Los afiches de “Santos Presidente”

Lo más frustrante de todo este escándalo es que las personas que están buscando construir confianza sólo aceptan lo ocurrido una vez se dan cuenta de que los reflectores son inevitables. ¿Qué le falta por saber al país?

En una entrevista ayer con Blu Radio, Roberto Prieto, gerente de la campaña que en el 2010 llevó a la Presidencia al mandatario Juan Manuel Santos (que, no sobra decir en este país donde las responsabilidades políticas no se reconocen, era el candidato oficial del uribismo), aceptó que Odebrecht pagó la impresión de dos millones de afiches para la campaña.

Antes de cualquier cosa, es fundamental detenerse a evaluar ese hecho: una empresa extranjera intervino en una decisión democrática colombiana para favorecer a uno de los candidatos. Lo mismo hizo en el 2014, cuando por lo menos sabemos con seguridad que ayudó a pagar un asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y además hay denuncias sobre una presunta entrada de dinero en favor, de nuevo, de la campaña de Juan Manuel Santos.

Eso, de por sí, es inaceptable. Se trata de una violación de la regulación electoral nacional y un hecho que debería cobrar responsables. El propio Prieto lo aceptó en su entrevista diciendo lo siguiente: “No es normal, y si usted me dice, no es legal, eso no se lo voy a negar”. El presidente Juan Manuel Santos, en respuesta, publicó un video en su cuenta de Twitter diciendo que considera “bochornoso” lo ocurrido, que se “acaba de enterar”, y fue vehemente en afirmar que “No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”. También exigió sanciones.

Si bien es cierto lo que dice el presidente —que lo confesado no prueba actos de corrupción durante su gobierno ni tampoco valida las denuncias (luego retractadas) realizadas por el procesado Otto Bula—, lo cierto es que hubo un acto ilegal durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Eso es un hecho ahora innegable y que lamentablemente ayuda a enlodar la legitimidad de la institución de la Presidencia.

Por eso y porque sólo ahora, cuando ya resulta inevitable, comienzan los involucrados a confesar los hechos, es muy difícil que los discursos del presidente sean suficientes para calmar las dudas o generar la confianza que ha pedido. ¿Por qué tardó tanto el otrora gerente de campaña en aceptar lo ocurrido, si desde hace ya un tiempo está ligado a la investigación por Odebrecht? Si lo que se quiere es enviar un mensaje de honestidad y transparencia, ¿no hubiese debido aclarar todas las instancias de contacto de la campaña con la multinacional desde el momento mismo en que se dio a conocer el escándalo? ¿Cómo creer que no faltan asuntos por conocer? ¿Cómo confiar en su palabra?

Tal vez lo más diciente de todo esto es que sin el actuar de la justicia extranjera, el país posiblemente seguiría ingenuo sin conocer la influencia indebida en las elecciones y todo el entramado que hay detrás del “juego” de la política. Estamos de acuerdo con el presidente: debe haber sanciones y ojalá conozcamos, cuanto antes, qué otros hechos aún permanecen en la oscuridad. De esa campaña, de la siguiente y de la posibilidad de que esos pagos hayan terminado en favorecimientos contractuales.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Lo más frustrante de todo este escándalo es que las personas que están buscando construir confianza sólo aceptan lo ocurrido una vez se dan cuenta de que los reflectores son inevitables. ¿Qué le falta por saber al país?

En una entrevista ayer con Blu Radio, Roberto Prieto, gerente de la campaña que en el 2010 llevó a la Presidencia al mandatario Juan Manuel Santos (que, no sobra decir en este país donde las responsabilidades políticas no se reconocen, era el candidato oficial del uribismo), aceptó que Odebrecht pagó la impresión de dos millones de afiches para la campaña.

Antes de cualquier cosa, es fundamental detenerse a evaluar ese hecho: una empresa extranjera intervino en una decisión democrática colombiana para favorecer a uno de los candidatos. Lo mismo hizo en el 2014, cuando por lo menos sabemos con seguridad que ayudó a pagar un asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y además hay denuncias sobre una presunta entrada de dinero en favor, de nuevo, de la campaña de Juan Manuel Santos.

Eso, de por sí, es inaceptable. Se trata de una violación de la regulación electoral nacional y un hecho que debería cobrar responsables. El propio Prieto lo aceptó en su entrevista diciendo lo siguiente: “No es normal, y si usted me dice, no es legal, eso no se lo voy a negar”. El presidente Juan Manuel Santos, en respuesta, publicó un video en su cuenta de Twitter diciendo que considera “bochornoso” lo ocurrido, que se “acaba de enterar”, y fue vehemente en afirmar que “No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”. También exigió sanciones.

Si bien es cierto lo que dice el presidente —que lo confesado no prueba actos de corrupción durante su gobierno ni tampoco valida las denuncias (luego retractadas) realizadas por el procesado Otto Bula—, lo cierto es que hubo un acto ilegal durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. Eso es un hecho ahora innegable y que lamentablemente ayuda a enlodar la legitimidad de la institución de la Presidencia.

Por eso y porque sólo ahora, cuando ya resulta inevitable, comienzan los involucrados a confesar los hechos, es muy difícil que los discursos del presidente sean suficientes para calmar las dudas o generar la confianza que ha pedido. ¿Por qué tardó tanto el otrora gerente de campaña en aceptar lo ocurrido, si desde hace ya un tiempo está ligado a la investigación por Odebrecht? Si lo que se quiere es enviar un mensaje de honestidad y transparencia, ¿no hubiese debido aclarar todas las instancias de contacto de la campaña con la multinacional desde el momento mismo en que se dio a conocer el escándalo? ¿Cómo creer que no faltan asuntos por conocer? ¿Cómo confiar en su palabra?

Tal vez lo más diciente de todo esto es que sin el actuar de la justicia extranjera, el país posiblemente seguiría ingenuo sin conocer la influencia indebida en las elecciones y todo el entramado que hay detrás del “juego” de la política. Estamos de acuerdo con el presidente: debe haber sanciones y ojalá conozcamos, cuanto antes, qué otros hechos aún permanecen en la oscuridad. De esa campaña, de la siguiente y de la posibilidad de que esos pagos hayan terminado en favorecimientos contractuales.

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