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De poco ha servido el cambio de diagnóstico sobre la guerra contra las drogas en la Casa de Nariño. El país sigue inundado en cultivos de hoja de coca. La reciente intervención militar en El Plateado, Cauca, dejó en evidencia la fuerte capacidad de los grupos criminales para ofrecer resistencia, financiados con el narcotráfico. Ahora el presidente de la República, sin mucho detalle, propone comprar las cosechas de coca. El problema no es que sea una mala idea, que no necesariamente lo es, sino que se siente como un globo más en medio de una estrategia deficiente. La seguridad se ha deteriorado, la ausencia estatal se sigue sintiendo entre las comunidades cocaleras y no hay un plan alternativo que se vea realizable.
La declaración del presidente Gustavo Petro sobre comprar las cosechas de coca dejó entrever un aspecto que apunta al fracaso de su estrategia. “Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca”, dijo, y agregó: “Al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita”. Queremos hacer énfasis en el “mientras aparece la economía lícita”. Ese es el diagnóstico correcto. Por supuesto que el problema económico que subyace a la proliferación de los cultivos es que las comunidades no tienen alternativas. Pero, a pesar del discurso y del diagnóstico, ¿dónde está esa economía lícita? El Gobierno la ha prometido, con pocos resultados por mostrar. La tardía entrada en El Plateado lo mostró: estamos llegando muy tarde y sin mucha eficacia a enfrentar una desigualdad histórica.
El problema es que los cultivos siguen creciendo. El informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Naciones Unidas, es vergonzoso para Colombia. La producción potencial de cocaína subió en un 53 % entre 2022 y 2023, lo que representa unas 2.664 toneladas de droga producida en nuestro país. La coca creció en 16 de los 19 departamentos donde hay registros de su cultivo. Las 253.000 hectáreas sembradas son un récord histórico. La fuerte presencia en Norte de Santander y la frontera con Venezuela muestra que a la administración Petro le sale muy mal la pasividad frente al fraude en el vecino país: es evidente la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro con los grupos al margen de la ley y el negocio del narcotráfico.
Hace unas semanas El Espectador entrevistó al director de la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) de la embajada estadounidense en Colombia, Kevin Murakami. El funcionario afirmó que “no tenemos mejores aliados en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen internacional que Colombia”, y resaltó el incremento en la interdicción. Sí, es verdad que estamos incautando más toneladas de cocaína, pero también lo es que la producción está en aumento. Por pura matemática, vamos perdiendo. Murakami lo dijo: “Hay cifras récord en los cultivos de coca, y eso sí preocupa mucho en Washington”.
En Colombia también preocupa, pero no lo suficiente. Con el riesgo de que el próximo gobierno vuelva a la persecución violenta sin reflexiones, a pesar de que esa vía seguida por años ha demostrado ser también inefectiva por sí sola. Si no hay resultados, las poblaciones seguirán sufriendo, los grupos armados seguirán teniendo fuerza y nos reduciremos a contar, año tras año, más cultivos de hoja de coca.
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