Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La polémica misiva —de la que ciertamente hay que criticar el hecho de no exigir de parte de las Farc el repudio del secuestro como compromiso imprescindible para poder dar inicio a un acercamiento— fue rechazada de plano por el presidente Álvaro Uribe. Es más, lo que a todas luces era un gesto mayoritariamente bien intencionado y legítimo de la sociedad civil, fue convertido en “una nueva celada” aparentemente orquestada por el grupo guerrillero y una dirigente política, de la que no supimos su nombre pero que claramente refería a la senadora liberal Piedad Córdoba. “Por anticipado lo decimos: no lo aceptamos”, fue la lacónica frase con que se le puso fin al intercambio epistolar.
Varios son los actores no estatales que con anterioridad han participado en el intento de elaborar un proyecto de acuerdo humanitario, y numerosos también los fracasos y las metidas de pata de emisarios que, como el mandatario venezolano, Hugo Chávez, le dieron un inconveniente protagonismo internacional a las Farc, o como la misma senadora liberal que ha llevado sus declaraciones hasta extremos que limitan con la insensatez. Razones que explican la radicalización del discurso gubernamental, pero no la justifican.
Ahora, como lo expresó el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista dominical con este diario, se llegó al extremo de exigir el monopolio de las conversaciones sobre paz. Esta postura del Gobierno es excluyente y mueve a pensar que el único camino que les queda a los cerca de 800 secuestrados, según cifras de Fundación Libre, es el de esperar a ser rescatados por la Fuerza Pública. Y operaciones Jaque, sobra decirlo, no se producen todos los días. Cierto es que no se debe caer en la ingenuidad del discurso humanitario cuando tantas muestras han dado las Farc de utilizarlo a su favor como arma de guerra, pero cerrar las puertas a los esfuerzos independientes por pura arrogancia política es un acto de insensibilidad con el drama de los secuestrados.
A la vez, como ya muchos lo han señalado, la propuesta de otorgarle libertad y recompensa a todo el que entregue a una persona secuestrada, aun si ha incurrido en delitos de lesa humanidad, carece de piso jurídico y promueve la peligrosa idea de que el delito paga. Pero además, si se le apoda acuerdo humanitario, como se está haciendo con bastante ligereza, se le abre paso al indecoroso mundo de los eufemismos.
Sostiene también Restrepo que se sigue trabajando en la “localización humanitaria” a partir de la “sana presión” sobre la guerrilla en lugares en los que suponen están los secuestrados. Reitera que el acuerdo humanitario consiste en que, a cambio de la libertad, el guerrillero entrega un secuestrado y remata, algo ya insólito, con que en realidad estamos en el marco de un “proceso de paz en marcha” en razón a que diariamente se desmovilizan diez miembros o más de las Farc. En este deliberado uso de eufemismos, lo que el Comisionado llama acuerdo humanitario no es más que una política de erosionamiento de individuos en clave de guerra.
Una guerra que estamos por fin ganando y ojalá ganemos definitivamente. Pero como todos sabemos que el final no es un asunto meramente militar, avanzaríamos más seguros si no se disfraza la realidad de la guerra con eufemismos de paz. Y, sobre todo, si no se descalifica a quienes están interesados y dispuestos a trabajar por un verdadero acuerdo humanitario.