Los hijos de los presidentes

La historia de los hijos de los presidentes colombianos y sus familiares no ha estado exenta de escándalos, todos saldados al final en lo jurídico en favor de los mandatarios. A la par de esos casos, también ha habido otros ejemplarizantes, como la declaración de Alberto Lleras Camargo en el sentido de que bajo su gobierno cualquier funcionario que realizara negocios con sus familiares sería destituido, o la decisión íntima de algunos otros, más proclives a la prudencia y la discreción, que han optado por alejar a sus hijos del país. Y no necesariamente por ser menores de edad o no interesarles el mundo de los negocios.

Cualquiera sea la modalidad adoptada, lo cierto es que no puede existir sombra alguna de duda en torno de las actividades de ningún hijo de Presidente.

Los hijos de Álvaro Uribe son emprendedores y tienen derechos, como cualquier otro colombiano. No es pecado alguno que se enriquezcan en actividades legales. Pero no es conveniente, por decir lo menos, que se desempeñen como empresarios en actividades que tienen relación directa o que dependen de decisiones del Estado. Porque resulta que ellos no son ciudadanos como cualesquiera otros. Son los hijos del Presidente de la República y eso obliga a ciertos sacrificios.

¿Cuántos jóvenes emprendedores colombianos no desearían disponer del poder, la información y las facilidades de acceso de los que gozan los hijos del Presidente? La revelación, en medio del escándalo, de una fotografía de una reunión oficial en la que el Gobernador de Cundinamarca, el Alcalde de Mosquera y el Ministro de Transporte departen con un invitado inusual, el hijo del presidente de la República Tomás Uribe, es muestra palpable del tipo de relación privilegiada que tienen estos emprendedores frente a la que tendría uno cualquiera. Así Tomás Uribe no “emitiera opinión alguna”, y así ciertamente sea demasiada suspicacia considerar que por ser dueño con su hermano de un terreno allí es que se proyectan obras largamente esperadas como la doble calzada a Facatativá o incluso el tren de cercanías, es evidente que el Ministro del Transporte —que nos debería dar sus justificaciones para semejante torpeza— lo invitó por ser quien es y porque sabía de sus intereses comerciales en la zona.

No porque una conducta sea legal, sus implicaciones, en el mundo de la ética, puedan pasarse por alto. Además de ser honesta, siempre se ha dicho, una persona debe parecerlo. Y en esta ocasión, pese a las explicaciones dadas por los hijos del Presidente y aun cuando la investigación del columnista tenga algunos vacíos fácticos, el dilema ético del favoritismo inevitable hacia ellos —como lo demuestra sin más la invitación del Ministro— mueve a pensar que estos emprendedores, mientras su padre sea Presidente de la República, deberían evitar al máximo hacer negocios que para su completo desarrollo involucren decisiones estatales.

La historia de los hijos de los presidentes colombianos y sus familiares no ha estado exenta de escándalos, todos saldados al final en lo jurídico en favor de los mandatarios. A la par de esos casos, también ha habido otros ejemplarizantes, como la declaración de Alberto Lleras Camargo en el sentido de que bajo su gobierno cualquier funcionario que realizara negocios con sus familiares sería destituido, o la decisión íntima de algunos otros, más proclives a la prudencia y la discreción, que han optado por alejar a sus hijos del país. Y no necesariamente por ser menores de edad o no interesarles el mundo de los negocios.

Cualquiera sea la modalidad adoptada, lo cierto es que no puede existir sombra alguna de duda en torno de las actividades de ningún hijo de Presidente.

Los hijos de Álvaro Uribe son emprendedores y tienen derechos, como cualquier otro colombiano. No es pecado alguno que se enriquezcan en actividades legales. Pero no es conveniente, por decir lo menos, que se desempeñen como empresarios en actividades que tienen relación directa o que dependen de decisiones del Estado. Porque resulta que ellos no son ciudadanos como cualesquiera otros. Son los hijos del Presidente de la República y eso obliga a ciertos sacrificios.

¿Cuántos jóvenes emprendedores colombianos no desearían disponer del poder, la información y las facilidades de acceso de los que gozan los hijos del Presidente? La revelación, en medio del escándalo, de una fotografía de una reunión oficial en la que el Gobernador de Cundinamarca, el Alcalde de Mosquera y el Ministro de Transporte departen con un invitado inusual, el hijo del presidente de la República Tomás Uribe, es muestra palpable del tipo de relación privilegiada que tienen estos emprendedores frente a la que tendría uno cualquiera. Así Tomás Uribe no “emitiera opinión alguna”, y así ciertamente sea demasiada suspicacia considerar que por ser dueño con su hermano de un terreno allí es que se proyectan obras largamente esperadas como la doble calzada a Facatativá o incluso el tren de cercanías, es evidente que el Ministro del Transporte —que nos debería dar sus justificaciones para semejante torpeza— lo invitó por ser quien es y porque sabía de sus intereses comerciales en la zona.

No porque una conducta sea legal, sus implicaciones, en el mundo de la ética, puedan pasarse por alto. Además de ser honesta, siempre se ha dicho, una persona debe parecerlo. Y en esta ocasión, pese a las explicaciones dadas por los hijos del Presidente y aun cuando la investigación del columnista tenga algunos vacíos fácticos, el dilema ético del favoritismo inevitable hacia ellos —como lo demuestra sin más la invitación del Ministro— mueve a pensar que estos emprendedores, mientras su padre sea Presidente de la República, deberían evitar al máximo hacer negocios que para su completo desarrollo involucren decisiones estatales.