Los están matando

Sólo esta semana van cuatro líderes sociales asesinados. Desde el 23 de junio, según datos del portal Pacifista, son 13 los líderes que han sido masacrados. Además se filtró el audio de una amenaza a una profesora en Bolívar a quien un paramilitar le decía que cogiera sus cosas y se fuera de la región. Como si fuera poco, los habitantes de Argelia, en el sur del Cauca, encontraron siete cadáveres en lo que, dicen las autoridades, fue un enfrentamiento entre bandas criminales. ¿Por qué sigue sangrando Colombia ante una extraña indolencia nacional?

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha reiterado su compromiso con la protección de todos los líderes sociales. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció que convocó “para el martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La (Fiscalía) tiene resultados importantes. Reitero mi instrucción de actuar con toda contundencia contra quienes atacan a líderes sociales. No bajaremos la guardia”.

Aunque en efecto se han visto los esfuerzos de las autoridades, el debate se ha centrado en la sistematicidad, o no, de lo ocurrido y en una protección precaria. Hace poco, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que no tarde más de 30 días hábiles en resolver solicitudes por parte de líderes sociales. Esto al fallar una tutela de alguien a quien protegieron apenas cuatro meses después de su solicitud, lo que puso su vida en un riesgo innecesario. El llamado adicional que hizo la Corte en esa sentencia es fundamental: “la respuesta del Estado colombiano para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos debe ir más allá de la protección brindada por la UNP”.

Mientras el actual Gobierno demuestra incapacidad de reacción, en el país están tomando fuerza discursos censurables, pidiendo desde las redes sociales que no lamentemos la muerte de los líderes sociales asesinados porque los asocian con la guerrilla. ¿Vamos a volver a cometer el error histórico de estigmatizar a quienes trabajan por darles voz a los marginados? Basta con ver la historia de cada víctima para encontrarse con personas comprometidas con la democracia y luchando, en ambientes claramente hostiles, por los derechos de sus comunidades.

Es muy diciente que cuando la izquierda colombiana por fin se sacudió del estigma de la guerra y empezó a convertirse en una alternativa electoral legítima, recrudezcan los intentos por silenciarla a la fuerza. Se trata de un problema que no debe ignorarse ni subestimarse. El gobierno del presidente electo, Iván Duque, tiene el enorme reto de encontrar soluciones efectivas para que no tengamos que seguir contando muertos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Sólo esta semana van cuatro líderes sociales asesinados. Desde el 23 de junio, según datos del portal Pacifista, son 13 los líderes que han sido masacrados. Además se filtró el audio de una amenaza a una profesora en Bolívar a quien un paramilitar le decía que cogiera sus cosas y se fuera de la región. Como si fuera poco, los habitantes de Argelia, en el sur del Cauca, encontraron siete cadáveres en lo que, dicen las autoridades, fue un enfrentamiento entre bandas criminales. ¿Por qué sigue sangrando Colombia ante una extraña indolencia nacional?

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha reiterado su compromiso con la protección de todos los líderes sociales. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció que convocó “para el martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La (Fiscalía) tiene resultados importantes. Reitero mi instrucción de actuar con toda contundencia contra quienes atacan a líderes sociales. No bajaremos la guardia”.

Aunque en efecto se han visto los esfuerzos de las autoridades, el debate se ha centrado en la sistematicidad, o no, de lo ocurrido y en una protección precaria. Hace poco, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que no tarde más de 30 días hábiles en resolver solicitudes por parte de líderes sociales. Esto al fallar una tutela de alguien a quien protegieron apenas cuatro meses después de su solicitud, lo que puso su vida en un riesgo innecesario. El llamado adicional que hizo la Corte en esa sentencia es fundamental: “la respuesta del Estado colombiano para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos debe ir más allá de la protección brindada por la UNP”.

Mientras el actual Gobierno demuestra incapacidad de reacción, en el país están tomando fuerza discursos censurables, pidiendo desde las redes sociales que no lamentemos la muerte de los líderes sociales asesinados porque los asocian con la guerrilla. ¿Vamos a volver a cometer el error histórico de estigmatizar a quienes trabajan por darles voz a los marginados? Basta con ver la historia de cada víctima para encontrarse con personas comprometidas con la democracia y luchando, en ambientes claramente hostiles, por los derechos de sus comunidades.

Es muy diciente que cuando la izquierda colombiana por fin se sacudió del estigma de la guerra y empezó a convertirse en una alternativa electoral legítima, recrudezcan los intentos por silenciarla a la fuerza. Se trata de un problema que no debe ignorarse ni subestimarse. El gobierno del presidente electo, Iván Duque, tiene el enorme reto de encontrar soluciones efectivas para que no tengamos que seguir contando muertos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.