alianzas que generan dudas sobre el actuar de unos y otros.
Por eso, mantener el principio del equilibrio de poderes requiere, hoy más que nunca, voluntad política. Si los parlamentarios no tienen en cuenta las relaciones de cada candidato con las ramas del poder, si se dejan llevar por los pactos políticos, estarán haciéndole un doble daño al país. Por un lado, continuarán con la pérdida de legitimidad de las instituciones, en este caso del Congreso y de la Procuraduría. Por otro lado, y tal vez más grave, perderán la oportunidad de demostrar que las instituciones y sus principios fundantes son más importantes que los egos personales y las ambiciones de poder. ¿No sería ideal que en Colombia nadie pudiese siquiera dudar de la idoneidad de quien ocupa la Procuraduría, por no tener deudas políticas?
Es claro que el presidente Iván Duque no se inventó el desequilibrio de poderes. Todos los presidentes intentan ubicar a sus fichas en los entes de control. Lo vimos durante Álvaro Uribe, lo vimos durante Juan Manuel Santos y ahora lo estamos viendo con el mandatario actual. Pero ya hemos podido ver, por ejemplo, los problemas que la Fiscalía ha tenido para generar confianza dada la amistad personal que hay entre el fiscal y el presidente. ¿Queremos repetir la historia, ahora que hay una exministra en la terna?
Sabemos que la pregunta por el equilibrio de poderes no es seductora. Pero, como electores, los congresistas tienen un compromiso con los colombianos y con la Constitución de seleccionar a los mejores candidatos, no con base en coaliciones políticas, sino de acuerdo con las características que le traerán al cargo.
La Procuraduría está en mora de reformarse desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es el momento adecuado para votar por alguien que garantice autonomía, que blinde a la institución de legitimidad, que lidere sin polarización y que se gane la confianza de los colombianos.
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