El ataque sin precedentes de militantes del grupo terrorista Hamás, que tomó por sorpresa a los israelíes, se ha saldado hasta ahora con más de 700 muertos de lado y lado y cientos de heridos. El hecho de que entre las víctimas haya civiles israelíes, un número incierto de los cuales fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza como rehenes, debe ser condenado de manera enérgica. Es una violación inaceptable a las normas del derecho internacional. La misma lógica, sin dobleces, se debe aplicar a la respuesta de Israel contra Hamás, pues la vida de los civiles debe ser respetada por encima de cualquier consideración.
Este nuevo hecho de violencia exige, una vez más, un urgente llamado al cese de las hostilidades y a encontrar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes: la creación de un Estado palestino y las garantías necesarias para la seguridad de Israel. El simplismo de algunos de los defensores de cada bando, frente a una realidad tan compleja, no hace sino abonar el camino a la confrontación, como se está viendo ahora. Para la muestra están las ligeras intervenciones del presidente Gustavo Petro, que llevaron a que la Confederación de Comunidades Judías de Colombia dijese que los mensajes del mandatario “parecieran estar justificando el accionar de Hamás, sus crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Hamás, grupo fundamentalista que recibe financiamiento y armas de Irán, representa los intereses de este país islámico en la zona.
El coordinado ataque por tierra, mar y aire, mediante misiles contra varias ciudades de Israel, está directamente relacionado con la respuesta de Teherán a las conversaciones entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita para establecer relaciones diplomáticas. Los tres países tienen al régimen iraní como enemigo común y los diálogos están muy avanzados. Este sería un paso adicional a los Acuerdos de Abraham, de 2020, bajo la administración de Donald Trump, que llevaron a la normalización de las relaciones de Jerusalén con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos. En estos arreglos estratégicos, el legítimo derecho del pueblo palestino a tener un Estado definido de acuerdo con las resoluciones de la ONU ha sido vulnerado. Israel mantiene, a través del gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, una política de ocupación de territorios palestinos por colonos israelíes.
Cada paso dado por los principales actores de este conflicto parece destinado a agravar más las cosas. La respuesta de los fundamentalistas de Hamás ante la incapacidad de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania, de hacer valer sus esquilmados derechos es llevar a cabo ataques terroristas desde Gaza, que en esta ocasión han escalado a un enfrentamiento inédito. Así, la posición más radical del lado palestino es la única que, según sus habitantes, logra poner en jaque a sus ocupantes.
La respuesta de Israel, bajo el radical primer ministro Netanyahu, quien anunció que el país está en guerra y la va a ganar, es tomar represalias de inmediato mientras viene una nueva invasión de Gaza para destruir a Hamás. Eso ya se intentó infructuosamente. La muerte de cientos de palestinos, la mayoría civiles inocentes, será el caldo de cultivo para continuar con una lucha estéril. Por una dolorosa paradoja, cada paso dado por los extremistas de lado y lado no hace sino acrecentar los odios ancestrales y alejar cualquier posibilidad de solución negociada. Mientras tanto, los muchos intereses geopolíticos involucrados son un mayor aliciente para la confrontación.
Si la solución del problema queda, de un lado, en manos de los terroristas de Hamás, que no reconocen la existencia de Israel y buscan su destrucción, y, del otro lado, en manos de un gobierno israelí de ultraderecha, algunos de cuyos ministros niegan la existencia de un Estado palestino, difícilmente habrá paz en esta compleja región del mundo.
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