Los asesores del fiscal

Desde que el fiscal se posesionó en marzo de 2013 hasta ahora, en el ente de control se han hecho por lo menos 28 contratos directos para asesorías específicas, y sus montos y beneficiarios han causado justa intranquilidad en la opinión pública.

La Fiscalía ha sido una de las mayores beneficiadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos en términos económicos y de voluntad política para su reforma. Amparada en las facultades extraordinarias del presidente para la reestructuración del ente de control, la administración del fiscal Montealegre prometió mejorar y modernizar su funcionamiento para garantizar así el buen desempeño de sus funciones, que son esenciales para el país. En 2015, por ejemplo, la Fiscalía recibió casi la mitad del presupuesto que suman todas las entidades de la Rama Judicial.

Sin embargo, la ejecución presupuestal del ente de control ha sido insuficiente y parte del dinero ejecutado se destinó a fines bastante cuestionables. De acuerdo con las cifras de gestión de la Presidencia, de $163.464 millones asignados para la Fiscalía, sólo han ejecutado el 16,9 %, es decir, sólo han usado $27.625 millones. Dentro de esa cifra se encuentran los cerca de $10.000 millones invertidos en asesorías con propósitos y beneficios, cuando menos, difusos.

La firma de Natalia Springer —o mejor, Lizarazo—, como lo ha documentado El Espectador desde hace meses, ha recibido el 40% de esos recursos y aún no sabemos con claridad la justificación de esta astronómica inversión. Dice el fiscal que el trabajo que se adelanta es revolucionario y un aporte único para la Fiscalía, pero que no puede dar información porque es un asunto de seguridad nacional. Esa posición no puede defenderse: exigimos respuestas concretas y convincentes sobre la inversión de esos recursos públicos y, sobre todo, una razón suficiente para el monto y el modo de contratación que se empleó en ese caso. Y si es que realmente son asuntos de seguridad nacional, ¿cuándo se decidió entregarla al manejo privado?

Pero ese no es el único contrato que preocupa. Ahora también sabemos que existen “embajadores de la Fiscalía” en Gran Bretaña, España, Alemania y Estados Unidos, cada uno a un costo de $250 millones. También generan suspicacia varios contratos con miembros de la Rama Judicial. Más que su idoneidad, se debe justificar su pertinencia y la ausencia de conflictos de intereses. Por ejemplo, el de magistrados del Consejo de Estado que en su momento votaron para que el período del fiscal se ampliara a cuatro años, ahora contratados como asesores.

Citados por el Congreso, además, para justificar la petición de aumento presupuestal —el Ministerio de Hacienda anunció que el presupuesto de la justicia crece en 10 %, producto de las bonificaciones que reciben cerca de 30 mil empleados de la Rama, más los 26 mil de la Fiscalía—, ninguno de los magistrados involucrados ni el fiscal han hecho presencia.

La Fiscalía es el ente que se ha encargado de perseguir los peores casos de corrupción reciente en el país. Para seguir haciéndolo y tener validez frente a la ciudadanía, debe demostrar que no responde a las lógicas perversas de la contratación leonina y que su funcionamiento no sigue lógicas políticas. Lo contrario sería un desastre para la institucionalidad colombiana y una traición a los fines que el ordenamiento jurídico le ha impuesto. El país espera respuestas claras y pronto, señor fiscal. No más evasivas ni frases de cajón.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Desde que el fiscal se posesionó en marzo de 2013 hasta ahora, en el ente de control se han hecho por lo menos 28 contratos directos para asesorías específicas, y sus montos y beneficiarios han causado justa intranquilidad en la opinión pública.

La Fiscalía ha sido una de las mayores beneficiadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos en términos económicos y de voluntad política para su reforma. Amparada en las facultades extraordinarias del presidente para la reestructuración del ente de control, la administración del fiscal Montealegre prometió mejorar y modernizar su funcionamiento para garantizar así el buen desempeño de sus funciones, que son esenciales para el país. En 2015, por ejemplo, la Fiscalía recibió casi la mitad del presupuesto que suman todas las entidades de la Rama Judicial.

Sin embargo, la ejecución presupuestal del ente de control ha sido insuficiente y parte del dinero ejecutado se destinó a fines bastante cuestionables. De acuerdo con las cifras de gestión de la Presidencia, de $163.464 millones asignados para la Fiscalía, sólo han ejecutado el 16,9 %, es decir, sólo han usado $27.625 millones. Dentro de esa cifra se encuentran los cerca de $10.000 millones invertidos en asesorías con propósitos y beneficios, cuando menos, difusos.

La firma de Natalia Springer —o mejor, Lizarazo—, como lo ha documentado El Espectador desde hace meses, ha recibido el 40% de esos recursos y aún no sabemos con claridad la justificación de esta astronómica inversión. Dice el fiscal que el trabajo que se adelanta es revolucionario y un aporte único para la Fiscalía, pero que no puede dar información porque es un asunto de seguridad nacional. Esa posición no puede defenderse: exigimos respuestas concretas y convincentes sobre la inversión de esos recursos públicos y, sobre todo, una razón suficiente para el monto y el modo de contratación que se empleó en ese caso. Y si es que realmente son asuntos de seguridad nacional, ¿cuándo se decidió entregarla al manejo privado?

Pero ese no es el único contrato que preocupa. Ahora también sabemos que existen “embajadores de la Fiscalía” en Gran Bretaña, España, Alemania y Estados Unidos, cada uno a un costo de $250 millones. También generan suspicacia varios contratos con miembros de la Rama Judicial. Más que su idoneidad, se debe justificar su pertinencia y la ausencia de conflictos de intereses. Por ejemplo, el de magistrados del Consejo de Estado que en su momento votaron para que el período del fiscal se ampliara a cuatro años, ahora contratados como asesores.

Citados por el Congreso, además, para justificar la petición de aumento presupuestal —el Ministerio de Hacienda anunció que el presupuesto de la justicia crece en 10 %, producto de las bonificaciones que reciben cerca de 30 mil empleados de la Rama, más los 26 mil de la Fiscalía—, ninguno de los magistrados involucrados ni el fiscal han hecho presencia.

La Fiscalía es el ente que se ha encargado de perseguir los peores casos de corrupción reciente en el país. Para seguir haciéndolo y tener validez frente a la ciudadanía, debe demostrar que no responde a las lógicas perversas de la contratación leonina y que su funcionamiento no sigue lógicas políticas. Lo contrario sería un desastre para la institucionalidad colombiana y una traición a los fines que el ordenamiento jurídico le ha impuesto. El país espera respuestas claras y pronto, señor fiscal. No más evasivas ni frases de cajón.

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