Los derechos de Sergio Urrego

Un caso que, por demás, ya es famoso en el país: Sergio Urrego es el joven que, frente a una presunta discriminación bastante agresiva por parte del colegio Gimnasio Castillo Campestre, se suicidó tirándose de la terraza del Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá. No dio más. Algunos derechos que la familia de él creían resarcidos por obra y gracia de una sentencia, volvieron a ser una aspiración por cuenta de otra: el buen nombre, la dignidad, la intimidad, la honra familiar. Nada menos. Ellos querían más en términos de reparación: la segunda instancia les cerró el paso. Muy rápidamente, por demás.

Hay que ver lo cuestionable de la decisión del Consejo de Estado. Por todos lados lo es. La razón principal que invoca como motivación de la sentencia es que los muertos no tienen derechos: hay sustracción de materia, así se trate la materia de un ser humano que atentó contra su propia vida. Los magistrados Gustavo Gómez, Alfonso Vargas y Luis Rafael Vergara acogieron la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación en este sentido y dijeron que no ampararían los derechos invocados por Alba Reyes, la madre del fallecido Urrego. No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas.

Volvamos al fallo, sin embargo, que es el escenario desde donde se puede promover un debate más provechoso. Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida.

Por otra parte, no sobra recordar el elemento preventivo de la tutela: apuntarle a que no existan otros casos similares. ¿Cuántos más como Urrego habrá en colegios y escuelas colombianas? ¿Cuántos otros serán rechazados por haber elegido una opción sexual válida? El precedente tenía un mensaje adicional, como lo tienen todos los casos emblemáticos: eso de que los colegios replantearan sus políticas frente al trato de los alumnos; eso de que quedara escrito en piedra que un manual de convivencia, por más ideología que defienda, no pueda discriminar a nadie.

La disputa por los derechos de Sergio Urrego podría estar en manos de la Corte Constitucional: la familia, en conjunto con la ONG Colombia Diversa, pedirá la revisión ante esta entidad. ¿Seguirá la Corte los claros lineamientos que tiene frente a su propia jurisprudencia y al bloque constitucional de los tratados internacionales? ¿Por dónde le meterá el diente al caso? Habrá que ver.

Pero desde esta casa editorial manifestamos un rechazo cerrado contra este último episodio. El buen nombre de Sergio Urrego está en juego.

Un caso que, por demás, ya es famoso en el país: Sergio Urrego es el joven que, frente a una presunta discriminación bastante agresiva por parte del colegio Gimnasio Castillo Campestre, se suicidó tirándose de la terraza del Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá. No dio más. Algunos derechos que la familia de él creían resarcidos por obra y gracia de una sentencia, volvieron a ser una aspiración por cuenta de otra: el buen nombre, la dignidad, la intimidad, la honra familiar. Nada menos. Ellos querían más en términos de reparación: la segunda instancia les cerró el paso. Muy rápidamente, por demás.

Hay que ver lo cuestionable de la decisión del Consejo de Estado. Por todos lados lo es. La razón principal que invoca como motivación de la sentencia es que los muertos no tienen derechos: hay sustracción de materia, así se trate la materia de un ser humano que atentó contra su propia vida. Los magistrados Gustavo Gómez, Alfonso Vargas y Luis Rafael Vergara acogieron la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación en este sentido y dijeron que no ampararían los derechos invocados por Alba Reyes, la madre del fallecido Urrego. No podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas.

Volvamos al fallo, sin embargo, que es el escenario desde donde se puede promover un debate más provechoso. Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida.

Por otra parte, no sobra recordar el elemento preventivo de la tutela: apuntarle a que no existan otros casos similares. ¿Cuántos más como Urrego habrá en colegios y escuelas colombianas? ¿Cuántos otros serán rechazados por haber elegido una opción sexual válida? El precedente tenía un mensaje adicional, como lo tienen todos los casos emblemáticos: eso de que los colegios replantearan sus políticas frente al trato de los alumnos; eso de que quedara escrito en piedra que un manual de convivencia, por más ideología que defienda, no pueda discriminar a nadie.

La disputa por los derechos de Sergio Urrego podría estar en manos de la Corte Constitucional: la familia, en conjunto con la ONG Colombia Diversa, pedirá la revisión ante esta entidad. ¿Seguirá la Corte los claros lineamientos que tiene frente a su propia jurisprudencia y al bloque constitucional de los tratados internacionales? ¿Por dónde le meterá el diente al caso? Habrá que ver.

Pero desde esta casa editorial manifestamos un rechazo cerrado contra este último episodio. El buen nombre de Sergio Urrego está en juego.