El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, debe comprender que su rol de funcionario público le exige respetar la libertad de prensa, especialmente aquella que no le gusta. En menos de una semana se dieron a conocer dos situaciones preocupantes, que muestran el coqueteo del mandatario con el autoritarismo y la censura. De un lado, Pascual Gaviria, periodista y columnista de El Espectador, fue denunciado por el alcalde Quintero por injuria y calumnia. De otro, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que asocia a 500 medios de comunicación del continente, hizo un comunicado de vehemente rechazo a los constantes ataques desde La Alpujarra al periódico El Colombiano. Es una lástima que los líderes políticos adopten el desprestigio y la estigmatización como herramienta de ataque a quienes los vigilan.
En su columna para El Espectador, Pascual Gaviria explicó lo ocurrido: “La semana pasada llegó a mi correo electrónico una citación, de la fiscal 112 local de Medellín, a una audiencia de conciliación en el marco de una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia. El denunciante es el alcalde, Daniel Quintero Calle, quien cree que merezco una pena de prisión entre 16 y 72 meses, por un trino que publiqué en julio pasado y que dice, palabras más palabras menos, que el alcalde de Medellín es el farsante más grande que ha pasado por la ciudad y, además de eso, corrupto”.
Dirá el mandatario que solo está defendiendo su derecho al buen nombre y que en el Código Penal hay reglas claras para la libertad de expresión. Pero olvida que al instaurar una acción penal no lo hace como un simple ciudadano, sino como el representante del poder político de una ciudad. Es el Estado local presionando a un periodista por una opinión, diciéndole que no puede criticar al mandatario y enviándoles un mensaje a todos sus otros posibles contradictores: cuidado con las palabras que utilizan, porque la cárcel es una amenaza.
Los funcionarios públicos deben tener un grado de tolerancia a la crítica superior al de un ciudadano. El alcalde Quintero lo sabe, pero también sabe que solo con interponer la denuncia está ayudando a mancillar la estatura moral de uno de los periodistas que han cuestionado su gestión. Esa es su actitud con la prensa crítica.
Desde que llegó al poder, Quintero ha entablado una estrategia de estigmatización a El Colombiano, medio que lo ha investigado y denunciado en varias ocasiones. Por eso la SIP dijo que “el alcalde Quintero y miembros de su gabinete, en respuesta al periodismo de investigación de El Colombiano, han arreciado sus ataques contra el diario utilizando las redes sociales”, y agregó que en Twitter la Alcaldía de Medellín creó una “campaña de descrédito orquestada desde las cuentas oficiales de miembros del gabinete, con ataques directos al medio de comunicación, en evidente menoscabo del buen nombre, la credibilidad y el trabajo del diario”.
Dirá el mandatario, de nuevo, que solo está defendiéndose. Pero la estrategia adoptada por sus funcionarios y él mismo es una de deslegitimación total: su interés, al estilo trumpiano, es que nada de lo que haga la prensa sea tomado en serio. En una democracia, un alcalde no debería adoptar esas actitudes si pretende ser defensor de las libertades que establece la Constitución. Esperamos un comportamiento mejor de parte de los líderes políticos del país.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, debe comprender que su rol de funcionario público le exige respetar la libertad de prensa, especialmente aquella que no le gusta. En menos de una semana se dieron a conocer dos situaciones preocupantes, que muestran el coqueteo del mandatario con el autoritarismo y la censura. De un lado, Pascual Gaviria, periodista y columnista de El Espectador, fue denunciado por el alcalde Quintero por injuria y calumnia. De otro, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que asocia a 500 medios de comunicación del continente, hizo un comunicado de vehemente rechazo a los constantes ataques desde La Alpujarra al periódico El Colombiano. Es una lástima que los líderes políticos adopten el desprestigio y la estigmatización como herramienta de ataque a quienes los vigilan.
En su columna para El Espectador, Pascual Gaviria explicó lo ocurrido: “La semana pasada llegó a mi correo electrónico una citación, de la fiscal 112 local de Medellín, a una audiencia de conciliación en el marco de una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia. El denunciante es el alcalde, Daniel Quintero Calle, quien cree que merezco una pena de prisión entre 16 y 72 meses, por un trino que publiqué en julio pasado y que dice, palabras más palabras menos, que el alcalde de Medellín es el farsante más grande que ha pasado por la ciudad y, además de eso, corrupto”.
Dirá el mandatario que solo está defendiendo su derecho al buen nombre y que en el Código Penal hay reglas claras para la libertad de expresión. Pero olvida que al instaurar una acción penal no lo hace como un simple ciudadano, sino como el representante del poder político de una ciudad. Es el Estado local presionando a un periodista por una opinión, diciéndole que no puede criticar al mandatario y enviándoles un mensaje a todos sus otros posibles contradictores: cuidado con las palabras que utilizan, porque la cárcel es una amenaza.
Los funcionarios públicos deben tener un grado de tolerancia a la crítica superior al de un ciudadano. El alcalde Quintero lo sabe, pero también sabe que solo con interponer la denuncia está ayudando a mancillar la estatura moral de uno de los periodistas que han cuestionado su gestión. Esa es su actitud con la prensa crítica.
Desde que llegó al poder, Quintero ha entablado una estrategia de estigmatización a El Colombiano, medio que lo ha investigado y denunciado en varias ocasiones. Por eso la SIP dijo que “el alcalde Quintero y miembros de su gabinete, en respuesta al periodismo de investigación de El Colombiano, han arreciado sus ataques contra el diario utilizando las redes sociales”, y agregó que en Twitter la Alcaldía de Medellín creó una “campaña de descrédito orquestada desde las cuentas oficiales de miembros del gabinete, con ataques directos al medio de comunicación, en evidente menoscabo del buen nombre, la credibilidad y el trabajo del diario”.
Dirá el mandatario, de nuevo, que solo está defendiéndose. Pero la estrategia adoptada por sus funcionarios y él mismo es una de deslegitimación total: su interés, al estilo trumpiano, es que nada de lo que haga la prensa sea tomado en serio. En una democracia, un alcalde no debería adoptar esas actitudes si pretende ser defensor de las libertades que establece la Constitución. Esperamos un comportamiento mejor de parte de los líderes políticos del país.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.