Los conflictos de intereses del ministro de Transporte
Guillermo Reyes, ministro de Transporte, no ha explicado de manera suficiente su relación con Pedro Contecha, contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías). Las sospechas comenzaron hace una semana, cuando La Silla Vacía (LSV) publicó una investigación donde el funcionario aceptó haber viajado por lo menos siete veces en el avión privado del contratista, haciéndolo bajo una supuesta “buena fe”. En aquella investigación, LSV contó cómo la firma de Contecha, Ingeniería de Vías, tenía contratos por $60.000 millones con el Invías sobre los cuales hay denuncias de mala ejecución. Además, ayer el Reporte Coronell de W Radio agregó que un consorcio vinculado al contratista recibió otros $17.000 millones para hacerle mantenimiento a la Ruta del Sol. ¿Se siente cómodo el presidente de la República, Gustavo Petro, con que uno de sus ministros tenga cercanía tan pública con un contratista del Estado?
Para defenderse, Reyes dijo: “[Contecha] ha sido un hombre generoso conmigo”. También aceptó el uso del avión privado para ahorrarles costos a los colombianos y porque, en sus palabras: “Si me quedo todo el día esperando los vuelos comerciales a ciertos sitios pierdo mucho tiempo. Incluso se han ahorrado recursos públicos”. También argumentó que el contratista no tiene relación con el Ministerio de Transporte sino con el Invías, por lo que no hay conflicto de intereses. Eso último es, cuando menos, una visión acomodada de la realidad.
El Decreto 1292 de 2021, en su artículo 5, dice que el Consejo Directivo del Invías estará presidido por el ministro de Transporte o su delegado. Es decir: Contecha no tiene contratos con el Ministerio, pero sí con una entidad que el ministro preside. ¿Acaso no es problemático, entonces, recibir favores suyos? ¿No envía eso un mensaje de favorecimiento a los funcionarios que toman las decisiones? La situación empeora cuando W Radio cuenta que la directora jurídica del Invías, Sandra Cuenca Leguízamo, fue directora jurídica de Latinco, una entidad favorecida con un contrato por $65.000 millones. Latinco también se ganó en el Invías un contrato con la empresa de Contecha.
Entonces, tenemos a un ministro de Transporte que viaja en avión privado para cumplir sus funciones públicas y lo hace bajo la amistad de una persona con multimillonarios contratos con el Estado. Adicionalmente, el ministro es parte del Consejo Directivo de la entidad estatal que otorgó esos contratos multimillonarios y que tiene en su nómina a personas con empresas cercanas al contratista. ¿Cómo no es esto un escándalo gigante de conflicto de intereses?
De por sí, el ministro Reyes ha tenido una cercanía extraña con las empresas del sector bajo su cargo. Pese a que eventualmente terminaría denunciando penalmente a Ultra Air, esa aerolínea pidió hace poco que se revise el celular del funcionario por promesas que habría hecho en comunicaciones privadas. Tantas preguntas despiertan suspicacias y afectan la legitimidad de una cartera fundamental para el Gobierno de Gustavo Petro.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Guillermo Reyes, ministro de Transporte, no ha explicado de manera suficiente su relación con Pedro Contecha, contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías). Las sospechas comenzaron hace una semana, cuando La Silla Vacía (LSV) publicó una investigación donde el funcionario aceptó haber viajado por lo menos siete veces en el avión privado del contratista, haciéndolo bajo una supuesta “buena fe”. En aquella investigación, LSV contó cómo la firma de Contecha, Ingeniería de Vías, tenía contratos por $60.000 millones con el Invías sobre los cuales hay denuncias de mala ejecución. Además, ayer el Reporte Coronell de W Radio agregó que un consorcio vinculado al contratista recibió otros $17.000 millones para hacerle mantenimiento a la Ruta del Sol. ¿Se siente cómodo el presidente de la República, Gustavo Petro, con que uno de sus ministros tenga cercanía tan pública con un contratista del Estado?
Para defenderse, Reyes dijo: “[Contecha] ha sido un hombre generoso conmigo”. También aceptó el uso del avión privado para ahorrarles costos a los colombianos y porque, en sus palabras: “Si me quedo todo el día esperando los vuelos comerciales a ciertos sitios pierdo mucho tiempo. Incluso se han ahorrado recursos públicos”. También argumentó que el contratista no tiene relación con el Ministerio de Transporte sino con el Invías, por lo que no hay conflicto de intereses. Eso último es, cuando menos, una visión acomodada de la realidad.
El Decreto 1292 de 2021, en su artículo 5, dice que el Consejo Directivo del Invías estará presidido por el ministro de Transporte o su delegado. Es decir: Contecha no tiene contratos con el Ministerio, pero sí con una entidad que el ministro preside. ¿Acaso no es problemático, entonces, recibir favores suyos? ¿No envía eso un mensaje de favorecimiento a los funcionarios que toman las decisiones? La situación empeora cuando W Radio cuenta que la directora jurídica del Invías, Sandra Cuenca Leguízamo, fue directora jurídica de Latinco, una entidad favorecida con un contrato por $65.000 millones. Latinco también se ganó en el Invías un contrato con la empresa de Contecha.
Entonces, tenemos a un ministro de Transporte que viaja en avión privado para cumplir sus funciones públicas y lo hace bajo la amistad de una persona con multimillonarios contratos con el Estado. Adicionalmente, el ministro es parte del Consejo Directivo de la entidad estatal que otorgó esos contratos multimillonarios y que tiene en su nómina a personas con empresas cercanas al contratista. ¿Cómo no es esto un escándalo gigante de conflicto de intereses?
De por sí, el ministro Reyes ha tenido una cercanía extraña con las empresas del sector bajo su cargo. Pese a que eventualmente terminaría denunciando penalmente a Ultra Air, esa aerolínea pidió hace poco que se revise el celular del funcionario por promesas que habría hecho en comunicaciones privadas. Tantas preguntas despiertan suspicacias y afectan la legitimidad de una cartera fundamental para el Gobierno de Gustavo Petro.
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