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Mientras la situación en Venezuela no muestre señales de mejoría, Colombia debe redoblar sus esfuerzos para amparar y asimilar a los migrantes provenientes de ese país. Darles la espalda no es una opción, y el empeño por acogerlos en condiciones dignas debe tener un enfoque humano por encima de cualquier otra consideración.
Hasta ahora el país ha dado pasos importantes en la dirección correcta, como permitir que los niños venezolanos se integren al sistema de colegios públicos o las recientes decisiones de la Corte Constitucional para garantizar el acceso a atención médica y el derecho a la salud de los migrantes y de sus hijos. Aun así, queda mucho por hacer.
Colombia es el primer receptor de migrantes venezolanos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), acoge alrededor de 1,3 millones. Además, existen más de 20.000 recién nacidos en territorio colombiano, hijos de venezolanos migrantes, que no pueden adquirir la nacionalidad colombiana y se encuentran en estado de desprotección pues corren el riesgo de ser apátridas.
Por eso celebramos la determinación del Gobierno, junto con el ICBF, la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras entidades del Estado, para que estos niños puedan adquirir la nacionalidad por adopción. Esta no solo es la decisión correcta, sino que lo excepcional de la situación lo amerita. El Gobierno y el Estado colombianos han dado un buen ejemplo al mundo sobre cómo enfrentar una crisis como esta.
Entendemos, por supuesto, que el proceso no es fácil y que el Estado deberá asumir los grandes costos que implica, pero como escribió Vivian Newman hace algunos meses en El Espectador, “aunque la migración tiene retos enormes, devuelve más de lo que recibe. (...) Es más ético, más sostenible y más barato regularizar la situación de los migrantes”.
Con todo, la discusión sobre la política migratoria del país no se puede circunscribir a lo económico. Es un tema que atañe primordialmente a los derechos humanos más fundamentales.
Los migrantes venezolanos, que ya de por sí se encuentran en una posición tremendamente vulnerable, se enfrentan todos los días con múltiples formas de violencia y discriminación, desde el desdén en la calle hasta las barreras institucionales que vulneran el acceso a sus derechos.
Se ha llegado incluso a hablar de controles de natalidad para las venezolanas, un concepto obsoleto y estigmatizante que viola el derecho de las personas a tomar decisiones libres con respecto a sus cuerpos y a su reproducción. Muchas mujeres venezolanas, de hecho, emigran porque están embarazadas y en su país enfrentan graves riesgos de mortalidad materna e infantil. Vienen a Colombia para salvar sus vidas y las de sus hijos.
Pareciéramos perder de vista muchas veces que la mayoría de los venezolanos que llegan a Colombia son migrantes forzados, que salen de su país huyendo de la pobreza y la violencia, y que los derechos humanos no están condicionados por la nacionalidad. Migrar a otro territorio no convierte a las personas en seres humanos de segunda categoría. Como escribió Silvia Ruiz, investigadora de Dejusticia: “Debemos admitir que el clamor por los derechos de los migrantes y refugiados nos incomoda porque tememos que el reconocimiento de estos se anteponga al de los derechos que nosotros llevamos toda la vida reclamando. Pero debemos reconocer que nuestros derechos y los de ellos son los mismos, y que debemos exigirlos para todos”.
La manera como tratemos a los refugiados y migrantes que llegan a nuestras fronteras dirá mucho de nuestra sociedad. ¿Estaremos a la altura de lo que se espera de nosotros?
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